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La mayoría de las entidades locales han aprobado planes antifraude para la gestión de los Fondos Next Generation
Madrid, 27 de julio de 2023
El informe de fiscalización constata que el 83% de las entidades locales analizadas aprobaron un plan de medidas antifraude destinado a garantizar la correcta gestión de los fondos Next Generation. La adaptación a estos requerimientos ha entrañado un importante esfuerzo para la mayoría de las entidades, agravado por las dificultades iniciales a las que se enfrentaron las entidades del sector público local para determinar si estaban o no obligadas a aprobar un plan de medidas antifraude,
Sin embargo, la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas en colaboración con los órganos de control externo de las comunidades autónomas revela, a partir del análisis de 214 entidades del sector público local de toda España, que los avances en esta materia no han finalizado y se han limitado, con carácter general, a la aprobación de los planes, quedando pendiente la implantación efectiva de algunas de las medidas en ellos contenidas, así como el desarrollo de una cultura de lucha contra el fraude.
Como desarrolla el informe esto se ha debido, en parte, a la premura con la que las entidades tuvieron que aprobar los planes, no habiendo transcurrido, todavía, tiempo suficiente para interiorizar un cambio tan sustancial en las organizaciones.
Los planes antifraude se articularon en torno a los cuatro elementos clave del ciclo, esto es, la prevención, la detección, la corrección y la persecución. Entre las entidades locales que al cierre del análisis habían desarrollado la totalidad de las medidas analizadas figuran los ayuntamientos de Alicante, Ávila, Bilbao, Castelló de la Plana, Donostia-San Sebastián, Ermua, Gijón, Girona, Lalín, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Torrelavega, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zumarraga. También figuran las diputaciones provinciales de Burgos, Cádiz, Palencia, Pontevedra y Valladolid y la Comarca del Ripollés.
En julio de 2020 el Consejo Europeo acordó un paquete de medidas de gran alcance para contribuir a la reconstrucción de los Estados y reparar los efectos socioeconómicos provocados por la pandemia de la COVID-19. Entre estas medidas se encuentra la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación por valor de 750.000 millones de euros. A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) España podrá recibir hasta 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026.
Para garantizar la correcta gestión de los fondos y dar cumplimiento a las exigencias que la normativa comunitaria exige a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión, el Gobierno de España aprobó la Orden HFP/1030/2021, que establecía que «toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un Plan de medidas antifraude».
El informe constata que la participación en la ejecución del PRTR ha supuesto para las entidades locales la necesidad de disponer de medidas destinadas a la lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés con las que la mayoría no contaban antes de la entrada en vigor de la Orden HFP/1030/2021.
Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda que tanto las entidades que ya cuenten con un plan de medidas antifraude como aquellas que aún no lo hayan aprobado deberían seguir avanzando en el desarrollo de una cultura antifraude y consolidando los progresos alcanzados en esta materia, reforzando las medidas ya implantadas y poniendo en marcha aquellas que estén pendientes.
Finalmente, la adecuada gestión de los fondos públicos aconseja que estos principios se extiendan a la totalidad del ámbito de gestión de las entidades, con independencia del origen de los recursos, no circunscribiéndose, exclusivamente, a la ejecución del PRTR, por lo que sería recomendable la exigencia a las entidades locales de planes antifraude, así como el establecimiento de controles que garanticen su efectiva implantación.
Enlace al informe y al resumen
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Yolanda López Ribera
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95