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ELTRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2013
Madrid, 27 de abril de 2016.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2013”. Este documento recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de la Comunidad y por las entidades que integraban su sector público durante el citado ejercicio, analizando, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad correspondientes a 2013, la estabilidad presupuestaria, los mecanismos extraordinarios de financiación e instrumentos de lucha contra la morosidad, la contratación pública y la gestión de los gastos de personal, así como de la actividad subvencionadora, además del gasto sanitario y del endeudamiento financiero.
Finalmente, en la fiscalización se ha analizado la aplicación de los recursos provenientes de las dotaciones de los Fondos de Compensación Interterritorial y el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de fiscalización previo.
La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, correspondiente al ejercicio 2013, fue rendida el 30 de octubre de 2014, dentro del plazo legalmente establecido y de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los correspondientes planes de contabilidad, sin perjuicio de las observaciones y salvedades que se han recogido en el Informe.
No obstante, en el caso de tres sociedades, siete fundaciones y dos consorcios, las cuentas fueron rendidas fuera del plazo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. Asimismo, no fueron rendidas las cuentas o estados de liquidación de tres entidades de escasa dimensión, dos de ellas en proceso de liquidación.
En la fiscalización no se ha tenido constancia de que hubiera implantado un sistema de gestión para el seguimiento de aquellos informes de los que se deriven reintegros, por parte de los perceptores de subvenciones; ni de que se haya elaborado y aprobado un plan de disposición de fondos, como instrumento de planificación de las disponibilidades dinerarias; ni del establecimiento de los mecanismos de control y seguimiento indicados en la Circular 1/2007, para las medidas correctoras propuestas en los informes definitivos de control financiero, así como para las actuaciones adoptadas por los órganos gestores. Tampoco se ha acreditado el desarrollo generalizado de sistemas para la supervisión de las diferentes actuaciones financieras de las unidades de la Junta.
Por otra parte, el hecho de que no todas las modificaciones presupuestarias contaran con financiación específica, ha hecho que se produjera un desequilibrio entre los créditos definitivos del presupuesto de gastos y las previsiones finales de ingresos, por importe de 184 millones de euros.
Al cierre de 2013, el saldo de la cuenta 409 -acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto-, ascendió a 7 millones de euros. De haberse realizado una correcta imputación temporal de las obligaciones al ejercicio en el que se realizaron los gastos, el resultado presupuestario del ejercicio y el remanente de tesorería de la Junta habrían aumentado en 4 millones de euros.
A pesar de extinguirse por el Decreto 131/2011, de 29 de diciembre, el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, a 31 de diciembre de 2013, todavía recogía importantes saldos (pendientes de liquidar) en determinadas partidas.
El saldo final de la cuenta 409 -acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto- del Servicio de Salud fue de 56 millones de euros.
De haberse realizado una correcta imputación temporal de las obligaciones al ejercicio en el que se realizaron los gastos, el resultado presupuestario del ejercicio y el remanente de este organismo habría disminuido en 12 millones de euros.
El Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, a diferencia de lo previsto en la Ley General Presupuestaria, no contaba con un precepto que obligara a la elaboración de un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero asumidas por las empresas y fundaciones como consecuencia de su pertenencia al Sector público.
La Comunidad incumplió el objetivo de estabilidad fijado para 2013 (1,3% del PIB regional) ya que el déficit alcanzado, en este ejercicio, fue de un 2,09%. Esto se debió tanto a la declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, como por la regularización del IVA devengado en las obras ejecutadas por la Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha. El importe de ambos hechos ascendía a 294 millones de euros. Descontados los efectos de ambas medidas excepcionales, la cifra del déficit supondría el 1,29 del PIB regional.
Al cierre del ejercicio fiscalizado, el proceso de reordenación del Sector público autonómico habría alcanzado el 95% del objetivo inicial de reducción en número de entes, que era de 44.
El periodo medio de pago a proveedores, por parte de la Comunidad Autónoma, se situó en 126,95 días, sobrepasándose en todos los ámbitos el plazo máximo permitido en la Ley.
Por último, en materia de contratación administrativa se han detectado deficiencias a la hora de justificar la necesidad para el servicio público de los contratos adjudicados y de establecer criterios de adjudicación objetivos y precisos. Asimismo, en los contratos de obras se han producido importantes demoras en la ejecución.
En función de los resultados de la fiscalización, se realizan una serie de recomendaciones, la mayor parte de ellas coinciden con las que fueron incluidas en el Informe de 2012, destacando, entre otras, las dirigidas a: la modificación del Texto Refundido de la Ley de Hacienda, a la integración en la Cuenta General de las cuentas de todos los entes del Sector público regional; a la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable en la Comunidad al aprobado en el ámbito estatal por la Orden EHA/1037/2010; y a la necesidad de potenciar la conexión automática entre el inventario y el sistema de información contable.
El contenido íntegro de este informe (nº 1.148) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).
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Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
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