APROBADO EL INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DESTINADAS A LA RACIONALIZACIÓN Y REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO

ELTRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS MEDIDAS DESTINADAS A LA RACIONALIZACIÓN Y REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO, ADOPTADAS EN LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013

Madrid, 28 de enero de 2016.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización de la ejecución de las distintas medidas destinadas a la racionalización y reordenación del sector público empresarial estatal no financiero, adoptadas en los ejercicios 2012 y 2013”, cuyo alcance subjetivo se extiende a un total de 214 entidades públicas.

En el informe se ha verificado el cumplimiento, por parte de las sociedades mercantiles estatales no financieras, por las entidades públicas empresariales y por el resto de entidades del sector público empresarial estatal afectadas, de las medidas del Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012 y de otras de racionalización y reordenación del citado sector. En la fiscalización  se ha analizado el efecto de tales medidas en los gastos de estas entidades, y se ha realizado un seguimiento de los principales aspectos analizados y de las recomendaciones del informe anterior, referido al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010 y el que se analizaba la actividad en los ejercicios 2010 y 2011.

Por lo que se refiere a las conclusiones del informe recientemente aprobado, estas se estructuran de acuerdo a los objetivos de la fiscalización, destacando entre ellas las siguientes:

1. En relación con el cumplimiento de las medidas de racionalización del sector público empresarial estatal no financiero:

-       Entre los ejercicios 2012 y 2013 se ha producido la baja de un total de 31 entidades y el alta de otras 8 nuevas, lo que supone una reducción neta de 23 entidades. La mayoría de las bajas han sido consecuencia del Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, si bien aún estaban pendientes de ejecución: una operación de fusión, la extinción de 2 sociedades, la liquidación definitiva de 6 entidades y las desinversiones previstas en 4 sociedades estatales.

-       Respecto al régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial estatal, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas llevó a cabo la clasificación de las sociedades y entidades por grupos, excepto 15 entidades y otras 6 de nueva creación. El criterio de no clasificar las sociedades del Grupo CESCE, por el cálculo de la participación efectiva de la Administración General del Estado, no es compartido por el Tribunal de Cuentas, tal como se ha puesto de manifiesto en Informes de Fiscalización anteriores, por no ser coherente con el seguido por otros órganos del propio Ministerio y por no haber sido aplicado a otras sociedades en situación similar.

-       La clasificación por grupos también determina el número máximo de los miembros de los consejos de administración de cada sociedad. Solo dos de las sociedades clasificadas adaptaron su número de consejeros a lo establecido en el Real Decreto 451/2012, fuera del plazo de 3 meses desde la comunicación de la correspondiente Orden ministerial.

-       En cuanto al resto de entidades del sector público empresarial estatal a las que eran de aplicación los límites en el número de miembros del consejo de administración, de las 5 que tenían que haber reducido su número de miembros, solo 2 lo hicieron.

-       En 2012, únicamente estaban fijadas las dietas por asistencia para las entidades dependientes de la Dirección General del Patrimonio del Estado, sin embargo 13 de estas sociedades que habían pasado a un grupo de clasificación inferior, mantuvieron el importe de las dietas ajustado a su clasificación previa durante 2012, no ajustando la dieta a su nueva clasificación hasta 2013, ejercicio en que se fijó la cuantía anual máxima de las dietas por asistencia para todas las sociedades, según su clasificación. Además, la mayoría de las entidades, distintas de sociedades, solicitaron autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para abonar dietas por asistencia, excepto Puertos del Estado, las Autoridades Portuarias y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, existiendo para estas últimas entidades diversas interpretaciones sobre el procedimiento para fijar sus dietas. Del importe abonado por las entidades distintas de las sociedades en 2012 y 2013, 1.596 miles de euros lo fueron sin autorización expresa y 1.294 miles con autorización.

-       A 31 de diciembre de 2013, únicamente el 15% de las entidades integrantes del sector público empresarial estatal, con órgano colegiado contaba con una presencia equilibrada de hombres y mujeres en sus consejos de administración; y el 21% de tales órganos colegiados estaban compuestos exclusivamente por hombres.

-       En la implantación por parte de las entidades fiscalizadas del nuevo régimen retributivo de sus máximos responsables y directivos, la mayoría de las entidades han tendido a situar los conceptos retributivos fijos (sobre todo la retribución básica y, a veces, el complemento de puesto) en los máximos permitidos, acercando la nueva retribución total a la existente con anterioridad al nuevo régimen establecido, en ocasiones superior a esta última, , mediante el establecimiento del complemento variable. Entre las deficiencias e irregularidades detectadas en la revisión efectuada destacan:

• El director general de una sociedad clasificada fue traspasado a su entidad matriz, de un grupo superior, lo que permitió mantener invariables sus retribuciones.
• Un directivo de una sociedad percibió íntegramente el complemento variable en 2012, a pesar de haber estado contratado solo durante 7 meses.
• Dos sociedades tenían un número de contratos de alta dirección superior al máximo establecido a 31 de diciembre de 2012 y una entidad pública empresarial mantenía esta situación también en finales de 2013, no habiendo efectuado la adaptación definitiva de los contratos hasta 2014.

-       No solicitaron la preceptiva autorización de la masa salarial del personal laboral un total de 13 sociedades mercantiles estatales en 2013 (12 de ellas no clasificadas).

-       Durante el periodo fiscalizado 15 entidades tenían en ejecución procedimientos de despido colectivo destinados a reducir el número de sus empleados. El total de bajas producidas en ese periodo, derivadas de los ERE ejecutados, asciende a 2.598 trabajadores, con un coste total estimado de 365.561 miles de euros.

1. En relación con los efectos en los gastos que han tenido las medidas adoptadas:

-       En términos globales, la ejecución de las operaciones societarias han producido, en términos globales, una reducción del 5,4% de los gastos de personal de las entidades afectadas, respecto a los del ejercicio 2011; y un incremento del 3,6% en los gastos por servicios exteriores, generado por las sociedades mercantiles que se fusionaron.

-       Asimismo, se ha reducido en un 20% el número total de miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales no financieras y, en un 28%, el importe de las dietas por asistencia abonadas. En el resto de entidades del sector público empresarial, la reducción del número de miembros de los órganos colegiados fue del 2% y la del importe de las dietas por asistencia llegó hasta el 5,5%.

1. En relación con el seguimiento de los principales aspectos analizados en el anterior Informe del Tribunal referido al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010:

-       Respecto a la recomendación de dar la debida difusión a los Acuerdos del Consejo de Ministros y a las órdenes ministeriales, una parte de estas no fueron publicadas.

-       Aunque se ha cumplido la recomendación de efectuar una clasificación en grupos de las sociedades en función de su importancia, no se han incluido a todas las sociedades y no se ha previsto su necesaria actualización cuando se creen nuevas entidades.

-       En 2013 se fijaron los importes máximos anuales para dietas, pero no así el número de reuniones anuales ni la cuantía individual máxima por reunión.

Por lo que se refiere a las recomendaciones del informe, cabe destacar las siguientes:

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debería establecer un procedimiento para que las nuevas sociedades o entidades queden clasificadas desde su creación.
2. Sería conveniente una mayor homogeneización de los límites máximos de retribuciones de los responsables y directivos entre los distintos tipos de entidades incluidos dentro del mismo grupo de clasificación, evitando situaciones de irracionalidad, que resultan especialmente significativas entre las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles estatales participadas por aquellas.
3. Se considera conveniente que se establezcan unos procedimientos que garanticen que la autorización de la masa salarial se produce con carácter previo al momento en que se comienzan a abonar las retribuciones a las que afecta dicha autorización y que esta se refiera a la totalidad del personal de las entidades, incluido el eventual.
4. Se reiteran las recomendaciones del Informe anterior relativas a dar la debida difusión a los Acuerdos del Consejo de Ministros y a las órdenes ministeriales; y a fijar, además de los importes máximos anuales de las dietas, el número máximo de reuniones que pueden dar lugar a su devengo y la cuantía máxima de la dieta por cada reunión.

El contenido íntegro de estos informes, que se han elevado a las Cortes Generales, se encuentran publicados en la página web del Tribunal (www.tcu.es)

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Marisol Gálvez

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