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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia y seguridad privada celebrados por las entidades locales de la comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicios 2018 y 2019

26/01/21

Fiscalización a iniciativa de la Institución

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CELEBRADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIOS 2018 Y 2019

Madrid, 26 de enero de 2021.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como objetivos de fiscalización: verificar el cumplimiento de la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la documentación establecida por las normas legales y por las instrucciones aprobadas por el Pleno de la Institución relativas a la remisión telemática de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos; analizar la preparación, adjudicación y formalización de los contratos y su sometimiento a la legalidad vigente y a los principios de buena gestión, así como de la ejecución de los contratos y su sometimiento a la legalidad vigente. También, ha verificado el cumplimiento de las prescripciones de transparencia, sociales, de sostenibilidad ambiental e igualdad de género establecidas por la normativa, en todo aquello en que pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.

Es una fiscalización de cumplimiento y operativa, realizada a instancia de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, para cuya ejecución se desarrollan diversos procedimientos fiscalizadores respecto de los distintos ámbitos del sector público. Esta fiscalización de ámbito local tiene carácter horizontal, estando constituido su ámbito subjetivo por las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo (OCEx) propio, es decir, de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Región de Murcia.

El Informe recoge, entre otras conclusiones, las siguientes: 

  • En relación con las fases de preparación y adjudicación de los contratos, la fiscalización señala que en un número significativo de expedientes se ha observado una inadecuada y deficiente planificación de las necesidades contractuales; bien porque no se iniciaron con la suficiente antelación o porque los expedientes no fueron tramitados con la debida diligencia, de forma que permitieran tener adjudicado el nuevo contrato antes del vencimiento del anterior.

    Esto ha dado lugar, según observa la fiscalización, a una prolongación irregular de la ejecución del contrato, mediante la continuación de la prestación del servicio, así como a su abono conforme a los precios estipulados en el contrato ya extinguido; lo que ha significado una prolongación de la situación de cierre del mercado y exclusión de la concurrencia más allá del tiempo legalmente previsto.

    Por otra parte, la fiscalización ha identificado deficiencias en relación con la acreditación de la necesidad, idoneidad e insuficiencia de medios propios para la realización del contrato (un 46% del total) y, en más de la mitad de los contratos examinados (un 54%), se ha observado que no se han valorado las repercusiones y efectos en el cumplimiento por la entidad local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). El Informe refleja también que en un 37% de los expedientes no constan las estimaciones, los datos tenidos en cuenta, ni los cálculos realizados para la cuantificación del presupuesto de licitación y del valor estimado del contrato, así como de su adecuación al precio general de mercado.

    Del análisis del contenido de los pliegos, la fiscalización ha detectado incumplimientos puntuales en aspectos generales de la contratación. Entre estos: la inclusión en el pliego de prescripciones técnicas de menciones que deben recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares; el exceso de duración de las prórrogas, respecto de la regulación legal; o la falta de concreción de los medios específicos de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de entre los enumerados en la ley.

    El incumplimiento más generalizado es el que se refiere a la ausencia de incorporación a los pliegos de la obligación de que todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realicen por medios exclusivamente electrónicos, como exige la disposición adicional decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público. La insuficiencia de los medios técnicos de las entidades locales puede explicar su falta de adaptación en este punto, a esta novedad legislativa.

    Por otra parte, el Informe señala que varios pliegos de cláusulas administrativas particulares no establecieron indicadores para la valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, lo que no favorece los principios de publicidad, transparencia y objetividad, informadores de la contratación pública.

    En algunos contratos examinados las fórmulas previstas para la valoración del criterio precio desvirtúan la ponderación que nominalmente tiene este criterio en la licitación, al otorgar puntuación incluso a las ofertas que no representan una baja respecto del presupuesto base de licitación. Esto da lugar a que las diferencias de puntuación entre las ofertas económicas puedan acabar siendo nimias frente a las diferencias resultantes de la aplicación de los criterios dependientes de un juicio de valor que, en la práctica, resultan tener una ponderación superior a la definida en los pliegos.

  • En cuanto a la fase de ejecución, el Informe señala que en un elevado número de contratos no se nombró un responsable del contrato que permitiera ejercer una mayor diligencia en la vigilancia y control de la ejecución del servicio, para que se cumplieran las condiciones y los plazos establecidos en el contrato.

    Un significativo número de los contratos en vigor durante el estado de alarma no se suspendieron, total ni parcialmente (artículo 34 de Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19), no obstante referirse a instalaciones o dependencias que estuvieron cerrados durante la vigencia de dicho estado de alarma, como eran las escuelas infantiles, colegios públicos, palacio de exposiciones, museos, etc. Esto evidencia, según el Informe, una gestión indebida de los recursos por parte de la Administración contratante al continuar destinando gasto público a actuaciones carentes de utilidad sobre edificios fuera de uso a pesar de disponer de la posibilidad legal de suspender los correspondientes contratos, con el consiguiente ahorro para el presupuesto de la entidad local.

  • Respecto a la verificación del cumplimiento de las prescripciones de transparencia, la fiscalización pone de manifiesto la existencia de entidades locales que no publican en sus respectivas páginas webs toda la información sobre contratación exigida por Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
  • En relación con las verificaciones realizadas en materia de sostenibilidad ambiental e igualdad de género, la fiscalización señala que el 49% de los contratos analizados no incluye consideraciones sociales o medioambientales como criterios de solvencia, adjudicación o condiciones especiales de ejecución, que prevé con carácter potestativo la normativa contractual.

    El 27% de los contratos que estaban sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público incumple la exigencia contenida en esta Ley de que los pliegos de cláusulas administrativas particulares incluyan al menos una condición especial de ejecución referida a consideraciones económicas relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social. También se señala la ausencia de cláusulas relativas a las previsiones establecidas en la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en los pliegos del 49% de los contratos analizados.

El Informe finaliza con una serie de recomendaciones a las entidades locales dirigidas a:

  • Establecer mecanismos de planificación y gestión de su actividad contractual que permitan concluir la tramitación y adjudicación de sus contratos con la debida antelación, evitando situaciones de contratación irregular.
  • Dotarse de los procedimientos adecuados para cuantificar el presupuesto de licitación y el valor estimado de los contratos y su adecuación al precio general de mercado a partir de una correcta estimación de los costes directos e indirectos.
  • Definir indicadores adecuados para la valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor que salvaguarden los principios de publicidad, transparencia y objetividad, informadores de la contratación pública.
  • Considerar en la valoración del criterio precio la utilización de fórmulas que guarden una adecuada proporcionalidad en cuanto a las diferencias existentes entre las ofertas y las puntuaciones otorgadas, evitando otorgar puntuación a aquellas que no representan una baja respecto del presupuesto base de licitación.
  • Reforzar, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, sus medios técnicos y personales a fin de estar en condiciones de atender a las exigencias crecientes que el derecho de la contratación administrativa impone a los poderes adjudicadores. Desde este punto de vista, resulta prioritario proporcionar al personal encargado de la contratación las herramientas de formación necesarias que refuercen la profesionalización de la gestión contractual.

El contenido del presente Informe (nº.1.419) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es

 


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