APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES DE LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

EL INFORME OBSERVA FALTA DE VALORACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS EN  LÍNEAS DE SUBVENCIONES OTORGADAS

• El TCu recomienda la elaboración, por parte de los departamentos ministeriales, de una adecuada planificación estratégica que incluya indicadores de seguimiento y análisis de desviaciones

Madrid, 1 de diciembre de 2014.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de Fiscalización de los Planes Estratégicos de Subvenciones (PES) de los Ministerios del Área Político-Administrativa del Estado”. Esta fiscalización ha tenido entre otros objetivos los siguientes: comprobar que tanto el procedimiento de elaboración de los PES, como su contenido, se adecuaban a la normativa aplicable; analizar el seguimiento y control realizado sobre los Planes, comprobando que se cumplían las disposiciones legales y reglamentarias; examinar el grado de eficacia y eficiencia de los PES en relación con sus objetivos y con el empleo de sus recursos; así como verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Respecto a la elaboración, contenido y ejecución de los PES, en el período fiscalizado (2007 a 2012) el informe detecta algunas deficiencias. Entre otras,  el hecho de que no fueran aprobadas normas ni para su elaboración ni para determinar cuál sería el contenido de los informes de seguimiento de estos Planes. Si bien no existe ningún precepto legal que exija la aprobación de estas normas, su existencia ayudaría a los gestores públicos a la hora de llevar a cabo sus actuaciones de política de subvenciones.

Los Planes Estratégicos de Subvenciones elaborados por los ministerios de Defensa, Interior y Justicia no incluían, según el presente informe, la definición íntegra de su ámbito de actuación subjetivo. Presentaban, asimismo, una serie de deficiencias en aspectos tan esenciales como son la falta de valores objetivos para los indicadores que habían sido definidos.

En cuanto a los Planes elaborados por el Ministerio de Cultura, que se adecuaron tanto en su ámbito subjetivo como de contenido a lo previsto en la normativa, solo abarcaron el periodo 2009-2011, sin que ni con anterioridad ni posterioridad se emplease este instrumento de planificación. Por su parte, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación como el de la Presidencia no habían elaborado ningún PES durante en el período fiscalizado.

Por otra parte, el informe pone de manifiestos que tanto los PES  como los demás instrumentos de planificación elaborados por los ministerios no fueron publicados ni en el BOE, ni en la página web del ministerio correspondiente, a excepción de los Planes de I+D+i. Aunque no existía ningún precepto legal que obligue a su publicación, esta hubiera permitido incrementar la transparencia en la gestión de subvenciones realizada por los distintos departamentos ministeriales.

A partir del próximo 10 de diciembre deberán publicarse en la forma determinada por cada Administración competente, en virtud de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Con carácter general, se ha observado que, bien  por la ausencia total de la labor de actualización o seguimiento de los PES y de los demás instrumentos de planificación o bien por una ejecución insuficiente de esta, los Departamentos ministeriales no han realizado valoraciones de los resultados obtenidos por las distintas líneas de subvenciones. Ello supone que el mantenimiento de las ayudas contenidas en los planes, a lo largo del periodo 2007-2012, no se ha basado en una valoración previa sobre su grado de eficacia y eficiencia, ni en la adecuación de los niveles de recursos empleados con los resultados obtenidos, vaciando a los PES de todo valor como instrumentos de planificación y de mejora continua de la gestión.

Los controles realizados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)  en el período fiscalizado se extendieron exclusivamente al PES de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia 2007-2009, del Ministerio de Justicia, por lo que no se ejecutó la competencia regulada en la Ley General de Subvenciones y no se obtuvieron resultados significativos para la valoración de las líneas de subvenciones, como prevé la normativa.

A este respecto, el Ministerio de Economía y Hacienda, en las sucesivas órdenes ministeriales anuales de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, no señaló los PES que cada año debían ser objeto de un seguimiento especial.

Por lo que se refiere al análisis de la normativa sobre igualdad, los PES y demás instrumentos de planificación elaborados no contuvieron previsión alguna de los ámbitos que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se debían reflejar en las bases reguladoras de las subvenciones gestionadas, incumpliendo el artículo 35 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El Informe concluye con unas recomendaciones que, en opinión del Tribunal, permitirán eliminar las deficiencias detectadas en la fiscalización, como, por ejemplo, las relativas a la necesidad de elaborar, por parte de los Departamentos ministeriales y sus entidades dependientes, unos PES que permitan una adecuada planificación estratégica en materia de subvenciones, incluyendo la definición de indicadores de seguimiento, el análisis de las desviaciones producidas y la toma de decisiones para la mejora continua de la política en materia de subvenciones. Además, se considera aconsejable que la IGAE ejerza el control y evaluación de los resultados derivados de la aplicación de los PES.

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Marisol Gálvez

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