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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

PRIMERA JORNADA DEL CURSO SOBRE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

4/10/18

El Presidente de la Sección de Enjuiciamiento de la Institución, en la jornada del curso sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público y el Tribunal de Cuentas, en Logroño

LAS DOS FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, “FISCALIZACIÓN Y ENJUICIAMIENTO, SE COMPLEMENTAN PARA PREVENIR Y LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN”, SEGÚN JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

  • Junto al Presidente de la Sección de Enjuiciamiento, en las jornadas de ayer participaron, entre otros ponentes: Felipe García Ortiz, Consejero del Departamento 4º de Fiscalización y del 3º de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, y Miguel Ángel Torres Morato, Fiscal-Jefe de la Institución.
  • Durante su intervención, el Consejero del Tribunal de Cuentas, Felipe García Ortiz, destacó las aportaciones de la nueva Ley de contratación pública, “para garantizar una mayor transparencia, un incremento de la competencia; además de para evitar las prácticas colusorias o abusivas”.
  • Por su parte, el Fiscal-Jefe de la Institución, Miguel Ángel Torres Morato, señaló “el efecto vertebrador de su Fiscalía en la defensa de los intereses económicos de las Administraciones. Máxime, cuando, frecuentemente, las entidades públicas que han sido perjudicadas no demandan el reintegro de los daños que han sufrido en su patrimonio, como consecuencia de la actuación de sus gestores”.

Logroño/Madrid, 4 de octubre de 2018.- La primera jornada del curso, dedicada a exponer una panorámica general de la contratación pública, se abrió con una ponencia del Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, José Manuel Suárez Robledano, sobre los aspectos generales de la actuación de la Institución en la contratación pública. En este sentido, y tras esbozar la actividad del Tribunal en su doble función, fiscalizadora y de enjuiciamiento, Suárez Robledano centró su intervención en la función de fiscalización en materia de contratos, destacando que: “mediante su actividad fiscalizadora, el Tribunal realiza una verdadera función de prevención de la corrupción”. De hecho, continuó, “en los resultados de la fiscalización se hacen constar todas aquellas infracciones, abusos o prácticas irregulares que en los trabajos se han ido observando y, de esta forma, puede encontrarse con bolsas o focos de fraude”.

A continuación, Suárez Robledano, habló del informe de fiscalización como un medio de prueba, muy cualificado, en los procedimientos de enjuiciamiento contable que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas desde su Sección de Enjuiciamiento; así como de las aportaciones más relevantes de la nueva Ley, en el ámbito de la prevención y en relación con las funciones del Tribunal. En este punto destacó la novedosa estructura de remisión de información sobre contratos al Tribunal, que plantea la nueva Ley.

En referencia a la colaboración institucional, y en una clara visión hacia la función de prevención que en materia de corrupción desarrolla el Tribunal de Cuentas con su actividad fiscalizadora, José Manuel Suárez Robledano, se refirió a un órgano de singular importancia en esta cuestión, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del Consejo de Europa, del que destacó cómo en una de sus recomendaciones se señala que: “no hay que echar en saco roto los resultados de las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas detectando irregularidades.”

El Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal terminó su intervención refiriéndose al complace en la nueva Ley de contratación pública. Señaló su relevancia “a la hora de implantar programas de cumplimiento en toda aquella empresa que desee contratar con la Administración Pública, con el objetivo de prevenir y evitar la posible existencia de irregularidades en la futura ejecución de contratos. De hecho “están siendo objeto de estudio el éxito que ha supuesto en España la implementación de tales programas, a fin de evitar la comisión de delitos por los directivos y empleados de las referidas empresas, todo ello con el objetivo primordial de prevenir y detectar delitos en esta materia”.

 

Garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos

 

A continuación intervino el Consejero del Tribunal de Cuentas, Felipe García Ortiz, para exponer el ámbito de competencia de la función de enjuiciamiento de la Institución en la contratación del sector público. En referencia a la nueva Ley, García Ortiz destacó que, “además de aportar una mayor transparencia en la contratación, incrementa la competencia y ayuda a evitar prácticas colusorias o abusivas.”

Felipe García Ortiz señaló que “la actividad contractual, además de encontrarse sometida al principio de legalidad, ha de garantizar una gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos. Con la nueva Ley, por ejemplo, se han eliminado prácticamente los procedimientos de contratación directa sin publicidad, que se han demostrado absolutamente ineficaces dado que impiden la concurrencia de ofertas, o se han establecido restricciones para las modificaciones de contratos o las subcontrataciones, intentando fomentar la concurrencia y competencia en las licitaciones y el acceso de la pequeña y mediana empresa a la licitación pública.”

En cuanto al ámbito de la actuación del Tribunal de Cuentas en sus dos funciones esenciales, Fiscalizadora y Jurisdiccional, en materia de contratación, el Consejero apuntó que: “los sujetos integrantes del Sector Público deben rendir periódicamente al Tribunal de Cuentas una serie de información y documentación. Para facilitar este proceso, de naturaleza compleja, el Tribunal, en la línea de modernización que ha emprendido en los últimos años, ha implantado dos Plataformas de rendición telemática de contratos -una para la Administración Estatal y Autonómica, por un lado, y otra para la Administración Local, por otro-”. De esta forma, y a la vista de las deficiencias detectadas en el análisis de la información y documentación rendidas, García Ortiz apuntó “las posibles derivaciones a la jurisdicción contable, bien por tratarse de alcance o malversación de caudales públicos, lo que podría dar lugar al procedimiento jurisdiccional de reintegro por alcance, o bien por tratarse de otros supuestos de responsabilidad contable que podrían derivar en una pieza separada y, en su caso, en un juicio de cuentas. En síntesis, los supuestos de responsabilidad contable giran en torno a conceptos como la existencia de pagos injustificados, la existencia de pagos excesivos o la inacción de la Administración en la exigencia del resarcimiento del daño provocado por el adjudicatario de los contratos.

Por último, hizo referencia a una serie de sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, que constituyen la doctrina de la Sala y que sientan una serie de principios de la jurisdicción contable en materia de contratación pública, como son por ejemplo: que la infracción de la normativa reguladora de la contratación no supone, por sí misma, la declaración de responsabilidad contable, por resultar necesaria la existencia de un daño real, efectivo, evaluable económicamente e individualizado, o ser necesario, para que pueda declararse la responsabilidad contable en asuntos referidos a la contratación pública, que de la valoración de la prueba practicada, se llegue a la conclusión de que el precio pagado ha sido excesivo o no se ajusta al valor de mercado.

 

La Fiscalía ante una materia de especial riesgo

 

La intervención del Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato, por su parte, se desarrolló en torno al papel de la Fiscalía, en materia de contratación, centrándose en la detección de indicios de responsabilidad penal y contable y en el ejercicio de la acción contable.

Tras plantear diversas consideraciones -que están conectadas con la presencia del Ministerio Público en el Tribunal de Cuentas-, Torres Morato analizó su función en materia de contratación y, en especial, a la atención que la Fiscalía dedica a las irregularidades que se ponen de manifiesto en los informes de fiscalización del Tribunal ya que, como señaló el Fiscal-Jefe, son “áreas de auténtico riesgo” y, en este sentido, la Fiscalía trabaja con el objetivo de “individualizar los posibles menoscabos ocasionados a los entes públicos y determinar los presuntos responsables contables”.

Miguel Ángel Torres Morato también puso de manifiesto la coordinación entre la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y el resto del Ministerio Fiscal, de tal forma que “podamos obtener los mejores resultados en la lucha contra la corrupción”. El Fiscal-Jefe también habló sobre su posición en el ámbito de la jurisdicción contable y, en este punto, señaló que “tiene un efecto vertebrador en la defensa de los intereses económicos de las Administraciones Públicas; máxime -añadió- cuando, frecuentemente, las entidades públicas perjudicadas no demandan el reintegro de los daños sufridos en su patrimonio, como consecuencia de la actuación de sus gestores”.

El Fiscal-Jefe del Tribunal también se refirió a las posibles reformas que puedan facilitar la labor de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y, en este sentido, señaló que “se ha solicitado la configuración de un único procedimiento de responsabilidad contable y se ha reflexionado sobre la conveniencia de incrementar el número de fiscalizaciones sobre la contratación de las entidades locales. Como también se ha destacado la tarea fundamental que, en materia de control interno, realizan los interventores y secretarios de dichas corporaciones”.

 

Transparencia y Fiscalización

 

“La Función Fiscalizadora del Tribunal de Cuentas: transparencia, fiscalización y control de la contratación del Sector Público” fue el título de la intervención del Director Técnico del Tribunal de Cuentas, Juan Carlos López, quien estructuró su ponencia en tres partes. En la primera de ellas, hizo referencia a la aprobación de la propia Ley, su publicación en el BOE y a la Disposición sobre su entrada en vigor. Sobre esta, Juan Carlos López señaló que fue una Disposición Final que estableció, con carácter general, una vacatio legis de cuatro meses, así como determinadas excepciones referidas, fundamentalmente, a diferentes entes: la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de Cooperación en materia de contratación pública, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación y la Oficina Nacional de Evaluación. En este punto, Juan Carlos López señaló que, desde la perspectiva del Tribunal y dada la elaboración de su Programa Anual de Trabajo, es “a partir de ahora cuando empezarán a fiscalizarse las actividades de los centros públicos sometidas plenamente a la nueva Ley de Contratos”. A continuación, el ponente habló sobre la transparencia, un concepto que según señaló, “cada vez posee mayor regulación jurídica pero que, sin embargo, a nivel legal nunca ha sido definida, ni siquiera en su propia ley. Si bien, existen sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, órgano que procedió a dar este esbozo de definición de un concepto que, por parecernos obvio a todos, no había sido objeto de una definición estricta”.

En la tercera y última parte de su intervención, se refirió a las leyes propias del Tribunal y a la actuación de la Institución en la fiscalización de la contratación que, como señaló, “se remonta, no solo a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/1982, sino incluso a etapas anteriores”. En este punto, Juan Carlos se refirió a los programas de trabajo de la Institución y a su Plan Estratégico, así como a los primeros informes realizados por el Tribunal, a las instrucciones que desde él se dirigen a los órganos de contratación y, por último, a los principales hallazgos de auditoría de todo este largo periodo.

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

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