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APROBADO EL INFORME SOBRE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIOS 2013-2014
EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIOS 2013-2014
Madrid, 14 de febrero de 2017 - El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2013-2014”.
Esta fiscalización extiende su análisis al conjunto de centros que forman parte de la estructura docente, cultural y de investigación de la Universidad de Murcia (UMU), junto con el resto de entidades que han sido creadas para la promoción y el desarrollo de sus fines. Los objetivos de esta fiscalización se han orientado a: verificar si las cuentas anuales de la UMU y, en su caso, de sus entidades dependientes, se han rendido de acuerdo con las normas que le son de aplicación, y según los principios y normas contables definidos en la normativa aplicable. También se ha evaluado el cumplimiento de las normas que rigen la actividad económicofinanciera de la universidad y el respeto a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos. Para ello, la fiscalización ha analizado, entre otras áreas, las de docencia, investigación, personal y contratación administrativa.
Del análisis, el informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas:
- La cuentas anuales de la UMU, correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, han sido elaboradas según el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, y fueron rendidas en plazo. En sus aspectos significativos, estas cuentas reflejan la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, de los resultados a la fecha del cierre de cada ejercicio, así como de los resultados de sus operaciones y, en su caso, los flujos de efectivo o de la ejecución del presupuesto, de conformidad con el marco normativo de información financiera y la normativa presupuestaria que resultan de aplicación. Sin afectar a la opinión, hay que señalar la falta de implantación, en estos ejercicios, de una contabilidad analítica.
- La Universidad dispone de una Unidad de Control Interno (UCI) que, si bien cuenta con una delimitación clara de sus funciones, la fiscalización ha observado una serie de deficiencias en la regulación de la misma, como la ausencia de disposiciones sobre el estatuto jurídico de su personal, con un desarrollo del nombramiento del mismo -incluyendo su jefatura-, así como de la obligación de prestar a los funcionarios encargados del control la colaboración que sea precisa.
Asimismo, el informe señala que la auditoría pública, como modalidad del control interno, que fue contratada por la universidad a una empresa privada, no era adecuada, ya que no se realizó a instancia del órgano competente -el Consejo Social-, y tampoco se considera que fueran adecuadas las condiciones técnicas aplicables al contrato.
- En materia de transparencia, el informe señala que, a pesar de que las disposiciones autonómicas que regulan esta materia entraron en vigor en junio de 2015 -por tanto, fuera del alcance temporal de esta fiscalización-, el Tribunal de Cuentas ha realizado las comprobaciones necesarias para verificar la adaptación y aplicación realizadas por la universidad. En este punto, se han detectado algunas deficiencias respecto a las que la universidad ha acordado actuaciones para su mejora. Este es el caso, por ejemplo, de la información sobre empleados públicos que tengan autorizada la compatibilidad en actividades públicas o privadas, sobre altos cargos y órganos de gobierno, así como sobre contratos programa.
- En el ámbito del buen gobierno, al analizar la normativa vigente, la fiscalización ha observado una falta de reconocimiento explícito de quién es alto cargo en las universidades públicas de la Región de Murcia, lo que debería corregirse.
- La ausencia de un plan de financiación plurianual con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, junto a la disminución de los ingresos por transferencias -motivada por la situación de contención fiscal de la Comunidad-, han impedido que la UMU cuente con unas previsiones de financiación fiables o con un marco legal adecuado a este respecto, que haga posible el diseño de una programación a medio o largo plazo.
- Los recursos humanos de la universidad (funcionarios y laborales) a 31 de diciembre de 2013 y de 2014 ascendían a un total de 3.853 y 3.837 personas, respectivamente. En cuanto a la Investigación y Desarrollo, se ha observado que la UMU presenta una evolución positiva, desde el punto de vista del incremento de los proyectos de concurrencia competitiva y en vía contractual, así como las solicitudes de Patentes Nacionales, siendo especialmente relevante la variación positiva que ha registrado la financiación empresarial y la derivada de los programas de la Unión Europea, que compensan la disminución de la procedente de otras administraciones.
- En cuanto a la actividad docente, la UMU presenta cierta estabilidad en su oferta educativa de grado, continuando la conformación de sus estudios de máster y, en menor medida, de doctorado. Ha experimentado un disminución del 0,1% en el número de alumnos que se matriculan por primera vez.
Los alumnos matriculados durante los ejercicios fiscalizados ascienden a 29.599 y 30.183, respectivamente, si bien, una vez deducido el peso de los ciclos a extinguir en el total de alumnos, la evolución ha sido negativa, aproximadamente en un 3%.
En cuanto al número de alumnos egresados por la universidad en los cursos fiscalizados, 4.657 y 5.054, respectivamente, se observa que en comparación con las medias estatales, la universidad presenta variaciones inferiores tanto en grado como en máster.
Entre las principales recomendaciones alcanzadas a partir de los resultados del Informe, se encuentran las siguientes:
Respecto a la Comunidad Autónoma, el Tribunal señala que se dicte una actualización de su legislación presupuestaria, en la que se recoja expresamente, en el ámbito propio de su sector público, a las universidades públicas de la Región de Murcia; con las consecuencias que esta adscripción tendrían en materia presupuestaria y contable. También recomienda que se negocie y apruebe un plan de financiación plurianual que permita a la UMU contar con unas previsiones fiables de financiación.
En relación con la gobernanza universitaria se han puesto de manifiesto algunas situaciones que requieren de cambios legislativos, de acuerdo con el marco competencial establecido en la normativa aplicable; así como que se proceda por la universidad a aprobar una actualización de sus normas estatutarias, de tal forma que se incorporen en ella los importantes cambios legislativos acaecidos desde 2004.
Respecto a la universidad, se sugiere que valore la posibilidad de hacer hincapié en una serie de aspectos, de acuerdo con lo que se observado para el conjunto de universidades públicas y dentro de las disponibilidades financieras y en el respeto de su autonomía universitaria, como son: incorporar en la normativa aprobada sobre carga docente incentivos claros que motiven al personal docente e investigador (PDI) a iniciar la actividad investigadora, dada la importancia que dicha actividad tiene tanto en la esfera personal del docente como en la institucional de la propia universidad; implantar programaciones conjuntas de grado; desarrollar la oferta de programaciones conjuntas de máster y doctorado, ya implantadas; y potenciar la oferta de grados y máster bilingües dirigidos a alumnos no nacionales.
En materia contractual, el Informe señala la necesidad de que en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares se establezcan los criterios de adjudicación de los contratos con mayor claridad y precisión, así como la inclusión, de forma específica, de los métodos o formas de asignación de las puntuaciones de los correspondientes baremos.
El contenido del Informe (nº 1.196) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).
Más información
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
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