Escudo Oficina de Prensa


TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de los gastos de personal e indemnizaciones por razón del servicio de las diputaciones provinciales y sus organismos autónomos de comunidades autónomas sin Órgano de Control Externo propio, ejercicio 2017

1/09/20

Fiscalización realizada a iniciativa de la Institución

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL E INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIO 2017

Madrid, 1 de septiembre de 2020.- Esta fiscalización, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido por objeto efectuar una evaluación de los gastos de personal e indemnizaciones por razón del servicio de las siete diputaciones provinciales y sus nueve organismos autónomos de las comunidades autónomas pluriprovinciales que no tienen Órgano de Control Externo propio (Castilla-La Mancha y Extremadura).

El objetivo de este análisis ha sido comprobar: el cumplimiento de la normativa aplicable en relación con esta materia; su adecuado registro contable y presupuestario; la disponibilidad de un sistema de control interno adecuado en relación con la gestión de personal; y la observancia de los principios de buena gestión financiera. Asimismo, la fiscalización ha verificado el cumplimiento de las normas aplicables en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de transparencia de la información pública, en todo aquello que tuviera relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.

El Informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones:

  • En relación con los cargos electos

La fiscalización señala que, dada la ausencia de una regulación legal sobre la composición de los órganos de las diputaciones -salvo lo previsto para el Pleno y la Junta de Gobierno-, existe una gran heterogeneidad respecto al número de vicepresidentes y de diputados delegados. Se ha comprobado que el número máximo de cargos electos con dedicación exclusiva cumplía el límite establecido para cada una de las diputaciones. No obstante, en la Diputación Provincial de Guadalajara, mediante Acuerdo de Pleno, se preveía la posibilidad de designar a diputados con tal régimen de dedicación exclusiva con cargo a dotaciones retributivas reservadas al personal eventual, excediendo con ello la habilitación legal del Pleno.

El importe total de las obligaciones reconocidas netas en 2017 por retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio abonadas a los miembros de las diputaciones provinciales ascendió a 5.953.447 euros, observándose en la fiscalización la existencia de importantes diferencias en el gasto entre distintas diputaciones. Así, a la Diputación Provincial de Badajoz, con un total de 27 miembros, correspondía el 22% del citado gasto, mientras que la Diputación Provincial de Cuenca, con 25 miembros, representaba tan solo el 9% del total.

Con carácter general, las retribuciones abonadas a los cargos electos respetaban los límites establecidos por la normativa aplicable, sin que la fiscalización haya observado que hayan percibido ninguna otra retribución procedente de los organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios de su respectiva Corporación, sin perjuicio de las asistencias e indemnizaciones por razón del servicio a que tuvieran derecho por su participación en los órganos rectores de las entidades dependientes, dentro del marco legal.

No obstante, tres de los vicepresidentes de la Diputación Provincial de Ciudad Real, con dedicación exclusiva, percibieron importes, de reducida cuantía, por asistencias a órganos colegiados de la propia Diputación, que estaban reservadas a miembros sin dedicación exclusiva ni parcial. A su vez, un miembro de la Diputación Provincial de Guadalajara, sin dedicación exclusiva ni parcial, percibía retribuciones con cargo a las dotaciones presupuestarias del personal eventual, situación no prevista legalmente. Por lo que respecta al abono de cuantías a los cargos electos en concepto de asistencias a los órganos colegiados, las diputaciones provinciales presentaban importantes diferencias en su regulación, en relación con el importe y el devengo de las mismas.

En cuanto a las indemnizaciones por razón del servicio, se han detectado varios incumplimientos de los requisitos legalmente establecidos para su percepción: en las Diputaciones Provinciales de Albacete y Cuenca se abonaba una cuantía relacionada con los gastos derivados del ejercicio de las funciones, por un importe fijo mensual y sin necesidad de justificación del empleo de los fondos, y que en realidad tenía la naturaleza de una retribución, a la que no tenían derecho los diputados sin dedicación exclusiva ni parcial; y en la Diputación Provincial de Toledo se abonaron asistencias a tres diputados  sin que se justificara la asistencia a reuniones, si bien todos ellos han procedido, como consecuencia de la presente fiscalización, al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

En relación con los miembros de las diputaciones provinciales en régimen de dedicación exclusiva, la fiscalización ha verificado que en los ayuntamientos por los que habían sido elegidos, en los que no tenían dedicación exclusiva ni parcial, solo percibían las cantidades correspondientes por asistencias y resto de indemnizaciones por razón del servicio, a excepción de un miembro de la Diputación Provincial de Albacete, que recibía una cantidad fija mensual y sin necesidad de justificación del Ayuntamiento de la Roda; y otro miembro de la Diputación de Badajoz, que recibió del Ayuntamiento de Quintana de la Serena una cuantía superior a las asistencias a que tenía derecho, si bien procedió, en el curso de la fiscalización, al reintegro del exceso percibido.

  • En relación con el personal directivo, eventual, funcionario y laboral

En materia de planificación de recursos humanos, el Informe señala que la Diputación Provincial de Cuenca incluía, en su relación de puestos de trabajo, también los correspondientes al personal que prestaba servicios en el Organismo autónomo Patronato de Desarrollo Provincial de Cuenca. Por su parte, las Diputaciones Provinciales de Albacete y Toledo no recogían en sus plantillas al personal eventual.

Respecto a los procesos selectivos convocados mediante oferta pública de empleo de 2017, la fiscalización ha observado una excesiva prolongación en el tiempo, encontrándose algunos de ellos abiertos a finales del ejercicio 2019.

Durante el ejercicio fiscalizado se llevó a cabo un proceso de funcionarización en la Diputación de Cáceres y en su Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, mediante el sistema de concurso-oposición restringido al personal laboral fijo que prestaba servicios en ambas entidades, lo cual resulta contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional, que prohíbe los procesos selectivos que excluyan la posibilidad de concurrencia de terceros. Como resultado de dicho proceso, se convirtieron en personal funcionario un total de 130 empleados fijos en la Diputación y otros 53 en el Organismo Autónomo.

En 2017 solo disponían de personal directivo las Diputaciones Provinciales de Albacete, Badajoz y Guadalajara. En el caso de la Diputación Provincial de Cáceres, la regulación aprobada en esta materia fue anulada por haber incluido aspectos que implicaban el desarrollo del artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público, siendo ello competencia exclusivamente del Estado y de las comunidades autónomas.

Todas las diputaciones provinciales recogían, mediante acuerdos plenarios, la regulación del personal eventual, cumpliéndose los límites establecidos legalmente, si bien presentaban una elevada heterogeneidad en cuanto a la distribución del mismo por categorías profesionales.

El Informe señala que también resultaba muy heterogénea la distribución de empleados entre personal funcionario y laboral en las entidades fiscalizadas. Las cantidades abonadas en concepto de retribuciones básicas y complementarias presentaban diferencias significativas entre diputaciones, oscilando entre los 33.504.976 euros de la Diputación Provincial de Albacete y los 11.316.561 euros de la de Guadalajara. Con carácter general, las retribuciones satisfechas al personal funcionario y laboral se correspondían con lo previsto en la normativa aplicable, si bien en la Diputación Provincial de Toledo se abonaron en exceso importes de escasa cuantía a tres de sus empleados, en concepto de carrera profesional, habiendo sido regularizada dicha situación en dos de los casos.

En el conjunto de las diputaciones no había un sistema de evaluación del desempeño basado en elementos objetivos para la asignación del complemento de productividad. Las Diputaciones Provinciales de Albacete y Toledo no disponían de criterios específicos para la asignación de la productividad, observándose heterogeneidad en los criterios para el resto de las entidades.

Respecto a las retribuciones vinculadas a la realización de trabajos fuera de la jornada laboral, en todas las diputaciones, a excepción de la de Toledo -que no abonó cantidad alguna por este concepto-, se excedió el máximo de 80 horas extraordinarias anuales establecidas para el personal laboral en el Estatuto de los Trabajadores, pese a estar prohibido expresamente en los Convenios Colectivos de las Diputaciones Provinciales de Albacete, Cáceres y Guadalajara.

La Diputación Provincial de Albacete abonaba retribuciones de forma regular a parte de su personal por la realización de servicios en horas nocturnas, sábados, domingos y festivos, que debían formar parte del complemento específico de los puestos de trabajo o incluirse a través de la productividad. También abonaba horas extraordinarias por trabajos calificados como urgentes y realizados fuera de la jornada laboral, que tenían carácter estructural, periódico y por cuantías fijas a favor de ciertos empleados, sin responder a necesidades urgentes. El órgano de Intervención emitía de forma sistemática reparos contrarios a dichos abonos, por un importe total de 3.403.767 euros en 2017, que eran levantados por la presidencia de la Corporación.

La fiscalización ha puesto de manifiesto la existencia de diferentes criterios de imputación de los gastos derivados de acciones formativas mixtas, a favor del personal propio y de terceros, no distinguiendo las Diputaciones de Cáceres, Guadalajara y Toledo los gastos correspondientes a los empleados que impartían dichas acciones ni el importe relativo a los gastos por la formación impartida a su propio personal.

En la Diputación Provincial de Albacete se abonaron premios de jubilación anticipada a personal funcionario sin cobertura jurídica, al no preverse en el Acuerdo Marco, habiéndose incorporado al mismo en 2018. En las Diputaciones Provinciales de Albacete y Cuenca abonaban cantidades fijas a sus empleados en concepto de acción social, en función del grupo profesional al que pertenecían y sin necesidad de justificar las finalidades que motivaban su entrega, constituyendo en la práctica un complemento retributivo no previsto legalmente.

  • En relación con las incidencias en materia contable y presupuestaria

La Diputación Provincial de Albacete imputaba incorrectamente al capítulo 1 de su presupuesto el importe de las asistencias de sus cargos electos a los órganos colegiados de la Corporación. Por su parte, los incentivos al rendimiento por productividad del personal eventual fueron aplicados a las partidas del personal funcionario y los relativos al personal que realizaba sustituciones, clasificado como “Otro personal”, se registraban con las retribuciones satisfechas al mismo, debiendo haber sido imputado a la partida de incentivos al rendimiento.

La Diputación Provincial de Badajoz imputó erróneamente retribuciones del personal directivo a otras partidas presupuestarias distintas como consecuencia de cambios implantados en los procesos de gestión económico-financiera, lo que denota una deficiencia de control interno.

La Diputación Provincial de Cuenca imputaba a su presupuesto, de forma incorrecta, las retribuciones del personal del Patronato de Desarrollo Provincial.

Por su parte, la Diputación Provincial de Guadalajara reconoció obligaciones derivadas de premios de jubilación anticipada, también incorrectamente, en la partida de “Acción social”, en lugar de la de “Prestaciones sociales”.

En cuanto al contenido de la memoria de las cuentas anuales, se observa la existencia de diferencias significativas en el número de empleados, con respecto a la información obtenida en el curso de la fiscalización. El apartado relativo a los indicadores de gestión, en concreto, los de costes de personal y número de efectivos asignados a los distintos servicios, no fue cumplimentado por las Diputaciones Provinciales de Albacete, Cáceres, Cuenca, Guadalajara y Toledo, ni tampoco por los Organismos Autónomos de Gestión Tributaria y Recaudación de Albacete, Cáceres, Cuenca y Toledo, el Patronato Provincial de Turismo y Tauromaquia de Badajoz, el Patronato de Desarrollo Provincial de Cuenca y el Instituto de Estudios Albacetenses.

  • En relación con el control interno

Las Intervenciones de las Diputaciones Provinciales de Badajoz, Cáceres y Cuenca disponían de un modelo de control interno basado en un sistema de fiscalización previa plena, mientras que las de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo tenían implantada la fiscalización limitada previa de requisitos básicos. En ninguno de los casos se realizaban actuaciones de control financiero posterior, suponiendo un control insuficiente, especialmente en aquellas que solo disponían de fiscalización limitada previa.

En relación con el sistema de control interno, ninguna de las diputaciones contaba con normas específicas en materia de contabilidad, ni manuales de procedimientos para la gestión del personal, rigiéndose por lo dispuesto en las respectivas bases de ejecución del presupuesto, aprobadas por el Pleno de cada Corporación.

Los sistemas de control interno de las diputaciones y sus organismos autónomos, en general, no se encontraban suficientemente formalizados y automatizados, lo que dificultaba la obtención de información en materia de personal.

  • En relación con la normativa en materia de igualdad de género

El Informe señala que, con carácter general, la composición de personal de las diputaciones se encontraba equilibrada entre hombres y mujeres. El colectivo con mayor presencia de hombres era el personal eventual, con una diferencia de dieciocho puntos porcentuales respecto al número de mujeres.

Todas las diputaciones, excepto las de Cuenca y Guadalajara, tenían Unidades de Igualdad y también disponían de un Plan de Igualdad, encontrándose prorrogados en el ejercicio fiscalizado los de las Diputaciones de Albacete y Ciudad Real. Ninguno de los organismos autónomos tenía aprobado un Plan de Igualdad propio, al serles era de aplicación el de su respectiva diputación.

En todas las diputaciones fiscalizadas se habían adoptado medidas de conciliación laboral y familiar para su personal. Las mujeres eran las que hacían uso del régimen de reducción de jornada mayoritariamente, siendo la Diputación de Albacete la que presentaba una mayor proporción de hombres, un 35 %, en dicho régimen.

  • En relación con la normativa en materia de transparencia

Todas las diputaciones tenían un Portal de transparencia propio, observándose carencias en la información sobre la trayectoria profesional de los cargos electos, que solo se publicaba en las Diputaciones Provinciales de Ciudad Real y Guadalajara, así como en la de Albacete únicamente relativa al Presidente de la Corporación. En ninguna de las diputaciones se publicaba la información sobre evaluación de los planes y programas, con los indicadores de cumplimiento y sus resultados, ni tampoco las resoluciones sobre compatibilidad del personal o resoluciones de autorización de ejercicio de actividad privada tras el cese de los altos cargos o asimilados.

El Informe finaliza con una serie de recomendaciones dirigidas a los responsables de las diputaciones provinciales, entre ellas, la conveniencia de:

  • Mejorar los sistemas de información, al objeto de efectuar la adecuada imputación de costes y rendimientos, desglosados por actividades; los instrumentos de planificación en materia de personal, y los sistemas de control interno sobre los abonos por retribuciones, asistencias e indemnizaciones por razón del servicio de los miembros de las diputaciones provinciales.
  • Mantener actualizados sus respectivos Portales de transparencia, así como mejorar la información publicada en los mismos y, en particular, la relativa a la trayectoria profesional de los cargos electos.

El contenido del presente Informe (nº. 1.382) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es


LISTADO DE CATEGORIAS

Nota de Prensa

LISTADO DE TEMAS

Entidades locales
Gestión y control