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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2018

10/09/21

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2018

Madrid, 10 de septiembre de 2021.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, y que se realiza con periodicidad anual, expone los datos más relevantes contenidos en los informes de las fiscalizaciones elaborados por el Tribunal de Cuentas y por los Órganos de Control Externo autonómicos (OCEX) en relación con:  la rendición de cuentas y remisión de contratos, la ejecución presupuestaria, la situación patrimonial y la gestión en las áreas de endeudamiento, avales, gasto sanitario y contratación administrativa desde la perspectiva del sometimiento a los principios de legalidad, eficiencia y economía. Asimismo, se exponen los resultados relativos a la participación en los Fondos de Compensación Interterritorial y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

La verificación del cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, así como de las prescripciones de transparencia, tan solo se ha hecho respecto de las Comunidades Autónomas (CCAA) fiscalizadas por este Tribunal y por el Consejo de Cuentas de Galicia, ya que el resto de OCEX no lo incorporan a sus actividades fiscalizadoras.

En cumplimiento de lo solicitado por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas de 28 de abril de 2015, se han incorporado a este Informe los resultados relativos a la implantación por las universidades públicas del sistema de contabilidad analítica.

La fiscalización se ha llevado a cabo sobre las Administraciones Generales; empresas, fundaciones y consorcios públicos autonómicos; y sobre las universidades de dicho sector, a efectos de obtener y proporcionar la información con un enfoque más amplio y homogéneo.

Entre las principales conclusiones que recoge el Informe se encuentran las siguientes:

  • El porcentaje de las cuentas rendidas en plazo asciende al 85,4%, las rendidas fuera de plazo al 8,8% y las no rendidas al 5,8 %. Los porcentajes han mejorado en las no rendidas respecto a los ejercicios anteriores. Los principales retrasos e incumplimientos se presentan en los consorcios (41%), fundaciones (27%) y empresas (18%).
    El número de contratos recibido por el Tribunal y los OCEX correspondientes al año 2018, excluidos los contratos menores, asciende a 29.099, cantidad superior a la del ejercicio precedente (23.770) y por importe igualmente superior, 10.481 millones de euros, respecto al de 2017 (8.786 millones de euros). El número de contratos menores celebrados en 2018 asciende a 1.035.443, con un importe total de 2.302 millones de euros.
  • En relación con la actividad económico-financiera de las Administraciones Generales, al igual que en ejercicios anteriores, existe diferencia entre los créditos finales y las previsiones finales, lo que viene motivado porque en algunas CCAA no se registran en el estado de ingresos las modificaciones presupuestarias que deben financiar las correspondientes del presupuesto de gastos, por lo que no se mantiene el equilibrio presupuestario. Para el conjunto de las Administraciones Públicas las modificaciones han supuesto un 7,2 % de incremento de los créditos iniciales y un 6,6 % de las previsiones iniciales.
    El resultado presupuestario, para el conjunto de las Administraciones Públicas es negativo, si bien supone una mejora del 31,7 % respecto a 2017, también negativo. El saldo presupuestario es positivo, si bien un 69,5 % inferior al del ejercicio anterior.El valor del inmovilizado del conjunto de las Administraciones Públicas es de 78.205 millones de euros.
    El valor del activo no corriente es de 118.771 millones de euros y el del activo corriente de 25.447 millones de euros. Con carácter general debe señalarse que, en la gestión de estos activos, por las Administraciones Generales y organismos autónomos, no se cuenta con inventarios de bienes y derechos completos y debidamente valorados y, en algunos casos, no hay concordancia entre los datos contables y los del inventario.
    El remanente de tesorería en conjunto es negativo, por importe de576 millones de euros, frente a un remanente también negativo en 2017 de 282 millones de euros. Las CCAA que tienen remanentes de tesorería negativos en el ejercicio 2018 son Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Illes Balears, La Rioja, Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias, la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana.
    Con carácter general las Memorias de las Cuentas Generales de las CCAA se presentan incompletas, no incluyendo suficiente información que permita ampliar y completar la contenida en los estados financieros y en algunas Comunidades la estructura de la Memoria no se adapta a sus respectivos Planes Generales de Contabilidad Pública.
    El saldo del endeudamiento de las Administraciones Generales ha supuesto una variación anual media del 2% frente al 5% de 2017. Respecto al principio de prudencia financiera relativo a que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses (carga financiera), no exceda del 25 % de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma, cabe señalar que en el ejercicio 2018, se ha cumplido en todas las CCAA.
    Las Administraciones generales de las Comunidades y Ciudades Autónomas no han concedido avales en el periodo fiscalizado, con excepción de Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y la Comunitat Valenciana.
  • El gasto sanitario correspondiente al sector autonómico supuso 65.886 millones de euros, lo que representa el 5,5% del PIB. El gasto per cápita medio fue de 1.415 euros por habitante. En 2018, un 44,5% de dicho gasto ha sido originado por tres CCAA: Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid. El gasto en retribución de asalariados alcanzó la cifra global de 29.740 millones de euros, lo que representa el 47,4% del gasto consolidado del sector, y experimentó un incremento de un 3,8% respecto al año anterior y el gasto en farmacia se cifró en 10.984 millones de euros, lo que representa el 16,5% del gasto consolidado del sector, y experimentó un aumento de un 2,6% respecto al ejercicio precedente. El gasto en asistencia sanitaria hospitalaria y especializada se cifró en 41.215 millones de euros y experimentó un incremento de un 3,1% respecto al 2017.
  • En materia de contratación, como en ejercicios anteriores, se observa en determinados expedientes una insuficiente justificación sobre la necesidad de celebrar el contrato; deficiencias en el establecimiento, definición y aplicación de los criterios objetivos de adjudicación, así como una incorrecta determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios; en otros casos se detecta la ausencia de informes o estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado; en algunos expedientes de contratación seguidos por los trámites de urgencia o emergencia no resulta debidamente documentada la concurrencia de las circunstancias legalmente exigidas. También se han observado supuestos de incumplimientos en los plazos de ejecución de las prestaciones correspondientes al contratista y, en los que se aprecia que este, por causas imputables al mismo, ha incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo total, existienco casos en que la Administración no ha ejercitado ninguna de las opciones que le atribuye la normativa, sea la resolución del contrato o la imposición de penalidades.
  • En relación con los resultados más relevantes sobre empresas, fundaciones, consorcios y universidades, el Informe indica que el activo total del sector empresarial autonómico, en términos agregados, asciende a 58.287 millones de euros y presenta resultados de explotación positivos, por importe de 90 millones de euros, para las empresas y negativos por importe de 2.725 millones de euros para los entes públicos empresariales. El resultado total en el ejercicio para el conjunto del subsector fundacional presenta un superávit de 42 millones de euros, frente al déficit de 11 millones de euros del ejercicio 2017. Las subvenciones aplicadas al ejercicio han resultado inferiores en un 5,5 % a las aplicadas en el ejercicio anterior Respecto a los consorcios, se insiste en la necesidad de completar y delimitar con precisión el registro de los que conforman el sector público autonómico dada la variedad de entidades consorciadas, que dificulta la adscripción de los mismos al correspondiente sector local o autonómico. Para los tres subsectores la financiación sigue procediendo, en un importante porcentaje, de las subvenciones que perciben de la CA respectiva y, en menor medida, de otras Administraciones (estatal y/o europea) y de los ingresos por la realización de trabajos, en su mayoría por encargo de las propias administraciones autonómicas. Respecto al subsector universidades, el total de las modificaciones reales sobre los créditos inicialmente aprobados supone un incremento del 26 %, lo que pone de manifiesto que las universidades deberían elaborar con rigor sus presupuestos antes del comienzo del correspondiente ejercicio económico, incluyendo en los mismos toda su actividad docente e investigadora, de modo que, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales sean las menos posibles, y, en todo caso, debidamente justificadas y acompañadas de la correspondiente financiación.
  • Respecto a los Fondos de Compensación Interterritorial, la cuantía global de los previstos para 2018 ascendió a 432 millones de euros, como en los tres ejercicios anteriores. Como en ejercicios anteriores, las dotaciones se han destinado a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Principado de Asturias, Región de Murcia, Comunitat Valenciana y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
  • El objetivo de estabilidad del ejercicio 2018 fijado para las CCAA fue de un déficit del 0,4 % del PIB. El déficit global a efectos de la verificación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria es de 3.311 millones de euros, el 0,28 % del PIB nacional, por lo que se ha cumplido el objetivo para el conjunto del subsector autonómico, con excepción de las CCAA de Andalucía, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla han cumplido el objetivo, que fue de equilibrio.
    Todas las CCAA y las Ciudades Autónomas han cumplido la regla de gasto, con la excepción de Andalucía, Illes Balears, Región de Murcia y la Comunitat Valenciana.
    La totalidad del subsector autonómico, con la excepción de Andalucía, ha cumplido los objetivos previstos para deuda pública.
  • En relación con la implantación por las universidades públicas del sistema de contabilidad analítica, se señala que en el ejercicio 2017 o curso académico 2017/2018 fiscalizado, ninguna universidad había implantado con plena efectividad un modelo de contabilidad analítica que cumpliera de una manera estricta con los requerimientos establecidos en el art. 81 de la LOU en el ámbito temporal de estas actuaciones, es decir, que los resultados de la misma hayan servido de fundamento a la CCAA para dictar la normativa de fijación de los correspondientes precios públicos de dicho curso. Esto no obstante, de acuerdo con los trabajos efectuados, hay que señalar que las Universidades de Santiago de Compostela y de Zaragoza han desarrollado un sistema de costes que ofrece información detallada del coste de las titulaciones y del resto de actividades;,las universidades públicas de la CA; de Cataluña, a través del denominado Modelo CASUC, y la Universidad de Vigo, habían implantado un sistema de contabilidad analítica en dicho curso, si bien para las primeras estaba pendiente de validación por parte del Ministerio y de la IGAE, y la de Vigo no ofrecía los márgenes por actividad y no publicaba los datos obtenidos en el portal de transparencia.
    Del resto de universidades se ha comprobado que la práctica totalidad de las mismas ha realizado un significativo esfuerzo y logrado, con mayor o menor grado de definición, un modelo de costes en 2017, posponiendo con carácter general el momento de su definitiva implantación a un ejercicio posterior al fiscalizado, todo ello en los términos que se señalan en el informe.
    Todo ello sin perjuicio de las sucesivas modificaciones del art. 81.3.b de la LOU respecto a la fijación de los precios públicos universitarios de enseñanzas oficiales, en el que las horquillas fijadas inicialmente por la reforma establecida por el Real Decreto-ley 14/2012 para las enseñanzas universitarias de Grado y Máster se han suprimido totalmente.
  • También se ha analizado el procedimiento de fijación y modificación de los precios públicos relativos a estudios conducentes a títulos oficiales de las universidades públicas en las CCAA. El sistema establecido debe ponderarse más por su sencillez que por ajustarse a las prescripciones de la ley, todo ello motivado por la falta de un sistema de contabilidad analítica plenamente implantado.
  • En cuanto al modelo de financiación ordinaria de las universidades públicas, de las 17 CCAA sólo 6 contaban en 2017 con modelos plurianuales materializados en convenios de colaboración, planes de financiación o contratos programa suscritos entre las mismas y sus universidades; y en otras 3 CCAA este modelo de financiación entró en vigor en 2018.
  • Se ha observado que el sistema transitorio de financiación de ayudas al estudio universitario establecido mientras se implanta definitivamente el modelo de contabilidad analítica no es neutral respecto de las obligaciones financieras de las CCAA, de manera que el efecto de la subida de los precios públicos previsto en la reforma de la LOU, en el caso normal de que se produzca, se traslada a los presupuestos de las CCAA por la parte del componente de beca de matrícula no cubierta por el Estado.

 

El contenido de este Informe (nº. 1.443) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es


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