El Tribunal de Cuentas fiscaliza la gestión de 7 empresas municipales de transporte

Madrid, 22 de diciembre de 2023

Las sociedades mercantiles de capital íntegramente público constituyen uno de los instrumentos de gestión directa de los servicios públicos locales previstos en la Ley de Bases de Régimen Local. En el desarrollo de su actividad, las sociedades mercantiles locales celebran con terceros contratos sujetos a la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado siete sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal que gestionan directamente el transporte colectivo urbano de viajeros en autobús en los municipios con más de 300.000 habitantes. Las sociedades fiscalizadas son: Autobuses de Córdoba, S.A. (AUCORSA), Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. (EMT Málaga), EMT de Madrid, S.A. (EMT Madrid), EMT de Valencia, S.A.U. (EMT Valencia), EMT Urbans de Palma, S.A. (EMT Palma), Guaguas Municipales, S.A. de Las Palmas (Guaguas) y Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM).

La valoración general que se deriva de la fiscalización es que las empresas municipales de transporte fiscalizadas se encontraban en el ejercicio 2021 todavía en proceso de adaptación de sus sistemas de contratación a los procedimientos de preparación y adjudicación previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el Real Decreto-ley 3/2020, sobre contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Aunque la mayoría de sus contratos se adjudicaron a través de los trámites regulados en esa normativa legal, “continuaron canalizando una parte de su contratación a través de adjudicaciones directas de servicios y suministros, sin la previa tramitación del correspondiente procedimiento de contratación”.

En los contratos adjudicados siguiendo los procedimientos legales se observa un aceptable nivel de cumplimiento, concentrándose las deficiencias más frecuentes en la definición de los criterios de adjudicación, el retraso en la formalización y en las deficiencias en la publicación de la información contractual en el perfil de contratante y en el portal de transparencia.

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