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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ejercicio 2016

29/08/19

Fiscalización a iniciativa del Tribunal de Cuentas

ELTRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA, EJERCICIO 2016

  • En materia de gastos y de ingresos, el informe señala una serie de deficiencias, relacionadas con la contratación menor y las encomiendas de gestión y con la exigencia de tasas y precios públicos.
  • La Institución recomienda elaborar manuales de procedimientos para cada una de sus áreas de gestión del Instituto, así como reforzar los mecanismos de control interno, estableciendo registros y programas para el control de las inversiones realizadas en el marco de los planes nacionales.

Madrid, 29 de agosto de 2019.- Este informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como objeto el análisis de la gestión integral realizada por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) durante el ejercicio 2016 para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:

  • Evaluar los procedimientos y sistemas de gestión económico-financiera y de control interno
  • Comprobar el adecuado reflejo contable y presupuestario de los fondos públicos gestionados por el IPCE conforme a los principios y criterios contables aplicables; así como del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sometida la gestión de los fondos públicos asignados al IPCE.
  • Analizar el grado de eficacia, eficiencia y economía en el empleo de sus recursos.
  • Comprobar, asimismo, el cumplimiento de las prescripciones sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres, y transparencia establecidas por la normativa, en aquello que pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.

Tras la fiscalización, el informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones:

Del análisis del control interno del Instituto, la fiscalización ha concluido una serie de deficiencias, entre ellas, que: los manuales de procedimientos de gestión no están actualizados y adaptados a los procedimientos actuales; así como, que su sistema integral de gestión interna se encuentra implantado de forma heterogénea, al no haberse empleado en algunos de los servicios del IPCE.

Por lo que se refiere a la ejecución presupuestaria, el IPCE gestionó, durante 2016, la totalidad de los créditos del programa 337B “Conservación y restauración de bienes culturales” y una parte del 144A sobre “Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior”. En relación con ambos programas se han registrado unas obligaciones reconocidas por importe de 14.763.113 y 5.229 euros, con unos grados de ejecución del 77% y 1,3%, respectivamente.

En el caso de este segundo programa 144A, hay que señalar que su bajo porcentaje de ejecución fue debido a la falta de concesión de las ayudas para excavaciones arqueológicas en el exterior, por importe de 410.000 euros, convocadas en mayo de 2016, ante la imposibilidad de cumplir con los plazos de tramitación y los requerimientos de la normativa sobre las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y a operaciones no presupuestarias.

En materia de gastos corrientes en bienes y servicios, el informe señala un serie de deficiencias, como son: ausencia de motivación suficiente en aquellos contratos negociados sin publicidad por razón de su cuantía; fundamentada únicamente en motivos de celeridad y simplificación administrativa. La fiscalización ha concluido, asimismo, que durante varios ejercicios se han tramitado, a través de contratos menores anuales, gastos y actuaciones que tenían como objeto resolver necesidades de carácter periódico, recurrente y de naturaleza previsible, determinada y cierta; superando en su conjunto el límite cuantitativo que establece la Ley de Contratos del Sector Público para la contratación menor. Por otra parte, se señala en la fiscalización la falta de acreditación de la remisión de las solicitudes de ofertas o invitaciones enviadas por el IPCE a las empresas ofertantes en los contratos menores.

En cuanto a la gestión que el Instituto realizó sobre las acciones formativas, el Informe recoge, entre sus resultados, que: el Consejo Académico, como órgano colegiado y asesor de las actividades de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, no mantuvo sus reuniones con la periodicidad que determina su normativa reguladora.

Por otra parte, el programa aprobado para 2016 no estaba actualizado, no coincidiendo las actividades contenidas en el mismo con las que fueron efectivamente realizadas. Asimismo, no había un baremo de los honorarios para las actividades realizadas bajo la modalidad on-line en el baremo retributivo de las actividades formativas de los ejercicios 2016 y 2017; las memorias justificativas de las acciones formativas no recogían los gastos acometidos en estas actividades; y no había sido designado, por parte del Subdirector General de Personal, el coordinador del curso.

En relación con el análisis realizado sobre las encomiendas de gestión del IPCE, la fiscalización expone, entre sus principales conclusiones, la referida a una insuficiente justificación de la elección y procedencia de la figura de la encomienda de gestión, ya que no quedaba constancia de que la citada elección se hubiera sustentado en estudios sobre costes o rendimientos entre las distintas alternativas existentes.

Asimismo, el Informe señala la falta de acreditación de la selección del medio propio efectuada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como de un análisis previo sobre la idoneidad de su marco funcional para la realización del objeto de la encomienda; la ausencia de concreción del objeto encomendado; la falta de estudios previos para verificar que los precios medios obtenidos mediante la aplicación de las tarifas se encontraban por debajo de su valor de mercado y determinar, por tanto, si la encomienda era una solución económicamente ventajosa. Por último, el Tribunal ha observado un incumplimiento de los límites establecidos en la normativa para la subcontratación de los trabajos por el medio propio; y un insuficiente seguimiento y control por la entidad encomendante de la ejecución de las actuaciones, al no aplicarse los mecanismos establecidos para ello con la extensión prevista.

La revisión de la gestión de los ingresos puso de manifiesto, entre otros resultados, los siguientes: la ausencia de estudios de costes, para los precios públicos, que determinara su cobertura financiera, o que garantizara, para las tasas, el cumplimiento del principio de equivalencia, según lo previsto en la Ley de Tasas y Precios Públicos; así como que los cobros, en concepto de matrículas de acciones formativas, eran inferiores a los establecidos en la normativa por la que se fijan los precios públicos o supuestos de gratuidad en las ofertas publicadas a colectivos no previstos en la misma; y la realización de los ingresos de las mismas se hacía a través de una cuenta corriente de una entidad privada, incumpliendo la citada Ley, que impide ingresar recursos de derecho público en entidades de naturaleza privada.

En los procedimientos de gestión de subvenciones de concesión directa, el informe pone de manifiesto diversas debilidades e irregularidades como: la definición genérica del objeto de una de ellas; la ausencia de constitución ni del funcionamiento efectivo de las comisiones de seguimiento; y la falta de acreditación del ingreso en la Agencia Tributaria de los importes correspondientes a las retenciones de IRPF derivados de las facturas o nóminas cuyo gasto había sido objeto de subvención.

Los principales resultados en relación con el análisis de los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural han sido, entre otros: la falta de desarrollo normativo de la figura de los Planes que ha permitido que los 14 planes nacionales vigentes en el ejercicio fiscalizado, a pesar de su denominación como “planes”, no se hayan diseñado y enfocado como unos auténticos instrumentos de planificación y gestión, sino como unos elementos metodológicos y de coordinación entre los distintos agentes intervinientes en la conservación y restauración del patrimonio cultural. Por otra parte, el Instituto carecía de una planificación plurianual de las intervenciones, actuaciones y financiación de los planes, lo que ha impedido conocer su grado de ejecución y sus posibles desviaciones; así como la ausencia de informes periódicos que evaluaran su cumplimiento, o la atribución de funciones a las Comisiones Técnicas de Seguimiento, en muchos casos de imposible cumplimiento, debido a la ausencia de objetivos medibles y cuantificables.

En relación con el análisis de la eficacia, eficiencia y economía, el informe señala que el IPCE no ha efectuado un uso adecuado de los instrumentos previstos para realizar un correcto seguimiento y control de la aplicación de los principios de buena gestión, debido a: el contenido generalista e inconcreto en las memorias presupuestarias, sin detalle de los objetivos específicos a alcanzar; la ausencia de indicadores para medir determinadas actividades o la presencia de indicadores que no han proporcionado información suficiente y relevante para la toma de decisiones; la falta de seguimiento de los resultados obtenidos y de las desviaciones producidas; la falta de vinculación entre el Plan Estratégico General de carácter plurianual existente y la planificación anual prevista en las memorias presupuestarias; así como la inexistencia de un Plan Estratégico de Subvenciones en el ejercicio fiscalizado.

En materia de igualdad, el informe destaca que el Instituto del Patrimonio Cultural de España ha mantenido en el ejercicio fiscalizado una política de igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de contratación; si bien en 3 de los 9 pliegos de cláusulas administrativas particulares analizados no se establecieron criterios preferenciales previstos en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Además, en la regulación de las subvenciones convocadas tampoco se recogió ninguna actuación tendente a la promoción de la igualdad efectiva.

En relación con los resultados en materia de trasparencia, el informe señala que el Instituto ha cumplido, en 2016, las obligaciones impuestas por la normativa relativa a la información económica, presupuestaria y estadística, a excepción de algunos aspectos como la ausencia de publicidad de 2 de las 6 encomiendas de gestión analizadas o la falta de publicidad del adjudicatario y de las subcontrataciones realizadas en las encomiendas publicadas. Asimismo, no se ha dado respuesta a las prescripciones de transparencia en materia de planificación, al no haberse publicado un Plan estratégico plurianual aplicable al ejercicio fiscalizado.

Tras los resultados alcanzados en la fiscalización, el Informe expone una serie de recomendaciones al Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), entre ellas:

  • Elaborar manuales de procedimientos para cada una de sus áreas de gestión, definiendo las funciones y responsabilidades de cada unidad, así como reforzar los mecanismos de control interno haciendo extensible la aplicación del sistema integral de gestión interna a todas las áreas de gestión y estableciendo registros y programas para el control de las inversiones realizadas en el marco de los planes nacionales.
  • Realizar un estudio de costes adecuado de la actividad gravada con la tasa gestionada por el IPCE que garantice el cumplimiento del principio de equivalencia.
  • Regular los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural al objeto de determinar su naturaleza, finalidad y contenido.
  • Acomodar el contenido de las memorias presupuestarias a los instrumentos de planificación plurianual y redefinir los indicadores de gestión de forma que proporcionen información válida para el seguimiento de los objetivos establecidos y para la toma de decisiones.
  • Realizar una adecuada planificación estratégica de las subvenciones.

El contenido del presente Informe (nº 1.330) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es)

 

Más información:

Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es


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