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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal, ejercicio 2019

6/04/21

Fiscalización realizada a iniciativa del Tribunal de Cuentas

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR CESE DE ALTOS CARGOS Y DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE ALTOS DIRECTIVOS DE DETERMINADAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL, EJERCICIO 2019

Madrid, 6 de abril de 2021.- Esta fiscalización, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido por objeto, por una parte, verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a los contratos de alta dirección y a su régimen retributivo en las siguientes entidades: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), ICEX España, Exportación e Inversiones (ICEX), Instituto Cervantes (IC), Instituto de Crédito Oficial (ICO), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), RED.es y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Por otra parte, en el caso de la CNMC, la CNMV y el CSN se analizó, asimismo, la observancia de la normativa relativa a las indemnizaciones por cese de altos cargos, prestación que prevén sus estatutos o normativa específica; aspecto examinado, igualmente, en el Banco de España (BE). Se ha analizado también en la fiscalización la regularidad de la contabilización del reconocimiento y pago de las mencionadas retribuciones y prestaciones compensatorias e indemnizatorias; asimismo, se ha extendido al cumplimiento de la normativa aplicable a las funciones atribuidas a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) para asegurar el régimen de incompatibilidades de los altos cargos.

Entre las conclusiones recogidas en el informe, destacan las siguientes:

  • En relación con los puestos directivos vinculados profesionalmente mediante contratos de alta dirección, el Informe señala que:
    • Ninguna de las entidades fiscalizadas en las que hay directivos vinculados a las mismas con contratos de alta dirección ha elaborado instrucciones específicas relativas al proceso de tramitación y liquidación de los contratos de alta dirección, en las que se definan las distintas fases de su gestión, el marco de actuación de las unidades implicadas en su tramitación y liquidación y los controles establecidos, lo que constituye una debilidad en sus procedimientos de control interno.
    • Todas las entidades mantienen un número de directivos con contrato de alta dirección que se sitúa dentro del intervalo marcado por la normativa.
    • No consta que se hayan adoptado medidas para garantizar el cumplimiento de los preceptivos principios de publicidad y concurrencia en la designación del personal directivo de la CNMC, la CNMV, el ICO, el MNCARS y RED.es.
    • En todas las entidades se han respetado los límites establecidos por la normativa para las retribuciones básicas y complementarias, salvo en el IC -para los directores de centros en el exterior- y en el MNCARS -para tres de los cinco contratos de alta dirección-, al haberse establecido en ambos casos una retribución básica inferior a la mínima establecida por la Orden que regula su importe.
    • Salvo en RED.es, no consta la existencia de una memoria justificativa que determine cómo se han aplicado los criterios establecidos por el Real Decreto 451/2012 para determinar el complemento de puesto en los contratos de alta dirección.
    • La homogénea y elevada valoración del cumplimiento de objetivos, a efectos de determinar los importes de los complementos variables, en la CNMV, el CCS, el ICEX, el ICO, el MNCARS y RED.es indica que la fijación de los mismos carece del suficiente rigor y no se ajusta a la finalidad motivadora propia de la naturaleza de los complementos variables.
    • En la CNMC figuraba en el periodo fiscalizado un contrato de alta dirección para un puesto que no se contempla ni en su Ley de creación, ni en su Estatuto Orgánico, ni en su Reglamento de Régimen Interno. Además, el contrato fue firmado con la extinguida Comisión Nacional de Energía, sin que, hasta la actualidad, se haya modificado o suscrito uno nuevo con la CNMC.
    • Los conceptos retributivos establecidos en los contratos de alta dirección del personal del IC en los centros del exterior no se adecuan a lo establecido en el Real Decreto 451/2012.
    • La relación jurídica del MNCARS con su actual Director procede de la suscripción en 2008 de un contrato laboral de alta dirección que ha sido objeto de sucesivas prórrogas, por lo que no ha sido nombrado mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, tal y como establece la normativa reguladora del MNCARS.
  • En cuanto a las indemnizaciones de altos cargos y directivos, el Informe concluye que en 2019 se produjeron en las entidades fiscalizadas dos casos de extinción de relación contractual generadores de derecho a la indemnización recogida en la Ley 3/2012, en concreto en el IC, con indemnizaciones percibidas en conjunto de 16.748,02 euros. Por otra parte, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (LAC), y de acuerdo con la normativa respectiva de cada una de las entidades, se han abonado en dicho ejercicio indemnizaciones por cese de altos cargos en la CNMC por 179.728,68 euros, en el CSN por 248.598,98 euros y en el BE por 568.438,61 euros.
  • Respecto del cumplimiento de las prescripciones sobre transparencia, acceso a la información y buen gobierno, así como de la normativa sobre igualdad, la fiscalización observa que:
    • Todas las entidades han publicado en su página web su estructura organizativa y los currículum de los máximos responsables y directivos, con algunas excepciones en los casos de la CNMC, la CNMV, el CSN, el ICEX y el MNCARS.
    • Se han detectado incumplimientos de la obligación de hacer públicas las retribuciones de los altos cargos en los términos previstos por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la CNMV, el CSN, el CCS, el ICEX, el ICO, el MNCARS y RED.es.
    • Las entidades han cumplido o se encuentran en una situación muy cercana al cumplimiento del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos, con las siguientes excepciones: el CCS, el ICEX, el ICO, el MNCARS y el BE.
  • En cuanto a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), el Informe indica que:
    • La OCI no ha elaborado un manual de procedimientos que pueda servirle de guía para el desarrollo sistemático, eficaz y eficiente de las actividades que debe realizar en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.
    • El procedimiento seguido por la OCI de solicitar información sobre los altos cargos al Registro Mercantil Central únicamente en el momento de su nombramiento es insuficiente para ejercer un adecuado control de sus actividades.
    • El sistema informático utilizado por la OCI no permite identificar a la persona que graba los datos en los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los altos cargos, ni a quien supervisa esta actuación, lo que genera riesgos de seguridad de la información contenida en los mismos.
    • Al no disponer de procedimientos de control al respecto, la OCI no ha detectado algunas deficiencias en la condición de alto cargo en las entidades fiscalizadas.
    • En veintidós de los cuarenta y nueve nombramientos de altos cargos realizados entre 2017 y 2019 en las entidades fiscalizadas no consta que se haya producido la pertinente notificación del nombramiento a la OCI, incumpliendo lo dispuesto en la LAC, aun cuando el cumplimiento de esta obligación ha ido mejorando con el tiempo.
    • De los treinta y nueve ceses producidos entre 2017 y 2019 en los organismos reguladores o de supervisión, en cuatro casos no consta que el alto cargo cesado haya presentado la declaración de actividades que vaya a iniciar tras el cese, como dispone la LAC, al objeto de que la OCI pueda comprobar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las limitaciones legales que para su ejercicio se establecen. Tampoco consta que la OCI haya requerido, en los casos citados, la presentación de la declaración. En otros tres casos la declaración fue presentada fuera del plazo de tres meses desde el cese establecido en la normativa. Y en las presentadas se han observado diversas deficiencias formales, sin que conste requerimiento formal de la OCI para su subsanación.
    • Los preceptivos informes remitidos por la OCI al Gobierno acerca del cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar, así como de las infracciones cometidas en materia de incompatibilidades y de las sanciones impuestas, con indicación de los responsables, presentan diversas deficiencias e insuficiencias de información, de forma que no pueden cumplir adecuadamente con la finalidad, establecida legalmente, de permitir la obtención de conclusiones sobre el correcto cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar.
  • Respecto del cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal y de la resolución de la Comisión Mixta, el informe concluye que:
    • De las diez recomendaciones incluidas en el Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal, ejercicios 2012-2014, solo se consideran cumplidas o cumplidas en lo esencial, cuatro recomendaciones y parte de otra.
    • De los puntos de la Resolución de la Comisión Mixta relativa al citado Informe que tienen un contenido distinto del cubierto por las recomendaciones formuladas por el Tribunal, los dos referidos a la OCI se consideran cumplidos en lo esencial, el dirigido al BE no se estima completamente cumplido y el referido al CCS se considera cumplido.

El Informe finaliza con dieciséis recomendaciones para subsanar las deficiencias que se ponen de manifiesto a lo largo del mismo, de las cuales nueve se dirigen a las entidades fiscalizadas, cuatro específicamente a la OCI y tres al Gobierno:

  • En lo que se refiere a las entidades se recomiendan medidas que mejoren el control interno en la materia fiscalizada y un mayor rigor en la fijación de objetivos y en su evaluación cuando se emplean como fundamento de la determinación de la retribución variable. También se recomienda una mayor precisión en la redacción de los contratos y una mejor aplicación de lo dispuesto en materia de transparencia.
  • En cuanto a la OCI, además de medidas encaminadas a mejorar su control interno, se recomienda la intensificación en la verificación del cumplimiento por parte de las entidades de su obligación de comunicar los datos referentes a los altos cargos y se reiteran las recomendaciones del anterior Informe que no han sido cumplidas.
  • Al Gobierno se le recomienda resolver la situación de los puestos de Dirección de Inspección, liquidaciones y Compensaciones de la CNMC y de Director del MNCARS, y se reitera la recomendación de que desarrolle el régimen específico de retribuciones de los directores de los Centros en el exterior del IC. 

El contenido del presente Informe (nº 1.424) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

91 592 09 95 / 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es


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