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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de las actuaciones de fomento de las industrias culturales y mecenazgo, ejercicio 2017

17/06/20

Fiscalización realizada a iniciativa del Tribunal de Cuentas

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y MECENAZGO, EJERCICIO 2017

Madrid, 17 de junio de 2020.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como objeto el análisis de la gestión integral de las actuaciones de fomento de las industrias culturales y mecenazgo del Ministerio de Cultura y Deporte. Ha tenido como objetivos: evaluar los procedimientos, sistemas y modelos de gestión económico-financiera y de control interno aplicados por la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas (DGICC); comprobar que los fondos públicos gestionados tienen un adecuado reflejo contable y presupuestario y que han sido registrados conforme a los principios y criterios contables que le son de aplicación; comprobar que se han cumplido las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sometida la actuación de la citada Dirección General; así como, analizar el grado de eficacia, eficiencia y economía en el desarrollo de las actividades en materia de industrias culturales y mecenazgo.

Asimismo, la fiscalización ha comprobado la observancia de las previsiones recogidas en la normativa de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de transparencia, en todo lo relacionado con los objetivos de la fiscalización.

En el Informe la fiscalización se incluye una serie de conclusiones, entre ellas:

En relación con el análisis del control interno, la fiscalización observa una serie de deficiencias, entre ellas: la ausencia de detalle sobre las competencias y las personas responsables de cada área en los manuales existentes, así como la falta de manuales de procedimientos de gestión para determinadas líneas de subvenciones (Iberex, Culturex, Hispanex, y ayudas de acción y promoción cultural).

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el Informe señala que la DGICC gestionó, en el ejercicio 2017, las funciones en materia de fomento de IICC a través de los programas presupuestarios 334A “Promoción y cooperación cultural”, 334C “Fomento de las industrias culturales”[1], y una parte de los créditos de los programas 144A “Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior” y 321M “Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte”, los cuales registraron un bajo nivel de ejecución presupuestaria en el ejercicio.

Estos bajos grados de ejecución se han debido, en el programa 334C a la falta de realización de los créditos de los capítulos 3 “Gastos financieros” y 8 “Activos financieros” ante la ausencia de autorización de la Dirección General de Presupuestos a la creación de una línea de préstamos; en el programa 334A, al no haberse otorgado finalmente las subvenciones nominativas previstas; y en el programa 321M, a la modificación legislativa del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), que supuso la sustitución, desde el 1 de agosto de 2017, del sistema de compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Por todo ello, según recoge el Informe, debería valorarse la oportunidad de realizar ajustes en la presupuestación de ejercicios posteriores, analizando la posibilidad de aprovechar créditos en otras líneas de promoción de las industrias culturales, para así realizar una utilización más eficiente de los fondos públicos.

En cuanto a la gestión de los gastos corrientes en bienes y servicios, la fiscalización ha detectado una serie de deficiencias. Entre ellas: la falta de mención expresa en la memoria justificativa del gasto al carácter esporádico del objeto del gasto; omisión del  ‘visto bueno’ de la autoridad competente, requisito requerido por  su normativa interna; la ausencia de acreditación de la solicitud de tres ofertas en contratos menores, sin fundamentación adecuada según lo previsto en su normativa interna; así como, la ausencia de publicidad en la plataforma de contratación del Sector Público y del perfil del contratante.

Respecto de la contratación administrativa, se señala la ausencia en el expediente del certificado de inventario como precisa su normativa interna, así como la posible existencia de fraccionamiento en contratos menores de adquisición de fondos bibliográficos.

En materia de convenios de colaboración la fiscalización ha detectado deficiencias y carencias relativas a la ausencia de indicación del régimen de modificación aplicable, requerido por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP); a la falta de incorporación de la memoria justificativa prevista en la citada Ley; a la imposibilidad de verificar la inscripción de un convenio en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, según lo establecido en la LRJSP, así como a la ausencia de publicación en el portal de transparencia. 

Por lo que se refiere a las encomiendas de gestión (actualmente denominado encargos a medios propios), el Informe ha constatado que la elección y procedencia de la figura de la encomienda de gestión no está suficientemente justificada, ya que no consta que se sustentase en estudios de costes o de rendimientos que avalasen la mayor eficiencia y eficacia de este método frente a otras modalidades de gestión como la contratación pública, ni en estudios de costes que permitieran estimar que las retribuciones abonadas no superaran el coste de las actuaciones desarrolladas o los valores de mercado. También ha observado la falta de valoración del Ministerio de Cultura y Deporte de los informes de resultados aportados por la encomendataria, contraviniendo la cláusula 4ª del acuerdo de encomienda de gestión de 2017.

En el análisis de las subvenciones, se han advertido diversas deficiencias que afectaban tanto a la concesión como a la justificación de las mismas, como la existencia de  gastos no subvencionables, gastos que no se corresponden con la actividad subvencionada, así como la subcontratación del proyecto subvencionado con personas vinculadas sin cumplir los requisitos de la Ley General de Subvenciones.

En relación con los ingresos, el informe destaca que las memorias económico-financieras de la “tasa por servicios prestados por el RPI” y de la “tasa por determinación de tarifas de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad intelectual” establecían unos costes del servicio prestado que no estaba soportado en ningún estudio de costes que garantizara el cumplimiento del principio de equivalencia establecido en la Ley de Tasas y Precios Públicos. Los precios públicos relativos a industrias culturales tampoco han estado respaldados en unos estudios y análisis sobre los costes económicos de la realización de las actividades o prestación de servicios y su grado de cobertura financiera, que requiera la misma disposición legal.

En relación al análisis de la eficacia, eficiencia y economía, en materia de industrias culturales y mecenazgo, el Informe concluye que el Ministerio de Cultura y Deporte efectuó un uso insuficiente de los instrumentos previstos para realizar un seguimiento y control adecuados sobre la aplicación de los principios de buena gestión. En este sentido, la fiscalización observa, entre otras deficiencias que: los indicadores establecidos para medir el logro de los objetivos de los programas presupuestarios no proporcionaban información suficiente y relevante para la toma de decisiones, y no medían el efecto o impacto real de las actuaciones realizadas o su eficiencia y economía; la ausencia de vinculación entre el Plan Estratégico General de carácter plurianual existente y la planificación anual prevista en las memorias presupuestarias; así como la inexistencia de un Plan Estratégico de Subvenciones en el ejercicio fiscalizado.

En relación con la normativa sobre Trasparencia, el Ministerio de Cultura y Deporte cumplió en 2017 con las obligaciones impuestas por la misma, a excepción de algunos aspectos como la falta de publicación de algunos contratos, convenios o datos relativos a la encomienda de gestión formalizada.

En función de los resultados, el Informe incluye una serie de recomendaciones al Ministerio de Cultura y Deporte, entre ellas:

  • Elaborar manuales de procedimientos actualizados.
  • Reforzar los mecanismos de control interno, aplicando un Sistema Integral de gestión de subvenciones a todas las subvenciones concedidas en concurrencia competitiva.
  • Realizar un estudio de costes adecuado de las actividades gravadas con las tasas que gestiona la DGICC, así como una adecuada planificación estratégica de subvenciones, y definir indicadores de gestión de forma que proporcionen información útil para el seguimiento de los objetivos y la toma de decisiones.
  • Realizar una evaluación exhaustiva de los procedimientos implantados para la gestión de las subvenciones concedidas.

El contenido de este Informe (nº 1.373) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686 / marisol.galvez@tcu.es

 

Los créditos de los programas 334A y 334C se gestionaron en su totalidad por la DGICC, a excepción de los de capítulo 1 “Gastos de personal”.


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