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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de las actuaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo de Seguridad Nuclear para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la energía

15/10/20

Fiscalización realizada a iniciativa de la Institución

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA Y DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LA ENERGÍA

  • Esta fiscalización se enmarca dentro de los objetivos estratégicos del Tribunal de realizar impulsar la realización actuaciones fiscalizadoras que contribuyan a la implementación de los ODS

Madrid, 15 de octubre de 2020.- La realización de este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal, se enmarca en el compromiso de la Institución, adquirido en su Plan Estratégico 2018-2021, de impulsar la realización de actuaciones que contribuyan a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una de las medidas definidas para dar cumplimiento al objetivo específico de dicho Plan Estratégico de “Realizar actuaciones que sirvan a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas para impulsar la adopción de medidas que contribuyan a conseguir un sector público más racional y eficiente”.

Las líneas generales de la preparación para la implementación de los ODS en España se encuentran en el documento “Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030”, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2018, como un documento programático de transición entre el arranque de la implementación de la Agenda y la formulación de una Estrategia de Desarrollo Sostenible a largo plazo.

En particular, el ODS 7, “Garantizar el acceso a una energía asequible, sostenible, segura y moderna para todos”, se centra en el sector energético y está íntimamente relacionado con el ODS 13, “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. Esta confluencia de objetivos se gestiona por primera vez en España, a partir de junio de 2018, desde el mismo departamento ministerial, el actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De este departamento emanan las políticas públicas, las directrices y la normativa necesarias para la implementación de estos ODS, definiendo los organismos públicos con competencias en la materia.

Entre las funciones de los dos organismos fiscalizados, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), se encuentran determinadas actividades habituales que se pueden encuadrar en la primera parte del citado Plan de Acción: en la CNMC, las actividades relacionadas con sus competencias en materias de informe y propuesta de normativa, de régimen retributivo de las instalaciones renovables y de inspección y autorización de instalaciones; y en el caso del CSN, las actividades relacionadas con los procedimientos de seguridad de las centrales nucleares y la protección radiológica, la inspección de instalaciones radiactivas y la aprobación de planes de continuidad o desmantelamiento de instalaciones.

En consecuencia, el ámbito objetivo de la fiscalización está constituido por las actuaciones desarrolladas por la CNMC y el CSN en ejecución de las funciones señaladas, puestas en relación con los planes y directrices contenidos en los documentos aprobados por el Gobierno para la implementación de los ODS en España. No han sido, por tanto, objeto de la fiscalización las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para la implementación de los ODS, en particular del ODS 7, sino como referencia para la evaluación de las actuaciones de los dos organismos fiscalizados.

Las actuaciones fiscalizadoras se han referido a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, que son los inmediatamente posteriores a la aprobación de la denominada Agenda 2030 en la sede de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 y del Acuerdo de París de 12 de diciembre del mismo año en relación con la energía y el cambio climático.

Respecto a la CNMC, el objetivo de la fiscalización ha consistido en evaluar la aplicación de las actuaciones, en el ámbito de sus competencias, en relación con el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos, en materia de informes y propuestas normativas sobre autorizaciones y supervisión de las instalaciones, subastas de energías renovables, seguimiento del autoconsumo y del desarrollo normativo derivado de la implantación de la normativa europea, en la medida que afecten a la consecución de los ODS y la transición energética, tomando como referencia la racionalidad económico-financiera y los principios de buena gestión.

Respecto al CSN, el objetivo de la fiscalización ha sido la evaluación de la aplicación de los procedimientos, guías e instrucciones normativas derivados de las funciones definidas en el artículo 2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del CSN, en relación con la seguridad de la explotación de las centrales nucleares y protección radiológica y, en su caso, de la operación a largo plazo o desmantelamiento de las instalaciones (más de 40 años de vida útil), según los planes gubernamentales para la implementación de los ODS, tomando como referencia la racionalidad económico-financiera y los principios de buena gestión.

Entre las conclusiones del Informe cabe resaltar las siguientes:

  • En relación con situación de la preparación para la implementación de la Agenda 2020 en España

    La principal política a desarrollar en relación con el ODS 7 que establecía el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 era la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que afectaría también a otros objetivos, especialmente al ODS 13, por su carácter transversal, y la del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). En la reunión del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2019, el Gobierno aprobó el Marco Estratégico de Energía y Clima, que incluyó el borrador del PNIEC, cuya última revisión se ha enviado a la Comisión Europea el 30 de abril de 2020. Por su parte, el proyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de mayo de 2020, encontrándose en fase de tramitación parlamentaria a la fecha de aprobación del presente Informe de fiscalización.

  • En relación con el análisis de las actividades de la CNMC en relación con el ODS 7 (“Garantizar el acceso a una energía asequible, sostenible, segura y moderna para todos”) y la transición energética.

    En el Informe se analizan las funciones que la CNMC viene realizando en relación con el cálculo y las liquidaciones del régimen retributivo específico a instalaciones renovables, de cogeneración y residuos, con las subastas de energías renovables y con la gestión del sistema de las denominadas garantías de origen y etiquetado de la electricidad. Además, el Gobierno ha aprobado, en relación con la transición energética, dos reales decretos-leyes, en octubre de 2018 y enero de 2019, que modifican o añaden numerosas funciones de la CNMC para reforzar su capacidad normativa, habiéndose analizado el compromiso adquirido por la CNMC para la emisión de catorce circulares normativas en 2019, de las que aún quedan por aprobar dos a la fecha de este Informe de fiscalización. Entre las pendientes de aprobación se encuentra el proyecto de circular por la que se establece la metodología y las condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica, que posiblemente será una de las circulares más importantes para el desarrollo y el cumplimiento de la previsión de potencia instalada de producción eléctrica a partir de energías renovables en el horizonte 2030, según el borrador del PNIEC.

  • En relación con el análisis de las actividades del CSN, en relación con el mismo ODS 7 y la transición energética.

    La fiscalización ha analizado las actuaciones que tienen relación con la implementación de los ODS relativos a la energía en España, derivadas principalmente de sus funciones en materia de seguridad nuclear y protección radiológica asociadas a la operación a largo plazo (más de 40 años de vida útil) de las centrales nucleares operativas en España. Todas ellas, siete grupos nucleares pertenecientes a cinco centrales (Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II), cumplen su plazo de vida útil dentro del periodo contemplado en la Agenda 2030 y, más concretamente, en el borrador del PNIEC 2021-2030 presentado en la Comisión Europea por el Gobierno, en el que se contempla el cese de la explotación y desmantelamiento progresivo de estos siete grupos nucleares.

El Informe concluye formulando dos recomendaciones:

  • En la primera dirigida a la CNMC, insta a la adopción de medidas oportunas para la aprobación definitiva de las circulares normativas pendientes que afectan a la regulación de los sectores eléctrico y del gas para los periodos regulatorios 2020-2025 y 2021-2026, respectivamente.
  • En la segunda se recomienda al CSN que analice la conveniencia de revisar su planificación a medio y largo plazo en relación con la elaboración de los procedimientos para las revisiones periódicas de seguridad de las centrales nucleares, en función del calendario previsto en el borrador del PNIEC para el cese de explotación y desmantelamiento de las mismas en el periodo 2025-2030. Dicha planificación debería incluir la previsión de las necesidades de personal del CSN y de los planes de formación adecuados con la antelación suficiente al periodo al que se refiera.

El contenido del presente Informe (nº. 1.386) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es


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