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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales 2015-2017

30/01/20

Informe realizado a iniciativa de la Institución

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES 2015-2017

Madrid, 30 de enero de 2020.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como principales objetivos el análisis de la legalidad de los gastos realizados por el Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de los procesos electorales celebrados durante los años 2015 a 2017; así como, la comprobación -como objetivo transversal-, del cumplimiento de las prescripciones de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género establecidas por la normativa, en todo aquello que pudiera tener relación con la actividad fiscalizada.

En este periodo se celebraron siete procesos electorales, correspondientes a las elecciones a: Cortes Generales, de los años 2015 y 2016; Parlamento de Andalucía de 2015; Locales y Autonómicas de 2015; Parlamento de Cataluña 2015; Parlamento del País Vasco y de Galicia 2016; y Parlamento de Cataluña 2017.

Tras la actividad fiscalizadora, el Informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas, las siguientes:

La cantidad presupuestada en el programa 924M «Elecciones y Partidos Políticos» para sufragar los gastos en los que ha incurrido el Ministerio del Interior para la gestión de estos siete procesos electorales ascendió a más de 439 millones de euros, de los que se ejecutaron más de 380 millones de euros.

  • En el análisis presupuestario se ha observado que los presupuestos correspondientes a 2015 se aprobaron con un cifra inicial insuficiente para cubrir los dos procesos electorales que, por imperativo legal, debían celebrarse ese año -Elecciones locales y autonómicas 2015 y Elecciones a Cortes Generales 2015-. Esta situación requirió la aprobación de un expediente de modificación presupuestaria con el objeto de ampliar la partida destinada a gastos electorales en más de 99 millones de euros, lo que representó un incremento del 53% respecto del crédito inicialmente aprobado.
  • En relación a las cuentas justificativas que han sido presentadas por los distintos centros del gasto intervinientes en cada proceso electoral, el Tribunal de Cuentas manifiesta que, con carácter general, la Dirección General de Política Interior (el órgano del Ministerio del Interior encargado de la gestión de los procesos electorales) ha realizado una gestión rigurosa y eficaz de estos procesos. No obstante, el Informe recoge algunas deficiencias, entre ellas, la falta de emisión de informes de control financiero de la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior, incidencia derivada, según el órgano de control interno, de la falta de efectivos que presenta su plantilla de personal.

Del mismo modo, el Tribunal destaca que no ha quedado debidamente justificado el abono realizado por el Ministerio del Interior en las Elecciones al Parlamento de Galicia de 2016 de los gastos relativos al dispositivo de seguridad de la policía local. Este caso fue el único de los fiscalizados en el que este tipo de gastos fue sufragado por el Ministerio del Interior y no por el poder autonómico convocante del proceso electoral.

  • La fiscalización ha analizado también los convenios de colaboración celebrados entre el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas. Se suscribieron 14 convenios entre ellos con ocasión de la concurrencia de procesos electorales, a los que hay que añadir otros dos que fueron celebrados por el Ministerio con dos Diputaciones Forales. La finalidad de estos convenios fue distribuir los gastos de gestión de las elecciones locales y autonómicas de 2015, al concurrir competencias de aquellos. El Informe manifiesta que se han apreciado deficiencias en el seguimiento de estos convenios.

 

  • En relación con el análisis de la actividad contractual realizada por la Dirección General de Política Interior con cargo a los presupuestos electorales, la fiscalización ha revisado la totalidad de los contratos celebrados durante el periodo fiscalizado. En este punto, el Informe recoge algunas deficiencias en los expedientes y en los pliegos de contratación que están relacionadas, fundamentalmente, con la justificación de criterios de adjudicación y de ejecución, así como con la fijación de los presupuestos de licitación. Esta incidencia tiene más relevancia en los tres expedientes contractuales relativos a la contratación del servicio de escrutinio provisional en las Elecciones Locales y Autonómicas de 2015 y las Elecciones a las Cortes Generales de 2015 y 2016.
  • En cuanto a los abonos realizados al prestador del servicio postal universal, el Informe refleja deficiencias relacionadas con la justificación y comprobación de los envíos efectuados por Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. El motivo reside en que la justificación se realizó mediante la remisión de un gran número de albaranes de envío en papel, lo que dificultó las labores de comprobación.

Por otro lado, el Informe también aprecia la necesidad de aclarar la redacción de los acuerdos del Consejo de Ministros por los que se establecen las obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal, en la parte relativa a los costes de envío de propaganda electoral. El sistema de reparto que rige en la actualidad, procedente de una orden ministerial de 1977, establece que las formaciones políticas abonarán 0,006 euros por envío, recayendo el coste del resto del servicio en el Ministerio del Interior. A día de hoy, los citados acuerdos establecen que la tarifa máxima del servicio será de 0,1629 euros por envío, pero no especifican de manera clara si dicha cantidad incluye la parte a abonar por las formaciones políticas o no.

Por último, en este apartado, el Informe pone de relieve, en los casos de votos realizados por españoles residentes en el extranjero -para los que la ley contempla un sistema de gratuidad del voto en el que los votantes abonan el franqueo y con posterioridad solicitan la devolución del mismo-, que, aproximadamente el 73 % de los giros postales enviados para reintegrar estas cantidades no fueron recibidos por los votantes, por causas no imputables al Ministerio del Interior.

  • En el análisis relacionado con la aplicación de las normativas sobre igualdad de género, transparencia y sostenibilidad ambiental, el Tribunal de Cuentas concluye que no aprecia deficiencias respecto a las dos primeras. En relación a la última se indica que la Dirección General de Política Interior no hizo uso en el periodo fiscalizado de la facultad que, con carácter potestativo, contempla la normativa contractual de incluir en los pliegos de los contratos previsiones relacionadas con la protección del medioambiente.

En función de los resultados de la fiscalización, el Tribunal de Cuentas formula en su Informe una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno, al Ministerio del Interior y al prestador de servicios postales Entre ellas:

En lo que se refiere al Gobierno el Informe señala que debería:

  • Adecuar las plantillas de personal de la Dirección General de Política Interior y de la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior para poder cumplir adecuadamente sus funciones.
  • Establecer criterios homogéneos en el reparto de los gastos que realizan el gobierno central y los autonómicos en los casos de concurrencia de procesos electorales.
  • Revisar la redacción de los acuerdos del Consejo de Ministros por los que se establecen las obligaciones de servicio público del prestador del servicio postal universal, con la finalidad de dotarlos de una mayor claridad en la parte relativa a la distribución de los costes del envío de propaganda electoral.
  • Establecer un procedimiento más eficiente para la devolución de los gastos de franqueo a los electores españoles residentes en el extranjero.

En cuanto al Ministerio, el Informe señala que debería observar un mayor rigor y precisión en la fijación de los presupuestos de los contratos; y prestar mayor diligencia en el cumplimiento de los plazos para la emisión de las actas de recepción, certificados de conformidad y pago a proveedores.

Al prestador de servicios postales, por su parte, el Tribunal le recomienda la implantación de un sistema que facilite la justificación y comprobación de los envíos realizados.

El contenido del presente Informe (nº. 1.346) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación /T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686/ marisol.galvez@tcu.es


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