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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras con especial referencia a la gestión de la construcción de la residencia de mayores “La Minería”, ejercicios 2006 a 2017

10/02/20

Fiscalización a iniciativa de las Cortes Generales

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS AYUDAS A LA REACTIVACIÓN DE LAS COMARCAS MINERAS CON ESPECIAL REFERENCIA A LA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA DE MAYORES “LA MINERÍA", EJERCICIOS 2006 A 2017

  • La Institución recomienda al Ministerio para la Transición Ecológica y al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la mejora de la planificación, regulación y gestión de las ayudas a las comarcas mineras del carbón.

Madrid, 10 de febrero de 2020.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, aborda el análisis de las subvenciones destinadas a promover el desarrollo económico alternativo de las comarcas afectadas por la reestructuración de la minería del carbón, incardinada en los denominados “Planes del Carbón” y que se han articulado a través de dos líneas de subvenciones: la de infraestructuras, de concesión directa y cuyas beneficiarias eran, principalmente, las comunidades autónomas (CCAA) y las entidades locales de estas zonas; y la de proyectos empresariales, de concurrencia competitiva, destinadas a promover la creación de empleo. Esta fiscalización se ha llevado a cabo a instancias de las Cortes Generales.

El ámbito temporal recoge el conjunto de las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan del Carbón 2006‑2017 y la mayor parte de las que comprendía el Marco de Actuación 2013‑2018. Además, en el apartado de la línea de infraestructuras, el Informe dedica un epígrafe al análisis específico de la subvención concedida para la construcción de la Residencia “La Minería”, en Aller (Principado de Asturias).

El Informe señala que, durante el periodo fiscalizado, el importe ejecutado supuso un total de 1.786 millones de euros. De ellos, 1.105 millones correspondían a la línea de infraestructuras y 681 millones a las dos sublíneas para proyectos empresariales generadores de empleo.

La fiscalización ha tenido por objeto el análisis de los procedimientos de planificación, concesión, gestión y justificación de los fondos asignados en los Presupuestos Generales del Estado para el fomento del desarrollo alternativo y la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón desde la perspectiva de los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía, incluyendo una referencia al grado de consecución de las metas de estas ayudas y su posible impacto sobre la situación socioeconómica de esas comarcas.

Además, se ha verificado el cumplimiento de las prescripciones de transparencia y la observancia de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en todo aquello que pudiera tener relación con el objeto de la fiscalización.

El Informe recoge una serie de conclusiones; entre ellas, las siguientes:

  • Ninguna de las líneas de subvenciones para la promoción de la reactivación de comarcas mineras del carbón se incardinaron en un plan estratégico de los previstos en la Ley General de Subvenciones

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) careció de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar adecuadamente las líneas de subvenciones de infraestructuras y de proyectos empresariales.

  • En relación con el análisis de la línea de subvenciones de infraestructuras, el Informe observa que:

El marco normativo regulador de esta línea de subvenciones (Real Decreto 1112/2007) era ambiguo y escasamente riguroso, con deficiencias y debilidades que afectaron a la planificación, ejecución y justificación de las actuaciones, así como al control interno. A este respecto, varias subvenciones concedidas con cargo a esta línea han sido objeto de procesos judiciales penales.

La selección de las infraestructuras a subvencionar no comportaba ningún examen de viabilidad de las actuaciones a financiar, ni se concretaban suficientemente los criterios de priorización y la documentación técnica a aportar en cada proyecto.

En cuanto a la justificación de estas ayudas,  se indica en el Informe que el Real Decreto 1112/2007 era escasamente preciso, lo que implicó un excesivo grado de discrecionalidad en la documentación admitida como justificación de los distintos beneficiarios; incrementándose el riesgo de deficiencias e irregularidades en la aplicación de los fondos, dando lugar, en todo caso, a una innecesaria falta de homogeneidad en el procedimiento. Asimismo, la fiscalización ha detectado deficiencias e irregularidades en la justificación de las subvenciones concedidas, especialmente en las correspondientes a las entidades sin fin de lucro.

En la tramitación del reintegro de ayudas, se produjeron dilaciones, originadas, principalmente por la configuración del procedimiento de reintegro. A su vez, las restricciones presupuestarias que se produjeron en el periodo 2012‑2014 y que afectaron al IRMC se tradujeron en múltiples litigios, principalmente con el Principado de Asturias, relacionados con la ejecución y liquidación de convenios específicos.

En relación con la subvención concedida al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, Mutualidad de Previsión Social para la construcción de La Residencia de Mayores “La Minería”, que es objeto de un proceso penal, se han advertido irregularidades e incumplimientos significativos en su tramitación, ejecución y justificación.

  • En relación con el análisis de las dos sublíneas de subvenciones de concurrencia competitiva para proyectos empresariales generadores de empleo, el Informe observa que:

Las bases reguladoras para proyectos empresariales adolecieron de un grado de complejidad muy elevado. En ese sentido, la sucesión de bases reguladoras, que siguieron a los Planes del Carbón acordados, sin una labor de racionalización de su contenido, dio lugar a la configuración contradictoria de algunos trámites y a la escasa concreción de otros. Paralelamente, se produjeron algunas incoherencias en la definición de los plazos de referencia para los beneficiarios y en la definición de algunos requisitos, lo que ocasionó un cierto grado de inseguridad jurídica entre los actores de este procedimiento, así como retrasos en los procedimientos de concesión.

Asimismo, la fiscalización ha observado una falta de coordinación entre el IRMC y las entidades colaboradoras, lo que ha afectado al seguimiento de la ejecución de los proyectos subvencionados, a las comprobaciones sobre la aplicación de los fondos y al cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios al no existir planes sistemáticos de comprobación. A su vez, cabe destacar que no se suscribió el convenio previsto en el art. 16.4 de la Ley General de Subvenciones (LGS) para amparar la actuación de los órganos que desarrollaron las tareas de entidad colaboradora en Galicia y Castilla-La Mancha. Además, las entidades colaboradoras de Aragón y Castilla y León aceptaron, indebidamente, cuentas justificativas rendidas mediante la modalidad de informe de auditor.

El número de solicitudes de subvenciones, en ambas sublíneas, se ha reducido significativamente desde 2014, lo que, unido al elevado porcentaje de solicitudes en las que se produjeron desistimientos, supone que estas subvenciones podrían no estar desplegando plenamente su potencial.

Se han advertido incidencias en relación con la justificación presentada, que afectaron al deber de conservación de justificantes, a la concertación de prestaciones con personas vinculadas con el beneficiario, y a la falta de solicitud de las ofertas preceptivas en la selección de empresas subcontratistas.

  • En relación con Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), la fiscalización señala que: no impulsó suficientemente los procedimientos de reintegro de las ayudas ni inició procedimiento sancionador de los previstos en la LGS; ni tampoco desarrolló actuaciones de seguimiento y reclamación de los derechos que asumió como consecuencia de la liquidación de la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón, procedentes de litigios pendientes y cantidades identificadas como posibles reintegros.
  • En lo que respecta al grado de consecución de los objetivos de las ayudas para reactivación económica de las comarcas mineras, el informe concluye que:
  • Determinadas infraestructuras financiadas nunca se pusieron en uso, siendo, en particular, reducido el grado de ocupación en las inversiones realizadas en polígonos industriales.
  • Ni los programas presupuestarios, ni los Planes del Carbón, ni las disposiciones normativas por las que se han regido las ayudas para reactivación de las comarcas mineras, han dispuesto de objetivos e indicadores adecuados y concretos que permitieran efectuar un seguimiento y valorar la consecución de las metas de los mismos y su impacto. Por otra parte, ni las CCAA ni el IRMC efectuaron los estudios de seguimiento previstos en los Planes del Carbón.
  • A su vez, del análisis realizado sobre los datos demográficos y las estadísticas industriales o empresariales correspondientes a Asturias, León y Teruel, no se ha obtenido una evidencia sustancial de que los recursos aplicados hayan tenido un impacto en la mitigación de la disminución de la población.

El Informe termina con la formulación de distintas recomendaciones dirigidas al Ministerio para la Transición Ecológica y al IRMC para la mejora de la planificación, regulación y gestión de las ayudas a las comarcas mineras del carbón.

El contenido del presente Informe (nº. 1.363) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es


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