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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba la declaración sobre la cuenta general del estado, 48 informes y dos notas de fiscalización

3/09/20

Balance actividad fiscalizadora, 2019

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO,  48 INFORMES Y DOS NOTAS DE FISCALIZACIÓN

  • En 2019, el Tribunal de Cuentas continuó avanzando en uno de los objetivos previstos en su Plan Estratégico: acercar lo más posible los plazos del control a la gestión pública fiscalizada. Un 60,78% de los informes aprobados en el ejercicio correspondía a la gestión de los años 2017 y 2018; porcentaje que mejora la cifra registrada en 2018, respecto de los dos ejercicios anteriores, que ascendía a un 57,44%.
  • Además de la Declaración de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017, en 2019 se aprobaron 48 Informes, la Memoria Anual del Tribunal de Cuentas del año 2018 y dos Notas de fiscalización. En total, durante 2019 fueron aprobadas 51 fiscalizaciones, un 8,5% más que en 2018. Además, se hallaban en curso otras 76 fiscalizaciones.
  • Por iniciativas, el 78% de los informes aprobados correspondían a fiscalizaciones realizadas a propuesta del propio Tribunal.

Madrid, 3 de septiembre de 2020.- Durante 2019, el Pleno del Tribunal aprobó, además de la Declaración de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017, 48 Informes de fiscalización, la Memoria Anual del Tribunal de Cuentas del año 2018, y dos Notas de fiscalización -una sobre la situación, a 31 de diciembre de 2018, del proceso de reestructuración bancaria; y la segunda, en relación con el estado en el que se encontraba la liquidación del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil-. En total, respecto al ejercicio de 2018, las fiscalizaciones aprobadas por el Pleno se incrementaron en un 8,5%.

Asimismo, en su objetivo de impulsar la eficacia y eficiencia de la actividad fiscalizadora sobre el sector público, el Tribunal continúa avanzando en su objetivo de reducir, en lo posible, el plazo entre la gestión pública y su fiscalización. En este punto, hay que señalar que durante 2019, de los informes aprobados por el Pleno, un 60,41% correspondía al análisis de la gestión del sector público de 2017 y 2018; un porcentaje que supone una mejora respecto de la cifra registrada en 2018, respecto de los dos ejercicios anteriores, que representaba un 57,44%.

Por otra parte, de las 51 actuaciones fiscalizadoras aprobadas por el Pleno, un 78% corresponde a fiscalizaciones realizadas a iniciativa de la Institución. Asimismo, a lo largo de 2019, se hallaban en curso otras 76 fiscalizaciones. 

Sectores y ámbitos territoriales fiscalizados

Entre los informes aprobados en 2019, se encuentra la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017. Esta es una de las actuaciones fiscalizadoras más relevantes del Tribunal; puesto que en ella se analiza la situación financiera y patrimonial, el resultado de la actividad económico-patrimonial y la ejecución del presupuesto de las entidades que integran el sector público estatal y se emite opinión sobre la representatividad de los estados financieros.

El Plan Estratégico del Tribunal 2018-2021 (aprobado por el Pleno el 25 de abril de 2018) establece como objetivo estratégico esencial para el ejercicio de la función fiscalizadora: contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-financiera del sector público. Dicho objetivo se plasma en otros más específicos, tales como la realización de actuaciones que sirvan a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas para impulsar la adopción de medidas que contribuyan a conseguir un sector público más racional y eficiente; que fomenten buenas prácticas de organización, gestión y control de las entidades públicas; que identifiquen y fiscalicen las principales áreas de riesgo, especialmente aquellas que puedan propiciar el fraude y la corrupción; y que contribuyan al buen gobierno y a orientar la toma de decisiones en la gestión de la actividad económico-financiera pública. Estos son los principios que han servido de fundamento al desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras llevadas a cabo en 2019.

En el ámbito del sector público estatal, se efectuaron fiscalizaciones de la actividad contractual, una de las áreas consideradas como de riesgo por el Plan Estratégico. Entre las realizadas en este ámbito de gestión, se realizaron las correspondientes a la contratación de los ministerios de las áreas de las Administraciones Político-Administrativa y Económica del Estado, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como de los contratos celebrados para la ejecución del proyecto y obra del puente sobre la Bahía de Cádiz, Puente de la Constitución de 1812. Otras de las fiscalizaciones relacionadas con el ámbito estatal, que cabe destacar fueron: la que tuvo como objeto de análisis de la actividad integral del Patrimonio Cultural de España y el Centro de Investigaciones Sociológicas; el control sanitario del agua ejercido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la fiscalización de las subvenciones de Ayuda Oficial al Desarrollo gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Por su parte, en el ámbito empresarial estatal, los informes aprobados durante 2019 abordan el examen, entre otras cuestiones, de los expedientes de suspensión de contratos que han afectado a las líneas férreas de alta velocidad, y los procedimientos de gestión de los ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias de SEPIDES. También se ha verificado el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en informes anteriores relativos a la Autoridad Portuaria de Valencia; AENA, S.A.; SEPES Entidad  Pública  Empresarial  del  Suelo,  Empresa  Nacional  de  Residuos Radioactivos,  S.A.;  e  Ingeniería  y  Economía  del  Transporte,  S.M.E.  M.P.,  S.A.; y la fiscalización de la actividad de las sociedades públicas de integración del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad.

 

En relación con el sector financiero y otros entes estatales, el Tribunal ha realizado, el análisis de la actividad de la Agencia Española de Protección de Datos y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Asimismo, se aprobó por el Pleno la Nota de fiscalización en relación a la situación a 31 de diciembre de 2018 del proceso de reestructuración bancaria.

 

Por lo que se refiere a la Seguridad Social, se han fiscalizado, entre otros aspectos, la contratación celebrada por la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Fraternidad-Muprespa y los procedimientos de control y gestión de los deudores por prestaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), así como los procedimientos de gestión y control relativos a los recargos aplicados por la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

En el ámbito autonómico, el Tribunal, además de la fiscalización de la gestión de las Comunidades Autónomas que no cuentan con órgano de control externo propio OCEx –Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Rioja, y la Región de Murcia-, y del informe global del sector público autonómico, realizó la relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña; y a la contratación y a las universidades públicas de las comunidades autónomas sin OCEx.

 

Respecto al sector público local, la Institución efectuó en 2019, entre otras fiscalizaciones, la relativa a la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza); la relacionada con los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales, los adoptados sin el trámite de fiscalización previa, así como las anomalías detectadas en materia de ingresos de las comunidades autónomas sin OCEx; además del Informe global del sector público local y de la fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas viene verificando, como objetivos de carácter transversal, la verificación del cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de transparencia, en todo aquello que tenga relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. En este punto, cabe destacar que en 39 de los Informes aprobados en 2019 -un 76,47% del total-, se incluye el análisis sobre igualdad de género; y en 46 de los mismos -un 91,19% del total- se aborda un examen de la observancia de la normativa de transparencia.

Auditoría  de organismos internacionales

El Tribunal de Cuentas se relaciona, en el ámbito de la fiscalización, con diversas organizaciones internacionales que pertenecen a sectores tan diversos como el de la Sanidad o la Defensa; bien desarrollando la auditoría externa sobre los estados financieros de las mismas, bien participando en sus comités de auditoría.

Así, en 2019 se concluyeron los trabajos correspondientes a la auditoría de los estados financieros del ejercicio 2018 de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la que el Tribunal de Cuentas es auditor externo desde 2016, habiéndose recibido del Consejo Permanente de la OSCE una prórroga del mandato del Tribunal de Cuentas como auditor externo, por un año más, hasta el 30 de abril de 2020, extendiendo los trabajos de auditoría a los estados financieros de 2019.

El Tribunal de Cuentas forma parte de los comités de auditoría del Colegio Internacional de Auditores de la OTAN (IBAN); la Agencia NETMA (Nato Eurofighter and Tornado Agency); el Colegio de Auditores del Mecanismo de Financiación de Operaciones Militares y de Defensa de la Unión Europea (ATHENA); la Junta de Auditores de la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) y el Colegio de Auditores de la Agencia Europea de Defensa (EDA).

En concreto, el Tribunal de Cuenta ha participado en 2019 en las siguientes actividades:

  • En relación con la Agencia NETMA, en el marco de la fiscalización del Proyecto Avión de Combate Europeo EF-2000 (Eurofighter) del ejercicio 2018, el Tribunal de Cuentas desarrolló actuaciones fiscalizadoras correspondientes al ámbito nacional del proyecto; actuaciones que difieren y son adicionales de las realizadas por el Colegio Internacional de Auditores de la OTAN (IBAN), a quien le corresponde la auditoría del proyecto global en la Agencia NETMA, gestora del programa.
  • En cuanto a ATHENA, la Institución participó en la fiscalización de los estados financieros consolidados del ejercicio 2018 de dicho Mecanismo, que, durante ese ejercicio, financió las misiones: EUNAVFOR Atalanta, para la lucha contra la piratería en la costa de Somalia; EUFOR ALTHEA, destinada a mantener la paz en los Balcanes; EUNAVFOR MED Sophia, contra el tráfico de personas en el Mediterráneo; así como las misiones EUTM Somalia, EUTM Mali y EUTM República Centroafricana, encargadas de proporcionar asesoramiento y adiestramiento militar a las tropas de dichos países.
  • Respecto a OCCAR, el Tribunal de Cuentas participó en la auditoría del Programa Tiger, realizando los trabajos de campo en la sede del mismo en Bonn (Alemania).

Por lo que afecta a EDA, organismo dependiente del Consejo de Europa, durante 2019 el Tribunal participó en la planificación, trabajos de campo y elaboración del informe de auditoría externa relativo al ejercicio 2018, principalmente, en lo referente a los programas extra-presupuestarios.

Más información
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
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