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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización del grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética en las sociedades mercantiles estatales, en el ejercicio 2018

13/11/20

Fiscalización realizada a iniciativa de la Institución

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES EN EL EJERCICIO 2018

Madrid, 13 de noviembre de 2020.-  Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal, resulta especialmente relevante, por su carácter innovador, dado que aborda, por vez primera, las medidas adoptadas por las principales Sociedades estatales como consecuencia de la extensión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, tras la modificación del Código Penal en 2010, ampliada para todas las Sociedades mercantiles públicas en 2015. El Código Penal prevé la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a la Sociedad del delito que se le impute, si tiene implantado un sistema eficaz para evitarlo (habitualmente denominados sistemas o modelos de compliance penal o cumplimiento normativo penal).

La extensión de la responsabilidad penal se ha ido acometiendo igualmente en diferentes países de nuestro entorno, como, por ejemplo, Francia, Reino Unido y Portugal, y el ejercicio de su control ha sido fomentado e impulsado por numerosos organismos de carácter internacional, como la ONU, el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por ejemplo. Se podría destacar, en este sentido, la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública, aprobada en 2017, en donde se propone un sistema coherente y global en materia de integridad pública que incluya y se vea reforzado por la función supervisora y de control ejercida, entre otros, por las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Los principios éticos generalmente aceptados que ayudan a evitar o reducir el riesgo de menoscabo de los caudales públicos son: integridad, independencia, objetividad, competencia, comportamiento profesional y transparencia. El objeto primordial de los sistemas de compliance o cumplimiento normativo penal se centra no sólo en evitar la posible sanción penal de la empresa, sino en promover una verdadera cultura ética empresarial.

La fiscalización se ha configurado como una fiscalización operativa y de cumplimiento y sus objetivos han estado en línea con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ODS), relativo a “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.

El ámbito objetivo ha estado constituido por los distintos aspectos que resultan imprescindibles para valorar el nivel alcanzado por las Sociedades mercantiles estatales en el proceso de implementación de los modelos de compliance y de ética.

El ámbito subjetivo de la fiscalización proyectada no se ha extendido a todas las sociedades estatales, sino, exclusivamente, a aquellas más relevantes, es decir, aquellas que no se consideran de pequeñas dimensiones, que son aquellas sociedades que pueden presentar cuentas abreviadas y están autorizadas a incorporar modelos de integridad más simples. En la práctica se han incluido en la fiscalización un total de 30 sociedades mercantiles estatales, que no obstante afectan a un total del 80% del personal del Sector público empresarial.

En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras, dado su carácter innovador y su encuadre en el marco de este tipo de auditorías públicas internacionales, se han aplicado, de forma complementaria a las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, las normas internacionales que regulan el ejercicio de la fiscalización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, especialmente, la “Directriz para la Auditoría de la Prevención de la Corrupción” de 2016 de INTOSAI y la “Directriz para la Auditoría de la Ética en las Organizaciones del Sector Público” de 2017 de EUROSAI, en cuyo seno se integra el Tribunal de Cuentas formando parte de la Task Force o Grupo de Trabajo de Auditoría y Ética.

En la redacción del Informe ha primado el enfoque positivo, resaltando los logros y buenas prácticas observadas en algunas de las Sociedades, lo que contribuye a exportar las mejores prácticas al resto de Sociedades adaptándolas a sus propias circunstancias, que junto a las recomendaciones formuladas en el Informe, constituyen el auténtico valor añadido del Informe, al intentar impulsar y fomentar la prevención de comportamientos delictivos o contrarios a la ética en todo el Sector público estatal.

El Informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones:

Las Sociedades fiscalizadas, en general, se han esforzado en implementar modelos o sistemas de Prevención de Riesgos Penales que pretenden evitar su responsabilidad penal. Estos sistemas se basan en la existencia de controles activos que mitiguen o minimicen los riesgos penales, siendo uno de esos controles preventivos la existencia de un sistema de ética y el fomento de una cultura ética dentro de la entidad.

Se ha constatado, en general, un importante nivel de concienciación en la materia, un progresivo crecimiento de los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de este tipo de modelos de compliance, y una evolución positiva de la implicación del personal en general, a través, básicamente, de la potenciación de los planes de formación en la materia.

De las 30 sociedades analizadas, 29 habían aprobado sus Planes de Prevención de Riesgos Penales a 31 de diciembre de 2018; y 27 contaban con Códigos éticos y/o de conducta aprobados.

De las 29 sociedades que contaban con planes aprobados, 23 habían recurrido a empresas externas para su elaboración. De las 27 que contaban con códigos éticos, 9 habían recurrido a empresas externas. Los costes externos soportados para la elaboración, revisión o impartición de formación en relación con ambos documentos, se elevaron a 1.506.301 euros para un total de 27 sociedades.

En cuanto al nivel de implantación de los sistemas de prevención de riesgos penales, se considera que once sociedades tenían implementado el sistema en grado evolucionado; catorce lo tenían implementado pero en grado inicial; tres estaban en fase de desarrollo; y dos contaban con un grado de desarrollo incipiente. Entre las once que contaban con un sistema más evolucionado, hay que destacar a: AENA, INECO, ISDEFE, NAVANTIA, LOTERÍAS y el Grupo TRAGSA.

Por lo que respecta al grado de implantación de sistemas de ética o integridad, en trece sociedades el sistema estaba implementado en grado inicial; en catorce el sistema se encontraba en fase de desarrollo; en una su desarrollo era incipiente; y en dos la implementación era inexistente. Hay que destacar, por contar con los sistemas cuyo grado de implantación estaba más avanzado, a INECO, ENUSA y el Grupo ENSA, que habían alcanzado ya un cierto grado de desarrollo.

La mayoría de los sistemas analizados preveían directa o indirectamente que el Órgano de Vigilancia dependiera orgánicamente del Consejo de Administración de la propia Sociedad o de la Entidad matriz del Grupo al que aquella pertenecía, sin perjuicio de la independencia del órgano en el ejercicio de sus funciones.

Todas las sociedades tenían, en general, canales de alerta, denuncia y/o consulta y regímenes sancionadores establecidos. Se formularon a través de estos canales un total de 75 denuncias en 2017 y 104 en 2018. El 75% de estos canales tenían prevista su utilización por terceros, lo que potencia su grado de eficacia.

La planificación estratégica de las sociedades no incluía objetivos relacionados con ambos sistemas. Sin embargo, un aspecto muy positivo apreciado en el caso de AENA y de las Sociedades del Grupo RENFE (en línea con las recomendaciones de la OCDE en materia de integridad), es que han incorporado la gestión de los riesgos por incumplimientos de la normativa penal en su sistema global de gestión de riesgos, lo que aporta una visión estratégica del conjunto de riesgos a los que se enfrentan, resulta más eficaz y promueve una aplicación más eficiente de los recursos de esas Sociedades.

Con carácter general las sociedades analizadas cumplían con sus obligaciones legales en materia de transparencia. El Informe realiza un examen exhaustivo de todos los apartados de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, aplicable a estas sociedades y se va exponiendo el grado de cumplimiento de cada uno de ellos por cada una de las sociedades fiscalizadas, permitiendo sostener la conclusión general de que su nivel de cumplimiento resultaba adecuado. 

El Informe incluye una serie de recomendaciones, en relación con los sistemas de prevención de riesgos penales y de ética:

  • Se insta a las sociedades fiscalizadas, entre otros aspectos, a incorporar los sistemas de prevención de delitos y de ética a su planificación estratégica y a tomar diversas medidas orientadas al fomento de la cultura ética y de cumplimiento que involucren a todos los destinatarios del sistema.

De forma más concreta, se recomienda a las sociedades:

  • Integrar los riesgos de comportamientos delictivos y contrarios a la ética en los procedimientos de gestión utilizados en las distintas áreas de actividad de las sociedades.
  • Modificar los Órganos de Vigilancia, para que estén compuestos por miembros que representen los distintos niveles de personal de las sociedades.
  • Realizar periódicamente auditorías externas o internas, independientes del Órgano de Vigilancia, sobre el efectivo funcionamiento de los sistemas.
  • Crear procedimientos inclusivos en la elaboración y revisión de los códigos éticos, teniendo en cuenta las aportaciones de todos los destinatarios, especialmente las de los trabajadores.
  • Simplificar los canales de comunicación y promover el conocimiento de estos sistemas, impulsando su evaluación periódica.
  • Establecer códigos éticos específicos para áreas de especial riesgo, como la contratación y las subvenciones.
  • Aportar claridad a los manuales y códigos de los sistemas que faciliten su aplicación práctica, como, por ejemplo, una política de regalos expresamente detallada.

El compromiso adquirido por el Tribunal de Cuentas de efectuar un seguimiento del grado de implantación de las recomendaciones formuladas en todos sus Informes, debe contribuir, en este caso, a fomentar no sólo el desarrollo y puesta en marcha de estos sistemas o modelos de compliance, sino, muy especialmente, a potenciar su grado de eficacia en el futuro.

El contenido del presente Informe (nº. 1.398) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

91 592 09 95 / 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es


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