Escudo Oficina de Prensa


TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de la fiscalización horizontal de la imposición y el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, ejercicios 2017 y 2018

12/03/21

Fiscalización realizada a iniciativa del Tribunal de Cuentas

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE LA FISCALIZACIÓN HORIZONTAL DE LA IMPOSICIÓN Y EL COBRO DE SANCIONES EN ENTIDADES CON FUNCIONES DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MERCADOS, EJERCICIOS 2017 Y 2018

Madrid, 12 de marzo de 2021.- Esta fiscalización, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha comprobado el cumplimiento de la normativa aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora y evaluado los sistemas y procedimientos de control interno y de gestión aplicados en el procedimiento sancionador en cuatro entidades con funciones de supervisión, inspección y regulación de mercados o sectores de actividad y que tienen atribuida potestad sancionadora para velar por el cumplimiento de la normativa en cada uno de ellos. Estas entidades son: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Banco de España (BE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como resultado de la fiscalización, el Informe recoge las siguientes conclusiones:

  • En relación con la tramitación de los procedimientos sancionadores, se señala que las entidades fiscalizadas aplicaban de manera diversa los supuestos de terminación de los procedimientos introducidos por el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), con reducciones de cuantía de hasta el 40% de la sanción por el reconocimiento de la responsabilidad y el pago anticipado. La AEPD y la CNMV ofrecían esta posibilidad en el acuerdo de incoación, permitiendo la terminación del procedimiento en este momento, mientras que la CNMC y el BE consideraban que por la complejidad de sus procedimientos sancionadores no contaban con los elementos necesarios para concretar la calificación de los hechos y la determinación de la sanción en el acuerdo de incoación, por lo que no ofrecieron estos modos de terminación del procedimiento hasta la propuesta de resolución. La aplicación de la referida posibilidad de terminación de los procedimientos sancionadores con arreglo al artículo 85 de la LPAC fue cada vez más relevante en todas las entidades, de manera que, en 2018, casi dos de cada tres procedimientos sancionadores terminaron de esta forma, reduciendo y simplificando los procedimientos, facilitando el cobro y disminuyendo la litigiosidad por sanciones.
    La fiscalización también observa que los servicios puestos a disposición del ciudadano para la formulación de reclamaciones y denuncias, así como la forma en la que las entidades fiscalizadas cumplieron las obligaciones de publicidad de sus resoluciones sancionadoras no son homogéneos ni tienen el mismo grado de desarrollo. Así, los procedimientos sancionadores que tramita la CNMC en los ámbitos de telecomunicaciones, audiovisual, energía y postal mantienen las disparidades normativas y de tramitación que proceden de las antiguas entidades que se integraron en ella, lo que provoca una confusión y complejidad injustificadas.
    Por su parte, el BE continua elaborando pliegos de cargos en la tramitación de sus procedimientos sancionadores, que ya no se realizan en las otras entidades fiscalizadas; y la CNMC tiene implantado, en el ámbito de la competencia, programas de clemencia para quienes ponen en su conocimiento la existencia de un cártel y su participación en él, que produce efectos relevantes, sin que ninguna de las otras entidades fiscalizadas tengan previstos en su respectiva normativa programas similares para facilitar la investigación de sus procedimientos. 
  • En relación con la contabilización y el cobro de las sanciones en las entidades fiscalizadas, el Informe pone de manifiesto que los ingresos derivados de las sanciones impuestas por la CNMC, el BE y la CNMV no son fondos propios de esas entidades, sino del Tesoro Público, donde deben ingresarse. Sin embargo, los ingresos que genera la AEPD en el ejercicio de su potestad sancionadora son recursos propios de la entidad, que se incluyen en las previsiones de sus presupuestos de ingresos anuales, reconociendo como derechos propios en su contabilidad los importes de las sanciones que impuso e ingresando en su tesorería los fondos cobrados a los sancionados. Esta forma de financiación de la AEPD ha provocado excedentes de tesorería improductivos muy relevantes, reiterando el Informe como posible alternativa que la entidad pudiera financiarse, principalmente, con una transferencia de los Presupuestos Generales del Estado, en vez de hacerlo con los recursos generados por sus sanciones.
    Las entidades fiscalizadas han utilizado procedimientos diversos de contabilización y gestión de cobro de las sanciones. La AEPD cobra sus sanciones en periodo voluntario en cuentas propias de la entidad, y en periodo ejecutivo en virtud de un convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que va ingresando las cantidades que recauda en cuentas de la AEPD. En los ámbitos sancionadores de telecomunicaciones, audiovisual, postal y energía de la CNMC el cobro en período voluntario se realiza en cuentas bancarias de su titularidad, contabilizando estos derechos como recursos de otros entes públicos al tratarse de recursos del Tesoro. El método de gestión de cobro de las sanciones en vía ejecutiva es distinto en cada uno de estos ámbitos sectoriales. En el ámbito sancionador de la competencia de la CNMC, en el BE y en la CNMV el cobro de las sanciones no tiene reflejo alguno en la contabilidad de las entidades, y el ingreso se realiza directamente en el Tesoro Público, en periodo voluntario, por los sancionados a través de las entidades colaboradoras del Tesoro, y en periodo ejecutivo, a través de la AEAT.
    El Informe señala, asimismo, que las entidades fiscalizadas carecían de un inventario de las sanciones pendientes de cobro y de sistemas de control y conocimiento precisos sobre el cumplimiento de las sanciones; y que la gestión del cobro en vía ejecutiva de las sanciones impuestas a residentes en el extranjero ofrecía problemas en todas las entidades fiscalizadas. 

  • Los resultados del análisis del cobro de las sanciones impuestas durante el periodo que se señalan en el Informe fueron los siguientes:
    • En la CNMC los resultados relativos al ámbito sancionador fueron: a) en el sector audiovisual se dictaron 17 resoluciones imponiendo sanciones por un importe total de 5.198.961 euros, del que se había cobrado el 56% a 31 de enero de 2020; b) en el sector de telecomunicaciones se dictaron 26 resoluciones imponiendo sanciones por un importe total de 15.436.050 euros, del que se había cobrado el 24% a 31 de enero de 2020; c) en el sector postal se dictaron cuatro resoluciones imponiendo sanciones por un importe total de 87.001 euros, del que se había cobrado el 5% a 31 de enero de 2020; d) en el ámbito de la energía se dictaron 91 resoluciones imponiendo sanciones por un importe total de 15.784.947 euros, del que se había cobrado el 51% a 1 de mayo de 2020; y e) en el sector de la competencia se dictaron 15 resoluciones imponiendo 156 sanciones a 132 infractores por un importe total de 352.548.031 euros, del que se había cobrado el 36% a 30 de septiembre de 2020.
    • En la AEPD se impusieron 982 sanciones económicas en el periodo fiscalizado, 613 en 2017 y 369 en 2018, por un importe total de 30.500.617 euros. La recaudación efectiva por sanciones en esos ejercicios fue del 85%.
    • En el BE se resolvieron 21 procedimientos sancionadores en el periodo fiscalizado que dieron lugar a la imposición de 77 sanciones y tres medidas accesorias a 35 infractores. El importe total de las sanciones pecuniarias impuestas ascendió a 37.118.420 euros, de las que se había cobrado el 80% a 15 de septiembre de 2020.
    • En la CNMV se resolvieron 39 procedimientos sancionadores en el periodo fiscalizado que dieron lugar a la imposición de 66 sanciones. El importe total de las sanciones pecuniarias impuestas ascendió a 23.044.350 euros, de las que se había cobrado el 68% a 10 de noviembre de 2020.

    El Informe también refleja la deuda por sanciones pendientes de cobrar en cada una de las entidades fiscalizadas, que era la siguiente:

    • En la CNMC la agrupación de la deuda por sanciones económicas pendientes de cobrar, en los diferentes ámbitos sancionadores, ascendía a 1.084.506.746 euros, de la que más del 87% estaba suspendida judicialmente.
    • La AEPD tenía contabilizados derechos pendientes de cobro derivados de sanciones impuestas por importe de 10.323.557 euros, que correspondían a 195 procedimientos sancionadores, a 31 de enero de 2020.
    • La deuda por sanciones pecuniarias del BE, a 15 de septiembre de 2020, ascendía a 5.640.000 euros, por 12 sanciones pendientes de cobrar.
    • La deuda por sanciones pecuniarias de la CNMV, a 31 de julio de 2020, ascendía a 5.293.150 euros, por 18 sanciones pendientes de cobrar.

  • Respecto de la litigiosidad en relación con las sanciones impuestas por cada una de las entidades, el Informe refleja los importes y el número de sanciones recurridas y pendientes de resolver. La litigiosidad en el ámbito sancionador de la competencia fue muy elevada y compleja. Durante el periodo fiscalizado se dictaron 235 sentencias de la Audiencia Nacional y 64 sentencias del Tribunal Supremo sobre resoluciones sancionadoras de la autoridad de competencia. El importe litigioso por las sanciones recurridas judicialmente que estaba pendiente de resolución a 23 de septiembre de 2020 ascendía a 1.202.723.866 euros; y las sanciones pendientes de cobro, a 14 de octubre de 2020, a 1.012.463.459 euros, de los que 889.161.314 euros estaban suspendidos judicialmente. La litigiosidad era relativamente alta en el caso de la actividad sancionadora de la AEPD, donde había un número relevante de recursos contra sus sanciones y un número importante de ellos pendientes de resolver (128). La litigiosidad no era relevante en el caso de la actividad sancionadora del BE y de la CNMV, donde había pocos recursos pendientes de resolver, que estaban mayoritariamente ya cobrados, y, con carácter general, los recursos resueltos confirmaron los criterios sancionadores de dichas entidades.

Con el objetivo de subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en la fiscalización, el Informe recoge doce recomendaciones. Las dos primeras son comunes a las cuatro entidades fiscalizadas: una dirigida a mejorar los sistemas de control y seguimiento sobre el cumplimiento de sus sanciones y la información que poseen sobre el cobro de las mismas; y la otra plantea el establecimiento de sistemas de colaboración que mejoren el cobro de las sanciones impuestas a residentes en el extranjero. Las diez recomendaciones restantes se dirigen individualmente a cada una de las entidades fiscalizadas, proponiendo mejoras en los procedimientos de gestión particulares; en concreto: cinco a la CNMC; dos a la AEPD; otras dos al BE; y una a la CNMV.

El contenido del presente Informe (nº. 1.420) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es


LISTADO DE CATEGORIAS

Nota de Prensa

LISTADO DE TEMAS

Ingresos y gastos