El Tribunal de Cuentas aprueba un informe sobre las medidas para mejorar la competitividad del destino turístico durante la pandemia

• Este informe solo analiza las cinco medidas destinadas a la mejora de la competitividad dentro del conjunto del Plan de Impulso del Sector Turístico y concluye que la actuación en ese ámbito de la Secretaría de Estado de Turismo no ha conseguido paliar los efectos adversos de la pandemia como se pretendía.
• El Pleno ha aprobado un total de seis informes de fiscalización entre los que figuran dos informes de seguimiento de recomendaciones de empresas y fundaciones del sector público estatal y uno sobre contratación en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
• Otro de los informes ofrece una visión global de todo el sector público autonómico. El Pleno ha aprobado el informe de la Cuenta General de Castilla-La Mancha. El próximo ejercicio será fiscalizado por la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha.

 Madrid, 29 de junio  

 Con el objetivo de paliar los efectos provocados por la pandemia del COVID-19 sobre el sector turístico, el Gobierno de España presentó en julio de 2020 el Plan de Impulso del Sector Turístico (PIST) que contemplaba diversas medidas junto a otras administraciones y que estaba dotado con 4.262 millones de euros.  Algunas de estas medidas tenían como finalidad específica promover la mejora de la competitividad del destino turístico principalmente a través de la Secretaría de Estado de Turismo y para las que se dispuso el empleo de 859 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización de las Medidas para la Mejora de la competitividad del destino turístico contempladas en el Plan de impulso del Sector Turístico, ejercicios 2020 a 2021. Este informe solo analiza las cinco medidas destinadas a la mejora de la competitividad dentro del conjunto del Plan de Impulso del Sector Turístico.

El informe concluye que la actuación de la Secretaría de Estado de Turismo no ha sido eficaz para desarrollar las medidas previstas en cantidad, calidad y tiempo destinadas a la mejora de la competitividad turística y, en consecuencia, no ha conseguido paliar los efectos adversos de la pandemia en este sector como se pretendía.

El instrumento previsto con más presupuesto fue el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), dotado con 515 millones de euros que se destinarían a conceder préstamos a entidades y empresas turísticas. No obstante, durante 2020 y al menos hasta finales del 2021 no se concedieron préstamos. El informe establece como causa principal las dificultades para disponer de un reglamento regulador en el momento en el que debían ponerse en marcha estas medidas.

Otra de las medidas previstas fue la línea de préstamos para la financiación de proyectos de digitalización, innovación, e internacionalización del sector turístico, dotada con hasta 216 millones de euros en préstamos, con un tipo de interés bonificado y amplios plazos para su devolución. Esta línea no tuvo los efectos previstos principalmente por la dificultad de gestión.

La única medida que tuvo plena acogida fueron las ayudas dirigidas a las entidades locales, con un presupuesto de 53 millones de euros, de las que resultaron beneficiadas 76 ayuntamientos.

Para reforzar la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, creada en 2019 con la misión de impulsar la colaboración público-privada en el desarrollo de productos, servicios y actuaciones, el Plan previó 75 millones de euros que emplearía la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, debiéndose reforzar los mecanismos de seguimiento desde los órganos del ministerio. 

El informe del Tribunal de Cuentas establece una serie de recomendaciones con el objetivo de mejorar la competitividad del destino turístico contempladas dentro del Plan de Impulso del Sector Turístico. 

Para más información se adjunta el resumen del informe. El informe completo estará disponible para consulta en los próximos días en www.tcu.es

El TCu aprueba un informe sobre contratación del INSS

El Informe analiza los contratos celebrados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el ejercicio 2021. De un total de 393 contratos de obras, servicios y suministro por 35,4 millones de euros han sido fiscalizados 66 por importe de 24,5 millones de euros.

Aunque, con carácter general,  la actividad contractual del INSS se  ajusta a la legalidad, en relación con las actuaciones administrativas preparatorias de los contratos cabe destacar, por un lado, que la motivación que consta en los expedientes para justificar la no división en lotes del objeto de los contratos (para favorecer la contratación con PYMES) no se justifica suficientemente;  por otro lado, en los contratos en los que se utilizó el procedimiento de adjudicación con una pluralidad de criterios de adjudicación, la justificación de la elección de éstos y su ponderación no consta en el expediente, o bien se realiza de forma excesivamente genérica.

Además, en relación con los pliegos de cláusulas administrativas particulares se ha comprobado que en todos los pliegos se han incluido criterios objetivos de adjudicación o condiciones especiales de ejecución de carácter social o medioambiental (gestión de residuos, promoción del reciclado de productos, medidas para fomentar la igualdad en el trabajo, reducción del consumo de energía…). La inclusión de este tipo de consideraciones constituye una buena práctica, pero no en todos los casos su vinculación con el objeto del contrato queda bien reflejado.

Por todo ello, el Tribunal formula recomendaciones orientadas, fundamentalmente, a una mayor y mejor motivación en los expedientes de las decisiones adoptadas sobre la no división en lotes del objeto de los contratos, sobre la elección de los criterios objetivos de adjudicación utilizados y su ponderación, así como sobre la elección de las condiciones especiales de ejecución, de carácter social, laboral o medioambiental y su vinculación con el objeto de los contratos.

Puedes consultar más información en los resúmenes. Los informes estarán disponibles próximamente para consulta en www.tcu.es

Las empresas y las fundaciones del Sector Público Estatal avanzan en el cumplimiento de las recomendaciones del TCu

El Tribunal de Cuentas ha aprobado dos informes de fiscalización que evalúan el grado de seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones que el TCu ha realizado en los últimos años al sector público empresarial no financiero y al de las fundaciones estatales.

Estos informes de seguimiento tienen como objetivo contribuir al buen gobierno, a la mejora de la actividad económico-financiera del Estado y a conseguir un sector público más eficaz y eficiente.

El Informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones del sector público empresarial estatal no financiero ha analizado diez informes de fiscalización aprobados por el Pleno en el periodo 2016-2019. Estos informes recogían 31 recomendaciones dirigidas al Gobierno, a 56 entidades del sector público empresarial y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El informe concluye que el grado de cumplimiento y/o implantación de las recomendaciones formuladas a 31 de diciembre de 2021 es elevado, un 76%, aunque todavía es susceptible de mejora. De esta forma, de las 26 recomendaciones dirigidas a una única entidad o al Gobierno, 17 se cumplieron totalmente, 1 se cumplió parcialmente, 3 se encuentran en curso y 5 no han sido cumplidas.

Respecto a las 5 recomendaciones formuladas en 2 informes de fiscalización de carácter horizontal dirigidas conjuntamente a 37 y a 13 entidades más el Gobierno, respectivamente, han dado lugar a 116 valoraciones de las que 81 han sido cumplidas y el resto o están en curso de implementación o no han sido aplicables.

El Informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones de Fundaciones del sector público estatal ha analizado el grado de cumplimiento de ocho informes aprobados por el Pleno entre 2015 y 2020.

Los informes recogen 42 recomendaciones dirigidas al Gobierno, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a la Dirección General del Patrimonio y a 20 fundaciones estatales. 

El informe concluye que se ha producido un aceptable grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en los informes analizados, el 66% si se excluyen las recomendaciones que han devenido inaplicables.

Además, constata avances en la mejora del control interno e implantación de la perspectiva de género, fundamentalmente en la política retributiva.

Sin embargo, detecta que aún existen oportunidades de mejora de la gestión ya que 10 de las 98 valoraciones sobre el seguimiento están todavía en curso de cumplimiento, 12 se han cumplido parcialmente y 10 de ellas, figuran como no cumplidas.

Puedes consultar más información en los resúmenes. Los informes estarán disponibles próximamente para consulta en www.tcu.es

Un informe del TCu ofrece una visión global de todo el sector público autonómico

El Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe de fiscalización que ofrece una visión del cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas y remisión de contratos y convenios por el conjunto de las Comunidades y Ciudades Autónomas.  El presupuesto global del sector público autonómico fue de 210.000 millones de euros en 2019 y de 247.000 millones en 2020. Estas cantidades equivalen a la mitad del presupuesto de la Administración General del Estado. 

El informe constata que todas las Comunidades y Ciudades han rendido sus cuentas, aunque Ceuta incumplió los plazos en ambos ejercicios y Melilla en 2020. Además, se detalla que alrededor del 85% de las 1.317 entidades dependientes, principalmente empresas, fundaciones, consorcios y universidades, también rindieron sus cuentas en plazo. La mayoría de los incumplimientos se han observado en entidades en proceso de extinción por lo que se recomienda la culminación de los procesos de disolución y liquidación de las entidades sin actividad.

Con el objetivo de mejorar la transparencia y la comparabilidad de la información financiera del sector público autonómico, el Tribunal de Cuentas recomienda modificar las correspondientes normativas para que la cuenta general de cada comunidad autónoma recoja la información consolidada de todo su sector público. Además, recomienda adelantar el plazo de rendición de las cuentas al 31 de julio del ejercicio siguiente al que se refieren ya que en la actualidad llega a posponerse, en algunos casos, hasta noviembre.

El informe constata el avance que las CCAA han realizado en la normalización contable, permitiendo una mayor comprensión y comparabilidad de la información económico-financiera del Sector Público autonómico y, además, con el estatal. 

A través de este informe global se constata que los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI), que la Constitución configura como instrumento corrector de desequilibrios económico-interterritoriales y de solidaridad, tienen un carácter cada vez más marginal en la financiación autonómica. La programación de las inversiones no responde en todos los casos a la evaluación de los proyectos con mayor potencial para crear riqueza y se evidencia falta de rigor en la planificación. 

El Tribunal de Cuentas y los 13 Órganos de Control Externo de las CCAA en su ámbito territorial son los encargados del control externo. En 2019 y 2020 se aprobaron un total de 242 informes de ámbito autonómico.

Por primera vez un informe de fiscalización compila todos los documentos aprobados por las distintas Instituciones de Control Externo a través de un único punto de acceso donde se encuentran organizados por bloques de materias como informes sobre cuentas, contratación o Covid-19, entre otros.

Se adjunta el resumen de este informe que se podrá consultar próximamente en www.tcu.es

Aprobado el informe de la Cuenta General de Castilla-La Mancha 2020

 El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de Castilla-La Mancha, ejercicio 2020.

Esta es la última fiscalización de la Cuenta General de Castilla-La Mancha realizada por el TCu. La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha se encargará de sus próximas fiscalizaciones, la del ejercicio 2021 y posteriores, tras asumir las funciones del control externo en 2023, después de la supresión de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha en 2014.

El sector público autonómico estaba formado en 2021 por 35 entidades, cuyos presupuestos agregados alcanzaron los 17.205 millones de euros, dando lugar a un gasto ejecutado de 16.264 millones de euros.

Según la valoración del Tribunal de Cuentas, la Cuenta General de Castilla-La Mancha, conformada por las cuentas de las entidades administrativas de su sector público, se ha adaptado a los principios y normas contables del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad, sin perjuicio de las incidencias que se ponen de manifiesto en el Informe. Asimismo, las cuentas anuales individuales del resto del sector público autonómico (sector empresarial y fundacional) se han rendido de conformidad con las normas aplicables y han reflejado en todos sus aspectos significativos la situación económica, financiera y patrimonial de estas entidades, excepto por las salvedades señaladas.

Las conclusiones del informe señalan, entre otras cuestiones, que el grado de endeudamiento alcanzado en 2021 por la Comunidad Autónoma genera una elevada carga financiera que condiciona los presupuestos futuros y que la sostenibilidad económica financiera del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha depende del mantenimiento por parte del Estado de los mecanismos extraordinarios de financiación.

Las principales recomendaciones se refieren a modificar la delimitación del sector público y el régimen de financiación de las modificaciones presupuestarias en la Ley de Hacienda; dictar instrucciones para la conexión automatizada del inventario y la contabilidad; así como adaptar las dotaciones presupuestarias del Servicio de Salud a sus necesidades reales de gasto.

Puedes consultar más información en el resumen que adjuntamos.

Los informes de fiscalización estarán disponibles para consulta próximamente en www.tcu.es.