RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO EN EL EJERCICIO 2017

Derivada del aumento de la actividad de su Sección de Enjuiciamiento con respecto a 2016

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RECUPERA MÁS DE 9,3 MILLONES DE EUROS PARA EL TESORO PÚBLICO Y LEVANTA ACTAS DE LIQUIDACIÓN POR VALOR DE 8,2 MILLONES DE EUROS EN 2017

• Durante el pasado ejercicio, la jurisdicción contable de la Institución realizó condenas por responsabilidad contable por un importe de más de  9,3 de millones de euros.
• La Unidad de Actuaciones Previas de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal ha levantado actas de liquidación provisional por valor de 8,2 millones de euros -de estos, 7,4 millones correspondieron al importe principal y 0,8 millones a intereses legales-. Esta cifra supone un incremento del 24,24% respecto a 2016.
• Tras detectar indicios de presuntas responsabilidades contables, la Sección de Enjuiciamiento tramitó durante el pasado ejercicio, un total de 147 actuaciones previas, 201 diligencias preliminares y 16 acciones públicas.
• Durante el ejercicio 2017, los asuntos pendientes de la Sección de Enjuiciamiento disminuyeron, frente al año anterior, un 21,61%.

 Madrid, 4 de abril de 2018.- La actividad realizada en 2017 por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dado lugar al levantamiento de Actas de Liquidación por un total de 8,2 millones de euros, de los que 7,4 corresponden al principal y 0,8 a intereses legales. Estas cantidades que, son el resultado de las Actas de Liquidación positivas de las actuaciones previas a la exigencia de responsabilidad contable, superan en un 24,24% a las registradas en 2016.

La jurisdicción contable realizó, así mismo, condenas por responsabilidad contable por más de  9,3 millones de euros que se reintegrarán en el Erario Público. De la citada cantidad: 5.500.000 corresponden a sentencias en primera instancia, 3.500.00 en segunda instancia, y 342.000 euros en los procedimientos de única instancia.

Por otra parte, y frente a los datos de 2016, durante el pasado año el número de asuntos pendientes disminuyó en un 21,61%.

Junto con la de Fiscalización, el Tribunal de Cuentas ejerce una función de Enjuiciamiento contable -de naturaleza jurisdiccional-. Con esta actividad, la Institución tiene la potestad de poder exigir responsabilidad económica a aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos, cuando de su labor se hayan podido derivar daños sobre este patrimonio público. Esta función, que es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, también es ejercida por la Institución sobre aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que reciban subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público. Por otra parte, esta actividad de enjuiciamiento contable es compatible con la que, sobre estos mismos hechos, pueda llevar a cabo la jurisdicción penal.

Tras la detección de indicios de presuntas responsabilidades contables, durante 2017 la Sección de Enjuiciamiento de la Institución tramitó un total de 201 diligencias preliminares. De estas, 47 procedían de Informes de Fiscalización tramitados por el Tribunal de Cuentas,  87 de Informes de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas y las 67 restantes fueron promovidas por otras Instituciones públicas o denuncias de origen diverso

En cuanto a las 147 actuaciones previas tramitadas durante 2017, desglosadas por sectores y ámbito territorial, cabe señalar que: 18 de los procedimientos han correspondido al sector público estatal, incluyendo la Seguridad Social; 48 al sector público autonómico y 81 al sector público local.

Como consecuencia de las  actuaciones previas que fueron resueltas durante el pasado ejercicio, la Sección de Enjuiciamiento ha iniciado 218 procedimientos de responsabilidad contable.

En cuanto a la actividad de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas [1]  cabe señalar que tramitó un total de 58 recursos -incluyendo los de apelación y otros varios-, y resolvió 55; de estos 36 fueron sentencias y 19 autos. Entre las sentencias más relevantes de las dictadas durante el pasado año, se encuentran, entre otras, las relativas a subvenciones indebidas y actuaciones irregulares en la gestión de los fondos públicos,

En materia de subvenciones, se encuentra la sentencia ratificada con fecha 6 de noviembre de 2017. La Sala de Justicia desestimó el recurso presentado contra la resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que ponía fin al expediente administrativo de responsabilidad contable incoado en el que se exigía más de 341.000 euros; cuantía consecuencia del hecho de que el responsable había dejado trascurrir el plazo de prescripción, a efectos del reintegro de subvenciones indebidas a una productora cinematográfica. La Sala consideró que el recurrente confunde la prescripción en el reintegro de la subvención al perceptor, con la del plazo de prescripción para la exigencia de responsabilidad contable contra funcionarios o servidores públicos por haber dejado transcurrir aquel plazo de prescripción inicial.  Por tanto, para exigir la responsabilidad a estos gestores, la Sala de Justicia señala que la fecha a considerar no es la del otorgamiento de la subvención, sino la que se refiere al momento en el que ya no se puede pedir su reintegro al perceptor.

Por otra parte, cabe destacar la sentencia ratificada el 6 de junio de 2017 por la que se condena a un alcalde, un interventor y un tesorero de un pueblo de Asturias al pago de 132.095 euros por incumplimiento de sus deberes como custodios de fondos públicos.

Actividades formativas

Durante el año 2017 el Tribunal de Cuentas ha organizado y participado en diversos foros para dar a conocer sus competencias y funciones. Entre ellos, cabe destacar el celebrado el pasado mes de julio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el bajo el título “El Tribunal de Cuentas y la lucha contra la corrupción: actualidad, funcionamiento y reforma”.

Dado el interés de la Institución por ofrecer una visión transversal de esta temática, las jornadas contaron con la participación -además de altos cargos y funcionarios del Tribunal-, de miembros de las Cortes Generales, del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado, de los Ministerios de Justicia e Interior, del Colegio Nacional de Registradores de España y del Consejo General de Procuradores de España, entre otras instituciones.

El encuentro tuvo como objetivo acercar el día a día de la Institución a la sociedad civil, al tiempo que convertirse en un foro para el conjunto de profesionales con los que se relaciona en su trabajo diario. En base a este propósito, el Seminario se organizó en torno a cuatro sesiones -“Panorámica general”; “La función fiscalizadora”; “Los procedimientos”; y “Garantías del alcance y de la ejecución como medio para obtener el reintegro de alcance”- cuyo contenido temático seguía la secuencia de las distintas fases que ocupan la actividad del Tribunal en sus dos funciones, fiscalizadora y jurisdiccional; al tiempo que la actividad de otros actores que, si bien son ajenos a la propia organización de la Institución, resultan imprescindibles para desarrollar con éxito las funciones del Tribunal, como son: los fiscales, los procuradores y registradores, entre otros.

Por otra parte, la Institución participó en el ciclo de seminarios organizados por el Tribunal de Cuentas de Portugal (TCP) con el objetivo de recabar la opinión y experiencia de aquellas Entidades Fiscalizadoras Superiores consideradas, por el Tribunal luso, como ejemplos a seguir. Entre ellas, y junto a las EFS de Francia e Italia, se encuentra el Tribunal de Cuentas.

Entre los expertos que intervinieron en este seminario, estuvo el Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Felipe García Ortiz, quien, bajo el título “Los desafíos de la responsabilidad financiera en España”, expuso, entre otras cuestiones: las características del modelo jurisdiccional español; su naturaleza; aspectos subjetivos, objetivos y formales; los procedimientos e instancias; así como la relación de la jurisdicción con el procedimiento fiscalizador. Asimismo, el Presidente de la Sección de Enjuiciamiento hizo referencia a las medidas cautelares previas a la existencia de la responsabilidad contable o la inclusión de todo cargo público como posible responsable en el manejo de los fondos, como uno de los puntos fuertes de nuestra jurisdicción.

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Marisol Gálvez

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