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El Tribunal de Cuentas recomienda al MAPA impulsar un plan de acción para los laboratorios agroalimentarios tras constatar carencia de personal y obsolescencia de equipos
Madrid, 29 de octubre de 2024
El Programa 413A “Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria” tiene el objetivo general de convertir a España en un referente alimentario mundial, promoviendo un modelo de industria basado en la sostenibilidad en su triple dimensión económica, social y medioambiental.
El Tribunal de Cuentas ha analizado el diseño, la gestión y el cumplimento de los objetivos del programa durante los años 2021 y 2022.
En relación con el diseño del programa, el informe concluye que su denominación es obsoleta y no se corresponde con sus objetivos, actualmente dirigidos a la sostenibilidad y calidad alimentaria, al haberse trasladado el peso de las actuaciones de fomento de la competitividad a otros programas del MAPA. También se expone la carencia en este ministerio de un marco estratégico en materia de alimentación, lo que motiva una recomendación de este Tribunal.
En el ámbito de la gestión del programa, el informe pone el foco en las deficiencias detectadas en la administración de los laboratorios agroalimentarios. Estos laboratorios prestan un servicio de control oficial de los alimentos en coordinación con los laboratorios de las comunidades autónomas.
El Tribunal de Cuentas recomienda al MAPA que, de forma necesaria y urgente, “impulse un plan de acción para sus laboratorios agroalimentarios para su ejecución inmediata con el objetivo de garantizar los medios personales y técnicos para la prestación de sus servicios”.
La fiscalización ha constatado la insuficiencia de personal para atender el servicio y la existencia de unos equipos técnicos antiguos con riesgo de obsolescencia y deterioro. De hecho, falta el 19% de la plantilla de personal y el 63% de los equipos tienen una antigüedad superior a los 10 años.
Además, el informe observa que la mayoría de sus servicios se prestan gratuitamente a las CCCA sin la cobertura de convenios, y en las prestaciones a entidades privadas se aplican precios desfasados que apenas representan el 1% del coste de funcionamiento estimado necesario para la prestación del servicio.
Por otro lado, el informe refleja deficiencias en el diseño de la programación ya que no existen indicadores de resultados que permitan concluir la efectivad del programa. No obstante, el Tribunal de Cuentas, a través de mediciones alternativas, valora de forma positiva la interlocución existente entre la Dirección General de Alimentación, el sector agroalimentario y la UE y la buena coordinación en los controles de calidad alimentaria de las comunidades autónomas.
Por el contrario, el informe remarca como ineficaces las actuaciones destinadas a lograr que la industria agroalimentaria asuma el Código de Buenas Prácticas Mercantiles previsto en la Ley de la Cadena Alimentaria. Tampoco son eficaces las ayudas destinadas para que las cooperativas se agrupen más allá de sus comunidades autónomas siguiendo las recomendaciones de la UE.
El Informe concluye que los resultados del programa son positivos en varias líneas de actuación, destacándose la efectividad de las campañas de publicidad alimentaria, el crecimiento de la producción de alimentos ecológicos y la disminución del desperdicio alimentario. Pero también advierte que la distribución de gastos del Programa no está alineada con el cambio de modelo en la producción alimentaria. Se destina el 56% de los recursos financieros al objetivo de promoción alimentaria y sólo el 2% al de apoyo a la producción ecológica, a las indicaciones de calidad diferenciada y a la reducción del desperdicio alimentario, siendo estos los ejes básicos en el modelo alimentario promovido por la UE.