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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de los procesos de extinción de entidades de las Comunidades Autónomas como consecuencia de la reestructuración del sector público

27/07/20

Informe realizado en coordinación con todos los OCEX

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTINCIÓN DE ENTIDADES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMO CONSECUENCIA DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

  • El Tribunal recomienda a las Comunidades Autónomas que establezca un sistema de supervisión continua sobre sus entidades dependientes para comprobar que se mantienen los motivos que justificaron su creación y sostenibilidad financiera.

Madrid, 24 de julio de 2020.- Esta fiscalización, cuyo Informe ha sido aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, tiene su origen en la reunión de la Comisión de Coordinación de ámbito autonómico entre el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEx). En ella se estimó la conveniencia de analizar las medidas y procedimientos a través de los cuales las Comunidades Autónomas (CCAA) acometieron la racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativo y empresarial, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público, en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo 1/2010, de 22 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se aprueba el Acuerdo Marco con las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013.

Este Informe continúa el impulso decidido de colaboración que el Tribunal de Cuentas y los OCEx vienen manteniendo cada ejercicio y que ha dado como resultado otros informes aprobados con anterioridad sobre aspectos relevantes como la actividad de todas las universidades públicas y las encomiendas de gestión en el ámbito autonómico, y que se desarrolla actualmente sobre la atención a la dependencia y la implantación de la contabilidad analítica en las universidades. El presente informe es el resultado de la ejecución coordinada de las fiscalizaciones individuales efectuadas por los OCEX, en sus respectivos ámbitos autonómicos, y por el Tribunal de Cuentas, en cuanto a las CCAA que carecen de éstos, a efectos de facilitar a las Cortes Generales una valoración técnica conjunta de la planificación y gestión autonómica desarrollada, mediante un informe global que recoge los resultados de los trabajos individuales efectuados sobre cada Comunidad.

Las fiscalizaciones coordinadas se han extendido a entes de las CCAA con participación autonómica superior al 50% en el capital o en los órganos de representación -excluyendo el ámbito de las Universidades-, lo que significa que incluye organismos autónomos, sociedades mercantiles, entes públicos, consorcios, fundaciones y otros entes dependientes de la comunidad. Sobre este ámbito subjetivo, se ha comprobado si los procesos extintivos y constitutivos se han efectuado de conformidad con los planes o medidas de reestructuración elaborados por las CCAA, así como los efectos que ha tenido la reducción, en su caso, en el número de empleados que han causado baja efectiva y en el destino del patrimonio de las entidades extinguidas.

El ámbito temporal de las fiscalizaciones ha abarcado los ejercicios 2010- 2016, con extensión a ejercicios anteriores o posteriores, cuando se ha estimado procedente.

El Informe recoge una serie de conclusiones, derivadas de las fiscalizaciones realizadas por el conjunto de los OCEx en sus respectivos ámbitos autonómicos. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:

En relación con el análisis de los distintos planes, normas, medidas y acuerdos adoptados por las CCAA, la fiscalización señala que los procesos de reordenación respecto de las entidades afectadas, se han efectuado conforme a la planificación prevista en aquellos; si bien, la misma no ha sido homogénea, ni en la dimensión de las actuaciones previstas ni en su ejecución entre las distintas CCAA. Asimismo, se ha verificado que, con carácter general, se ha cumplido con la legalidad aplicable, tanto la normativa estatal como la autonómica. No obstante, el Informe señala que se han observado particularidades y deficiencias en algunos procedimientos de reestructuración, tales como: la falta de la debida acreditación, en algunos expedientes, de las razones alegadas para la extinción de entes, así como de la forma o procedimiento seleccionado; la utilización de procedimientos distintos a los legalmente previstos y la excesiva dilación en la culminación de ciertos procesos extintivos respecto a la inicialmente aprobada.

Por otra parte, el Informe concluye que la reestructuración del sector público instrumental autonómico ha supuesto 767 bajas y 186 altas de entidades para el conjunto de CCAA, por lo que se ha producido una reducción efectiva del número de entes de 581, lo que supone un 34% del total existente inicialmente. Respecto al total de bajas, el 34,4% corresponde a sociedades, el 22,9% a fundaciones y el 20,9% a consorcios. No obstante, a lo largo del periodo siguen predominando de forma relevante, si bien no por igual en las distintas CCAA, las entidades de naturaleza privada, sociedades y fundaciones, frente a las entidades propias de naturaleza pública, a excepción de los consorcios que aun participando de esta última naturaleza son también mayoritarios hasta el ejercicio 2012.

Respecto a los órganos o entidades que asumen las actividades de los entes suprimidos, la fiscalización señala que la totalidad de las mismas han sido asumidas por las correspondientes consejerías u otros órganos de la Administración autonómica o por las entidades absorbentes, con excepción de aquellas entidades que se extinguen por separación o desvinculación de la CCAA de la entidad, por cumplimiento del fin para el que se crearon o por imposibilidad del mismo. Esta asunción se ha producido, en el mismo sentido, respecto al patrimonio de las entidades extinguidas.

En el análisis de los procedimientos de extinción, la fiscalización ha detectado que en el desempeño de actividades que estaban atribuidas a algunas de las entidades extinguidas existían solapamientos o duplicidades respecto a otras existentes. Esto contravenía los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como el principio de transparencia en la gestión que deben regir la procedencia de la Administración institucional autonómica.

Con carácter general, como resultado de los datos obtenidos en las actuaciones fiscalizadoras, el Informe señala que no ha sido posible verificar en su totalidad la información suministrada por las CCAA al Ministerio de Hacienda durante el periodo fiscalizado, en relación con la suma de los costes asociados a los procesos de reordenación, la reducción de personal como consecuencia de tales procesos y el ahorro conjunto correspondiente al coste anual de dicho personal, pues las cuantías contrastadas en las fiscalizaciones respecto de estos tres aspectos, resultan inferiores a las informadas. En concreto, respecto al personal de las entidades extinguidas, la fiscalización ha comprobado que, en la mayoría de los casos, ha pasado a depender de la Administración o bien no se han extinguido las relaciones laborales al subrogarse las entidades absorbentes en sus derechos y obligaciones laborales.

Como consecuencia de los resultados obtenidos el Tribunal formula en el Informe, entre otras, las siguientes recomendaciones:

  • De conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las CCAA deben establecer, si aún no se ha instaurado, un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar que subsisten los motivos que justificaron su creación y sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.
  • Los futuros procesos de racionalización del sector público autonómico deben fundamentarse en un plan estratégico que, previos informes analíticos, recoja con un desglose completo y detallado los objetivos que se persiguen, las medidas o actuaciones a realizar y el calendario y los plazos de culminación, con una cuantificación de los efectos económicos, en especial, sobre los gastos de personal.
  • Debería procederse a la incorporación sistemática, en la tramitación de los expedientes de extinción de entidades que se acuerden, de memorias o informes justificativos de la necesidad y del procedimiento o forma de extinción aplicable, debidamente soportados sobre la base de estudios o análisis rigurosos que los acrediten para facilitar su evaluación posterior.
  • La información que se suministre al Ministerio de Hacienda referente a los procesos de reordenación debe actualizarse, a posteriori, con las modificaciones de las propuestas iniciales de extinción o con la falta de ejecución, en su caso, de alguna de las medidas propuestas.

El contenido del presente Informe (nº 1.375) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es)

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es

 


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