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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

La fiscalización y las consecuencias jurídicas de la contratación pública

16/10/19

Segunda jornada del curso sobre la experiencia práctica y el análisis de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en el Tribunal de Cuentas

LA FISCALIZACIÓN Y LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

  • La contratación pública siempre ha tenido especial importancia dentro de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, entre otras cuestiones, señaló el Presidente de la Sección de Fiscalización de la Institución, Javier Medina, por “el importante número de recursos públicos que conlleva dicha actividad administrativa y, especialmente, por el gran impacto social que han tenido algunas prácticas ligadas a la corrupción en esta materia”.
  • El Tribunal de Cuentas llevará a cabo, a solicitud de las Cortes Generales, una fiscalización de carácter global sobre la contratación, referida al conjunto del sector público en el que, partiendo de los informes específicos de fiscalización realizados en el ejercicio, se resuman y expongan las principales irregularidades y deficiencias detectadas en dichos informes.

Sevilla/Madrid, 16 de octubre de 2019.- Con el tema central “La fiscalización y las consecuencias jurídicas de la contratación pública” se desarrolló la jornada hoy, dentro del curso sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público que, organizado por el Tribunal de Cuentas, se está celebrando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

Las sesiones comenzaron con la intervención del Presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Javier Medina, con una ponencia sobre la experiencia de la fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la contratación pública. Medina inició su intervención contextualizando la importancia que, en las funciones del Tribunal de Cuentas, siempre ha adquirido la contratación pública, no sólo porque ello forma parte de lo previsto en las leyes reguladoras de la Institución o porque lo sea en la legislación general de contratación, sino también por “el importante número de recursos públicos que conlleva dicha actividad administrativa y, especialmente, por el gran impacto social que han tenido algunas prácticas ligadas a la corrupción en esta materia”.

Posteriormente, el ponente describió las tres fases en las que, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/82, de 12 de mayo, se han venido sucediendo las actuaciones del Tribunal de Cuentas. En este sentido, Javier Medina, señaló como la primera de ellas, hasta 2006, en la que predominan las fiscalizaciones cuyo objeto venía constituido por un determinado contrato o conjunto de contratos de una entidad pública. La segunda, hasta 2013, en donde las fiscalizaciones se llevaban a cabo a través de informes generales relativos a un determinado sector o subsector de las Administraciones públicas en su conjunto.

En esta etapa, las conclusiones y recomendaciones eran de carácter genérico, echándose en falta la identificación directa de los destinatarios de las mismas, lo que llevó al Pleno del Tribunal de Cuentas a reflexionar en cuanto a la conveniencia de su continuidad. De esta manera, se inicia una tercera etapa –que llega hasta el momento actual–, durante la cual se ha producido un desplazamiento de los informes generales en favor de informes específicos sobre contratación referidos a una entidad u organismo, manteniéndose, no obstante, los informes generales en los ámbitos de los sectores autonómico y local. En este sentido, Javier Medina, señaló que “durante el próximo ejercicio, y a solicitud de las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas pondrá en marcha un informe general de contratación referido al conjunto del sector público en el que, partiendo de los informes específicos de fiscalización realizados en el ejercicio, se resuman y expongan las principales irregularidades y deficiencias detectadas en dichos informes”.

Asimismo, destacó el puntual cumplimiento por parte de los entes fiscalizados de las recomendaciones contenidas en estos informes, así como, el impacto que las Mociones aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas han tenido en la legislación. De estas, puso como ejemplo dos mociones: la que versaba sobre la necesidad establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas, de 20 de noviembre de 2010, y la relativa a la necesidad de desarrollar un adecuado marco legal para el empleo de las encomiendas de gestión por las Administraciones públicas, de 22 de diciembre de 2016. También quiso destacar la importancia de las Instrucciones dictadas por el Tribunal de Cuentas en esta materia, como herramientas que han contribuido a canalizar y facilitar el flujo de información entre las Administraciones Públicas y el propio Tribunal de Cuentas.

Por último, y en referencia a los retos que plantean al Tribunal de Cuentas las clausulas sociales, medioambientales, etc. que recoge la nueva legislación como objetivo para lograr una mayor transparencia y una mejor relación calidad-precio en la contratación pública, el Presidente de la Sección de Fiscalización concluyó que “dichas novedades obligan, sin duda, a un replanteamiento de la función de control del Tribunal de Cuentas sobre la contratación pública, enriqueciendo las fiscalizaciones de cumplimiento con la incorporación de la verificación y el análisis en materia de gestión, extendiendo las mismas a las valoraciones sobre eficacia, eficiencia y economía de las decisiones adoptadas por los órganos de contratación, en las que se incluyan tales cláusulas”.

Por su parte, el Consejero de Fiscalización del Área de Administración Económica del Estado del Tribunal de Cuentas, Manuel Aznar, en su ponencia sobre la fiscalización de la modalidad contractual de colaboración público-privada a la luz de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, destacó que, como consecuencia de la trasposición de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, “la vigente Ley de Contratos del Sector Público ha hecho de la transferencia o no del riesgo operacional el eje sobre el que gira la distinción entre el contrato de concesión de servicios y el contrato de servicios, soslayando así el carácter público o no del servicio contratado. La actividad fiscalizadora deberá, por tanto, examinar la distribución de los riesgos, así como la sostenibilidad  financiera y la estabilidad presupuestaria de los contratos, ya que la viabilidad de los instrumentos a través de los cuales se canalice la  colaboración público-privada dependerá de la adecuación de estos factores”, concluyó.

Jornada de mañana, 17 de octubre

El tema central de la jornada será la contratación pública, control y garantías, y sobre esta base, las ponencias versarán sobre:

  • La problemática en la determinación de la solvencia del empresario y remedios en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
  • La Ley de Contratos del Sector Público como instrumento de lucha frente a la corrupción.
  • Los registros públicos y la contratación pública.
  • La contratación del sector público desde la perspectiva internacional de las organizaciones no gubernamentales: medidas de transparencia y prevención de la corrupción en las licitaciones de contratos públicos.
  • La actitud ética de las empresas privadas en la contratación pública.
  • El Juez financiario francés y el control de la contratación pública en Francia.
  • La compra pública de innovación en la contratación del sector público.
  • El papel de los tribunales de recurso contractuales después de la última reforma de la ley de contratación pública.

Asimismo, se celebrará una mesa redonda sobre el futuro de la contratación del sector público, al término de la misma se desarrollará la sesión de clausura en la que intervendrán:

La Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet; el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; la Presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente; el Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, José Manuel Suárez Robledano; el Rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ana Tárrago; la Decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el Decano del Colegio Notarial de Andalucía. Vicepresidente del Consejo General del Notariado, José Luis Lledó.

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

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