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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización sobre la gestión y control de los pagos efectuados al personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2017

1/06/20

Fiscalización realizada a iniciativa del Tribunal de Cuentas

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2017

Madrid, 29 de mayo de 2020.- Este Informe de fiscalización, aprobado por el Pleno del Tribunal, ha tenido como objetivos de análisis: los procedimientos de gestión y control establecidos por las entidades que supervisan los pagos al personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS), para comprobar que son eficaces y acordes con la normativa; así como, los sistemas de gestión y control implantados por las MCSS en relación con este ámbito, verificando, en este caso, el respeto a los principios de legalidad y de buena gestión financiera, y en particular que no hayan servido de fundamento a operaciones de lucro mercantil.

Asimismo, la fiscalización ha comprobado la observancia de las previsiones recogidas en la normativa de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de transparencia, en todo lo relacionado con los objetivos de la fiscalización.

El Informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones:

  • Sobre procedimientos de gestión y control establecidos por las entidades que tienen atribuidas competencias de supervisión en relación con los pagos al personal de las MCSS, la fiscalización ha observado que:

Las relaciones laborales entre las MCSS y su personal se rigen por el Convenio Colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, por los convenios colectivos propios y por una serie de pactos internos y acuerdos que desarrollan determinados aspectos de estas relaciones. En ocasiones, la aplicación de los mismos genera contradicciones con los principios y normas de gestión presupuestaria, además de que existen unos beneficios sociales -cestas de Navidad, regalos de Reyes o pago del IRPF de alquileres y asistencia sanitaria gratuita en los centros sanitarios de las MCSS para empleados y familiares- que tienen difícil encaje en los fines institucionales de las MCSS (la colaboración en la gestión con la Seguridad Social), por lo que su abono con cargo al presupuesto de la Seguridad Social resulta cuestionable.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) no ejerció adecuadamente la función de dirección y tutela que tiene asignada respecto de las MCSS, al no haber adoptado medidas correctoras ante una serie de incidencias observadas, tales como la existencia de MCSS que no respetaron los límites mínimos del número personas con responsabilidades ejecutivas, la realización de pagos por importes superiores a los límites máximos de retribuciones (sin solicitar una justificación de los motivos) o el acuerdo de indemnizaciones por extinción por incumplimientos contractuales o desistimiento de las MCSS superiores a las que corresponderían si se hubiera establecido la aplicación de las previstas en el modelo de contrato recogido en la Circular de 28 de julio de 2015, de la DGOSS.

En el procedimiento de autorización de la masa salarial del personal laboral de las MCSS por parte de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (DGCPyPP), la fiscalización ha detectado incidencias tales como la no realización de comprobaciones posteriores al objeto de verificar que el importe de la masa salarial autorizado fue el que se repartió, errores de cálculo diversos, e incrementos de masa salarial superiores a los que procedían.

  • Sobre los pagos al personal de las MCSS incluidas en la muestra de la fiscalización, el Informe señala que:

En el caso de Activa Mutua, se ha observado que se abonaron retribuciones a un cargo de Dirección superando lo establecido en la normativa, así como retribuciones con cargo al patrimonio histórico de la Mutua sin que estuvieran recogidas en los contratos de los directivos.

El Informe refleja la existencia de varios complementos salariales sin que consten criterios de valoración objetivos para determinarlos; así como la financiación de una serie de gastos y aportaciones (comidas y desplazamientos vinculados a las reuniones de Juntas Territoriales, Juntas Directivas y Comisión de Control y Seguimiento; cestas de Navidad; y aportaciones derivadas de pólizas de seguros de vida para jubilados) que no debieron ser asumidos por el patrimonio de la Seguridad Social por no guardar relación con el fin institucional de las MCSS. Se abonaron asimismo algunas indemnizaciones superiores al máximo previsto en la normativa, así como despidos que inicialmente fueron calificados como disciplinarios, posteriormente la Mutua se avino a considerarlos como improcedentes, o despidos en los que las indemnizaciones fueron sustancialmente superiores a las ofrecidas inicialmente.

Respecto de la Mutua Montañesa, se ha observado que el contrato a un cargo de Dirección no está adaptado al modelo establecido por la Circular de 28 de julio de 2015 (en relación con el cálculo de la indemnización por extinción del contrato), así como la falta de justificación de la cuantificación de los importes abonados en concepto de ciertos complementos.

El patrimonio de la Seguridad Social no debió financiar determinados gastos y retribuciones en especie que no guardaban vinculación con el fin institucional de las MCSS (gastos vinculados a las reuniones de las Juntas Directivas; regalos de Reyes para hijos de empleados, cestas de Navidad y celebraciones varias, en ocasiones sin practicar las correspondientes retenciones a cuenta del IRPF; y gastos originados por el ingreso a cuenta del IRPF derivado de determinadas retribuciones en especie). Asimismo, se imputó a patrimonio histórico el complemento de pensión de un antiguo cargo de Dirección, el cual no encuentra amparo en el convenio colectivo propio de esta Mutua, y excede de la cantidad prevista en el Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Asimismo, se abonaron indemnizaciones por despido por causas objetivas por un importe superior al máximo legal.

En el caso de Mutua Intercomarcal, la fiscalización ha observado diversas incidencias referidas al contrato de un cargo de Dirección: no está adaptado al modelo establecido por la Circular de 28 de julio de 2015 a efectos del cálculo de la indemnización en caso de extinción; existe una estructura retributiva que ha imposibilitado comprobar la aplicación de los límites máximos del Real Decreto 451/2012; y la documentación facilitada para el análisis del incentivo por objetivos, no ha permitido acreditar la corrección del importe abonado.

Además, no debieron financiarse con el patrimonio de la Seguridad Social importes abonados en concepto de acción social que no están previstos en convenio colectivo, acuerdo o norma interna, y que no guardan vinculación con el fin institucional de las MCSS (obsequios de Navidad y por jubilación). Asimismo se detectó una indemnización por despido superior al máximo legal, así como otras respecto de las cuales inicialmente la mutua estimó que correspondían a despidos por causas organizativas y disciplinarias, pero que, posteriormente, en los actos previos de conciliación, se avino a considerar como despidos improcedentes.

En el caso de Mutua Fraternidad-Muprespa, el Informe señala una serie de incidencias, entre ellas, se han observado gastos que no debieron financiarse con el patrimonio de la Seguridad Social por no guardar vinculación con el fin institucional de las MCSS (cestas y obsequios de Navidad y juguetes de Reyes). Asimismo, se ha identificado: la realización de prestaciones por la Mutua constitutivas de retribución en especie, sin efectuar retención a cuenta del IRPF; la duplicidad de coberturas en pólizas correspondientes a seguros de vida y de accidentes; y la realización de aportaciones a pólizas de seguros de vida de personal jubilado que, no obstante estar previstas en el Convenio colectivo general de ámbito estatal y en el Pacto Interno, suponían beneficios sociales a personal que no pertenece a la plantilla de la Entidad, lo cual tiene difícil encaje en el ámbito de la colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

Por último, la mutua abonó indemnizaciones por despido, en las cuales, a pesar de que inicialmente consideró que concurrían causas objetivas o disciplinarias, posteriormente, en los actos de conciliación previos celebrados, se avino a calificar el despido como improcedente y a abonar la correspondiente indemnización.

  • Sobre los pagos al personal que han servido de fundamento a operaciones de lucro mercantil:

Ante la falta de desarrollo reglamentario del artículo 80 del TRLGSS, relativo a la prohibición de la realización de actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores por cuenta propia adheridos, la DGOSS determinó las pautas a las que las MCSS debían ajustarse, lo cual ha generado una tendencia descendente de determinados gastos, aunque la reducción no ha tenido lugar en idéntica proporción en la totalidad de las MCSS. 

En el análisis de la muestra de Mutuas, la fiscalización ha observado una serie de actividades relacionadas con la gestión del mutualista que podrían vulnerar la normativa, alterando la libertad de opción de empresarios y trabajadores por cuenta propia para asociarse o adherirse a la entidad que consideren y que podrían estar suponiendo costes innecesarios.

  • En relación con la normativa sobre Igualdad efectiva entre mujeres y hombres por parte de las MCSS, la fiscalización señala que, si bien las MCSS contaban con una alta representación de mujeres en su plantilla, con carácter general no se ha dado adecuado cumplimiento al principio de composición equilibrada establecido en la normativa, como consecuencia de lo observado en relación con el personal directivo y con funciones ejecutivas. En particular, ninguna mujer ejerció los cargos de Presidenta o Directora Gerente.

El Informe señala también que el porcentaje de brecha salarial en favor de los hombres a finales del ejercicio 2017 era del 29,21% en Activa Mutua, del 32,94% en Mutua Montañesa, del 33,03% en Mutua Intercomarcal, y del 31,48% en Mutua Fraternidad-Muprespa. Ello se debe a la presencia mayoritaria de mujeres en los puestos con menor nivel retributivo.

En función de los resultados, el Informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas a: 

La DGOSS

  • Impulsar medidas para que las relaciones laborales de las MCSS con el personal a su servicio se incluyan dentro del ámbito de aplicación del Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado o, alternativamente, se apruebe un convenio colectivo propio.
  • Dictar instrucciones complementarias a la Circular de 28 de julio de 2015 obligando expresamente a que los contratos de personal de alta dirección que hubieran sido suscritos con anterioridad a dicha fecha se adapten al modelo de contrato remitido, o alternativamente, proponer que se promuevan las modificaciones legislativas oportunas que permitieran que las previsiones normativas contenidas en el apartado segundo de la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de enero, respecto de las indemnizaciones a satisfacer al personal de alta dirección fueran aplicables al personal de las MCSS.
  • Impulsar la modificación del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, para desarrollar reglamentariamente las limitaciones establecidas en el TRLGSS en lo que se refiere a la prohibición de realización de actividades que tengan por objeto la captación y fidelización de empresas y trabajadores por cuenta propia.
  • Instar modificaciones normativas, dictar instrucciones oportunas y establecer obligaciones de suministro de información y mecanismos de control concretos, para garantizar la homogeneidad de los conceptos que se incluyen en los gastos de acción social y retribuciones en especie, evitando que a través de este tipo de conceptos se abonen gastos que carezcan de vinculación con su fin institucional.
  • Dictar instrucciones y establecer mecanismos de control concretos para evitar que se imputen al Patrimonio de la Seguridad Social beneficios sociales a favor de personal no perteneciente a la plantilla de la entidad, así como ciertos gastos correspondientes a los órganos de gobierno y participación de las MCSS que excedan de los límites reglamentariamente establecidos, exigiendo, en todo caso, la adecuada justificación documental de los gastos y la acreditación de su relación con el fin institucional de las mismas.
  • Aprobar instrucciones y establecer mecanismos de control concretos, para que, en caso de despidos de trabajadores, las MCSS no puedan aceptar en acto de conciliación la calificación del despido de manera distinta a la prevista inicialmente, de forma que sea la sentencia judicial la que califique el despido y establezca la indemnización a abonar.
  • Impulsar medidas de control y normativas para que la composición de los órganos de gobierno y participación de las MCSS se adapte al principio de composición equilibrada previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

La DGCPyPP

  • Impulsar, en colaboración con la DGOSS, la modificación normativa oportuna para que la Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la masa salarial, incluya expresamente en su ámbito subjetivo de aplicación a las MCSS.
  • Dictar una norma en la que se especifiquen adecuadamente los conceptos concretos que las MCSS deben incluir a efectos del cálculo de la masa salarial, exigiendo la justificación de las propuestas que se efectúen y su coherencia con la información contenida en las cuentas anuales del ejercicio anterior, y solicitar a la DGOSS la remisión de información acerca de la naturaleza de los contratos suscritos por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social con el personal sanitario, su duración y su repercusión económica en el presupuesto del ejercicio. Asimismo, debería incluirse un trámite dirigido a comprobar, con posterioridad, el efectivo cumplimiento de la autorización emitida al respecto.

El Informe recoge también recomendaciones individuales cada una de las cuatro mutuas que han integrado la muestra de la fiscalización, principalmente dirigidas a que se abstengan de efectuar actos de conciliación con avenencia en los despidos de los trabajadores, sobre todo si los mismos suponen un coste superior al previsto legalmente o al inicialmente previsto por la Mutua, siendo preferible que se llegue a la finalización del procedimiento en vía judicial siendo la sentencia la que califique el despido y cuantifique la indemnización; así como a que dicten las instrucciones oportunas y modifiquen sus procedimientos para que no se produzcan actuaciones tendentes a la captación y fidelización de empresas y trabajadores por cuenta propia.

El contenido del presente Informe (nº. 1.368) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es


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