APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EJERCICIO 2015

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EJERCICIO 2015

Madrid, 6 de febrero 2018.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de Fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicio 2015”.

La fiscalización se ha dirigido al conjunto de centros que conforman la estructura docente, cultural y de investigación de la Universidad de La Rioja, junto con el de las restantes entidades creadas para la promoción y desarrollo de sus fines, a fin de verificar que las cuentas anuales de la universidad reflejan la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y de los resultados del ejercicio, de conformidad con los principios contables y presupuestarios que resultan de aplicación, así como el cumplimiento de la legislación aplicable, evaluando a este respecto la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos.

El Informe aprobado sigue la tendencia seguida en cada una de las actuaciones realizadas sobre la universidad con carácter anual, si bien en las presentes cabe destacar las siguientes novedades:

-       En relación con la investigación, se han incluido nuevos parámetros que se han estimado necesarios para analizar esta actividad, dado que el volumen y calidad de publicaciones es uno de los indicadores más utilizados para medir y comparar la capacidad de las universidades para producir ciencia.

-       En relación con la observancia de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se han realizado comprobaciones efectuadas sobre los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, a fin de observar la paridad en las comisiones de valoración constituidas al efecto, dando lugar a la constatación que el Real Decreto 1313/2007, de 5 octubre, que regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, no obstante ser posterior en el tiempo a la Ley Orgánica 3/2007, no exigió de manera expresa el requisito de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las comisiones de valoración, lo que ocasiona la falta de cumplimiento de este criterio que se estima esencial para remover los obstáculos de la carrera de la mujer en las universidades, como lo demuestran las pruebas específicas realizadas.

-       Por último, en relación con la labor de tutela realizada por las Comunidades Autónomas y el grado de cumplimiento de las recomendaciones señaladas en el último informe de fiscalización, desde la nueva perspectiva de la consideración de las universidades públicas como entidades pertenecientes al denominado sector público institucional, en virtud de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, hay que señalar la disposición tanto de la universidad como de la Comunidad Autónoma en la adopción de acciones necesarias para proceder a su cumplimiento, lo que requerirá un proceso legislativo ya iniciado pero dilatado en el tiempo.

Del análisis de los resultados obtenidos en la fiscalización, en el Informe se exponen, entre otras, las siguientes conclusiones:

-       Las cuentas anuales de la Universidad de La Rioja, correspondientes al ejercicio 2015, que comprenden el balance de situación, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del Presupuesto y la memoria reflejan, en sus aspectos significativos, la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y de los resultados en el ejercicio fiscalizado a la fecha de cierre del ejercicio, así como los resultados de sus operaciones y, en su caso, los flujos de efectivo o de la ejecución del presupuesto de conformidad con el marco normativo de información financiera y la normativa presupuestaria que resultan de aplicación. Sin afectar a la opinión sobre las cuentas anuales expresada, hay que señalar la falta de implantación en estos ejercicios de una contabilidad analítica.

-       El resultado económico-patrimonial ha sido negativo por 1,4 millones de euros, motivado fundamentalmente por un incremento de los gastos de gestión ordinaria, y en especial los de personal. En torno al 85% de los ingresos del ejercicio corresponden a las transferencias y subvenciones recibidas, la mayor parte otorgadas por la comunidad autónoma, por lo que se observa una fuerte dependencia financiera de la universidad, que se ha visto complicada por la falta de concreción del plan de financiación plurianual con la comunidad autónoma para el periodo 2014-2015.

-       Para 2015, los presupuestos de la universidad establecen un límite de gasto de 53,1 millones de euros que, según la liquidación presupuestaria, no fue sobrepasado.

-       El remanente de tesorería presenta un importe negativo de 15.000 euros, el cual ha dado lugar a proceder por parte del Consejo Social a reducir gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido.

-       La evolución de los recursos humanos de que dispone la universidad para el desarrollo de sus funciones muestra un aumento de efectivos del 2,9%, hasta los 648 efectivos, habiéndose verificado el cumplimiento de las prescripciones legales relativas a la oferta de empleo del 2015, con la correspondiente autorización por parte del órgano competente de la comunidad autónoma También se ha comprobado el cumplimiento del art. 48 de la LOU respecto de las limitaciones que establece en la contratación del personal docente e investigador contratado y del personal docente e investigador con contrato laboral temporal. Esto no obstante, en relación con el incremento de efectivos habido en 2015 no amparado por la ejecución de ofertas públicas de empleo del ejercicio o de ejercicios anteriores, hay que señalar que la ley de presupuestos autonómica para 2015 estableció una serie de requisitos para la contratación de personal temporal y personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, como la autorización previa de la Dirección General de la Función Pública y de la Oficina de Control Presupuestario, la cual no fue solicitada por la universidad.

-       Como se viene señalando en sucesivos informes, se percibe una falta de seguridad jurídica existente en diversos aspectos relacionados con el personal de las universidades públicas, de las que la comunidad autónoma debería regular aquellas especialidades reconocidas a la universidad que se aparten del resto de su sector público en atención a sus peculiaridades, con respeto a la legislación básica estatal dictada en la materia.

-       Transcurridos diez años desde la adaptación de la LOU a los valores y postulados de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, hay que señalar la falta de cumplimiento de los objetivos propuestos en materia de paridad, como se viene señalando en Informes de ejercicios anteriores. La universidad ha mejorado ligeramente la paridad por género de su personal, presentando una paridad por encima de la media nacional.

-       No se ha justificado, adecuada y suficientemente, la existencia de una auténtica, efectiva y concreta necesidad de interés público motivadora de la tramitación de los contratos analizados y en la mayor parte de los mismos se han utilizado modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares de carácter excesivamente genérico.

-       En el Informe aprobado se realiza un estudio referido a las áreas de la actividad docente e investigadora a través de parámetros e indicadores adecuados para valorar el grado de eficiencia y economía alcanzado por la entidad en la gestión de los fondos públicos.

-       En cuanto a las funciones y competencias de control encomendadas al Consejo Social, se ha comprobado la intervención formal del mismo, si bien se siguen observando determinadas incidencias que afectan al control ejercido por el mismo. Se sigue estimando la necesidad de incluir en el marco general de actuación de la Unidad de Control Interno normas precisas que delimiten el estatuto jurídico de su personal, así como mejorar la insuficiente dotación de personal de esta unidad para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas

-       Teniendo en cuenta que a la fecha de la aprobación del Informe de Fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicios 2013-2014, la universidad ya había formulado las cuentas correspondientes al ejercicio 2015 fiscalizado, y la nueva perspectiva de la consideración de las universidades públicas como entidades pertenecientes al denominado sector público institucional, hay que señalar la disposición de la universidad en la adopción de acciones necesarias para proceder al cumplimiento de las recomendaciones formuladas. Esto no obstante, la comunidad autónoma no ha satisfecho adecuadamente el requerimiento efectuado a fin de comunicar las medidas adoptadas o en vías de realización respecto a las recomendaciones formuladas.

Tras el análisis realizado, el Informe formula una serie de recomendaciones, entre ellas, las siguientes:

• A fin de avanzar en la sostenibilidad financiera de la universidad, y no obstante la voluntad de la comunidad autónoma puesta de manifiesto mediante la aprobación del “Protocolo de financiación plurianual de la Comunidad de La Rioja a la Universidad de La Rioja para el periodo 2014-2015” y los correspondientes a ejercicios posteriores, se estima oportuno que se establezca un marco estable de financiación para la universidad, y que al mismo tiempo la universidad proceda a la elaboración de programaciones a medio o largo plazo a incluir en su plan estratégico, con los ajustes necesarios, todo ello de acuerdo con los objetivos establecidos para la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la CA.
• Respecto de los concursos convocados para los cuerpos docentes universitarios, la universidad debería posibilitar la composición paritaria en las comisiones de valoración constituidas al efecto.
• Resulta necesario que se adopten las medidas oportunas a fin de impulsar la actividad de transferencia del conocimiento, en el marco de medidas coordinadas por las diferentes administraciones públicas competentes que impulsen esta actividad.

El contenido del presente Informe (nº 1.258) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es)

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Marisol Gálvez

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