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El Tribunal de Cuentas aprueba el informe de la Cuenta General y del resto de cuentas del Sector Público de la Región de Murcia, ejercicio 2022
Madrid, 19 de diciembre
Las 41 entidades que conforman el sector público de la Región de Murcia gestionaron en 2022 un presupuesto de 10.808 millones de euros y alcanzaron un gasto agregado de 10.825 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas concluye que la Cuenta General de la Región de Murcia se ha adaptado a los principios y normas contables a excepción de las salvedades e irregularidades recogidas en el informe. Sin embargo, el Tribunal determina que la Cuenta General “no ofrece una visión conjunta del sector público de la Comunidad, al estar formada solo por las cuentas de la Administración General y sus organismos autónomos y no integrar las cuentas del resto de entidades regionales”.
Entre las principales salvedades, destaca que los créditos aprobados en el presupuesto del Servicio Murciano de Salud en 2022 se encuentran por debajo de las necesidades reales para la prestación de los servicios sanitarios en la Región, existiendo a 31 de diciembre de 2022 un déficit acumulado pendiente de cobertura por parte de la Administración autonómica de 3.024 millones de euros.
Las cuentas individuales de las empresas, fundaciones y consorcios públicos han reflejado la imagen fiel de la situación económico-patrimonial, salvo en una sociedad y dos consorcios, en los que se ha denegado opinión, en un consorcio, en el que la opinión ha sido desfavorable, y en cuatro empresas públicas, cuatro fundaciones y un consorcio, en las que la opinión ha sido favorable con salvedades.
Al igual que en ejercicios anteriores, se han detectado riesgos e incertidumbres en relación con la sostenibilidad económica de la Desaladora de Escombreras, SAU.
El informe también señala que se ha avanzado en la incorporación de las entidades del sector público de la Comunidad al Portal de Transparencia y Gobierno Abierto de la Administración Regional.
El Tribunal de Cuentas formula una serie de recomendaciones entre las que destacan la de reformar y actualizar el marco normativo de la Administración Autonómica en materia económica y presupuestaria y la de ajustar y adaptar las dotaciones presupuestarias a las necesidades reales de gasto de cada año del Servicio Murciano de Salud.