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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización del Programa 113M “Registros vinculados con la fe pública”, ejercicio 2017

18/11/20

Fiscalización a iniciativa de la Institución

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA 113M “REGISTROS VINCULADOS CON LA FE PÚBLICA”, EJERCICIO 2017

Madrid, 18 de noviembre de 2020.- Este informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge la fiscalización sobre la gestión de los créditos del programa 113M, y la ejecución de dos de las principales competencias de la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN)[1]: la tramitación de los expedientes de solicitud de nacionalidad por residencia y el proceso de reforma del Registro Civil. Los objetivos de la actividad fiscalizadora han sido: comprobar el cumplimiento de la normativa en la gestión de los créditos asignados al programa; evaluar los sistemas de control interno y los procedimientos de gestión aplicados; valorar la idoneidad de los objetivos e indicadores de seguimiento del programa; analizar el grado de eficacia, eficiencia y economía alcanzado; y evaluar la adecuación de la gestión al principio de transparencia y a la igualdad de género.

El Informe de fiscalización recoge entre sus conclusiones, las siguientes:

  • En relación con la liquidación del presupuesto del programa, se reconocieron obligaciones por 27,6 millones de euros, lo que representa un porcentaje de ejecución del 90 %. Por capítulos, el mayor importe de obligaciones reconocidas correspondió a gastos de personal, inversiones reales y gastos corrientes en bienes y servicios.
  • En cuanto al cumplimiento de la normativa en materia de recursos humanos, la fiscalización observa la adscripción a la DGRN de dos grupos de funcionarios: los dependientes de la Administración de Justicia (que desarrollan su labor de forma exclusiva en los registros civiles o en los juzgados que comparten dependencias con los registros civiles) y los de la Administración General del Estado (destinados en la DGRN). En el análisis realizado sobre la muestra de nóminas seleccionada, no se observaron deficiencias de relevancia.

    El informe hace referencia a varios colectivos de notarios y registradores que realizaban determinadas funciones en la DGRN que no percibían retribuciones con cargo al programa 113M. En relación con el colectivo de los comisionados, se han observado algunas incidencias. También se señala el nombramiento de colaboradores sin cobertura jurídica, al no estar legalmente previsto.

     

  • Respecto de la gestión de gastos corrientes, se señala la insuficiencia de los créditos previstos para la adquisición de material en los registros civiles y para el pago de costas judiciales.
  • En cuanto a la gestión de las inversiones del programa 113M, el informe señala que tienen origen en contratos de servicios y suministros de carácter informático y en encomiendas de gestión. En relación con las encomiendas examinadas se indica la inadecuada imputación presupuestaria en dos casos. En otra encomienda, suscrita para la tramitación de expedientes de nacionalidad, se observa, además, la inadecuación del sistema de determinación del precio y la insuficiente justificación de la realización de los trabajos exigibles para el abono del primer pago previsto.
  • En relación con la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia el informe destaca que, a 31 de diciembre de 2018, había en la DGRN un total de 355.548 expedientes pendientes de resolución, lo que se venía produciendo desde 2010.

    En 2012 el Ministerio de Justicia elaboró un plan intensivo para la puesta al día de aquellas. Entre 2012 y 2019 se suscribieron cinco encomiendas de gestión que en conjunto afectaban a la tramitación de cerca de un millón de expedientes. Tras la firma de las encomiendas, la tramitación de la mayor parte de los expedientes del procedimiento antiguo se realizaba por el encomendatario, y la gestión de los expedientes del nuevo procedimiento correspondía en su totalidad a la DGRN. La primera encomienda no tuvo coste para el Ministerio de Justicia, mientras que las cuatro siguientes supusieron un coste total de 9,5 millones de euros.

     

  • La memoria de objetivos del programa presupuestario 113M era insuficiente como instrumento de planificación, debido a la falta de adecuación de los objetivos e indicadores previstos; se indica, asimismo, la falta de formalización de los planes de puesta al día implantados desde 2012, no habiendo constancia de la aprobación de ningún instrumento que contemplara de manera global los objetivos perseguidos, las medidas a adoptar, los recursos disponibles, o los plazos de ejecución previstos.

    La fiscalización observa, como deficiencia de control interno, la carencia de un registro completo y fiable de las solicitudes de nacionalidad y el insuficiente seguimiento por parte de la DGRN. Por otra parte, en relación con el control por esta de la tramitación de expedientes realizada por encomienda de gestión, se estima que resulta adecuado el sistema previsto inicialmente, consistente en la creación de comisiones de seguimiento de las encomiendas y en la elaboración de guías de tramitación.

    En lo referente a la gestión global de los expedientes de nacionalidad por residencia, el informe analiza el período 2010-2018, destacando que el número de solicitudes se mantuvo relativamente estable entre 2010 y 2015, con una media de 152.995 expedientes anuales. En los tres últimos ejercicios descendieron las solicitudes, siendo las correspondientes a 2018 inferiores en un 47 % a las de 2010. Asimismo, respecto a las resoluciones, la fiscalización observa que la media para el periodo 2010-2018 fue de  128.174; destacando los ejercicios de 2013 -cuando se superó dicha media en un 132 %-, y de 2017, cuando se produjo un descenso del 78 %.

  • Respecto de la eficacia en la gestión de los expedientes, se constata que el porcentaje de los expedientes de procedimiento antiguo resueltos en plazo era del 29 %, mientras que en los sujetos al procedimiento nuevo, el escaso porcentaje de expedientes resueltos a finales de 2018 llevó a concluir que, cuando finalmente se resuelvan, prácticamente el 100 % de ellos lo habrán hecho fuera del plazo establecido.

    En cuanto a la puesta al día en la tramitación de las solicitudes de nacionalidad, el informe señala que, para el conjunto de los procedimientos, en seis de los nueve ejercicios considerados, el porcentaje de resoluciones sobre solicitudes fue inferior al 100 %, lo que revela una gestión poco eficaz; mientras que para los expedientes del procedimiento antiguo la eficacia más alta correspondió a 2013, cuando las resoluciones duplicaron las solicitudes como consecuencia de la tramitación de expedientes a través de la encomienda de gestión.

    Por otra parte, la eficacia de la gestión de los expedientes del procedimiento nuevo entre 2015 y 2018 fue prácticamente nula, quedando sin resolver al final del periodo el 99,5 % de las solicitudes presentadas.

    El pendiente acumulado al final de cada ejercicio había bajado en 2013 un 26 % sobre 2010, pero se incrementó de nuevo en los ejercicios posteriores. A finales de 2018 el número de expedientes pendientes de resolución (355.548) era superior en un 10 % al del inicio del periodo considerado (324.312).

  • En relación con los recursos contenciosos presentados contra resoluciones denegatorias de nacionalidad por residencia, se indica que, de los 3.281 presentados en 2018, el 81 % correspondía a denegaciones por silencio. La tardanza en la resolución de los expedientes traslada en estos casos a los tribunales, con perjuicio económico para los interesados, la tarea de decidir sobre la concesión o denegación de la nacionalidad. La estimación de los recursos contenciosos conlleva condena en costas a la Administración, habiéndose abonado en 2017 por este concepto 661.045 euros.
  • Respecto a la tasa establecida para las solicitudes de nacionalidad por residencia sujetas al nuevo procedimiento, se pone de manifiesto el incumplimiento del principio de equivalencia establecido en la Ley de tasas. Se indica, asimismo, que los ingresos percibidos por tal concepto, por importe de 24,7 millones de euros entre 2015 y 2018, no han repercutido en la mejora de la gestión de los expedientes a los que corresponde.
  • En relación con el análisis del proceso de reforma del Registro Civil, el informe indica las sucesivas demoras en su implantación, finalizando el plazo actualmente establecido el 30 de abril de 2021. Señala, asimismo, que la memoria de objetivos del programa 113M para 2017 destaca como actividad principal de la DGRN la de llevar a cabo un proceso de modernización tecnológica del Registro Civil, pero no recoge, ningún objetivo específico relacionado con la referida actividad, ni indicadores de seguimiento.

    El Informe pone de manifiesto algunas de las principales actuaciones llevadas a cabo en relación con la reforma del modelo de Registro Civil introducido por la Ley 20/2011, que afectan al ámbito normativo, organizativo y tecnológico, así como las principales cuestiones pendientes, tales como la elaboración y aprobación de la normativa reglamentaria de desarrollo de la Ley del Registro Civil, que implica la revisión de los trámites y procedimientos afectados; el establecimiento de instrucciones que garanticen la aplicación homogénea de la nueva normativa en todas las oficinas del Registro Civil y el desarrollo del nuevo modelo organizativo y de funcionamiento.

  • En relación con el cumplimiento de las normativas sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Informe señala que no se observaron deficiencias relevantes. En cuanto al cumplimiento de las disposiciones de transparencia, se exponen algunas omisiones en la publicación de información requerida.

El Informe concluye con la formulación de una serie de recomendaciones, dirigidas al:

Ministerio de Justicia:

  • Adoptar medidas para la inclusión en las leyes anuales de presupuestos de los créditos suficientes para hacer frente a los gastos de material de los registros civiles.
  • En relación con los notarios y registradores comisionados de la DGRN, ajustar estrictamente su número, tiempo de permanencia y funciones a lo previsto en la Ley Hipotecaria. Se recomienda asimismo abandonar la práctica de nombramiento de colaboradores sin cobertura jurídica.
  • Revisar la elaboración de la memoria presupuestaria del programa 113M recogida en las leyes anuales de presupuestos, a fin de incluir en ella objetivos e indicadores válidos que permitan analizar en términos de eficacia la gestión realizada.
  • Elaborar y aprobar un plan definitivo para la puesta al día en la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia, que contemple los recursos materiales y personales necesarios, los objetivos, y los plazos de cumplimiento.
  • Adoptar medidas para superar las deficiencias de control interno puestas de manifiesto en el Informe. En particular, se estima necesario arbitrar un sistema que permita obtener información exacta del ámbito de expedientes de nacionalidad por residencia a gestionar.
  • Acreditar el cumplimiento del principio de equivalencia en la fijación del precio establecido para la tasa por solicitud de nacionalidad por residencia, justificando el importe actualmente establecido o, en su caso, procediendo a su revisión.

Gobierno

  • Dar un impulso definitivo al proceso de reforma del Registro Civil, adoptando las decisiones necesarias para su puesta en marcha y para la regulación en el plazo más breve posible de las cuestiones pendientes.

El contenido del presente Informe (nº. 1.395) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es

 

[1] En la actualidad ostenta dicha competencia la nueva Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia.

 


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