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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de la gestión de cobro en periodo ejecutivo de los recursos de otras Administraciones y Entes públicos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ejercicios 2018 y 2019

14/06/21

Fiscalización realizada a iniciativa del Tribunal de Cuentas

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE COBRO EN PERIODO EJECUTIVO DE LOS RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS POR LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EJERCICIOS 2018 Y 2019

Madrid, 14 de junio de 2021.- Esta fiscalización, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha analizado la gestión de cobro en periodo ejecutivo, tras la finalización del periodo voluntario, de los recursos cuya gestión se ha encomendado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) tanto por disposiciones legales como mediante convenio. Los ejercicios fiscalizados han sido 2018 y 2019 y el análisis ha incluido la comprobación del reflejo de la gestión en la Cuenta de tributos estatales, el análisis de la regulación de los supuestos de encomienda y de su cumplimiento, la evaluación de los sistemas y procedimientos aplicados en la gestión y el cumplimiento de la normativa de transparencia en esta materia.

Entre las conclusiones recogidas en el Informe destacan las siguientes:

  • En el ámbito específico de la recaudación tributaria, el Reglamento General de Recaudación, con la cobertura legal de la Ley de creación de la Agencia y de la Ley General Tributaria, regula las especialidades de la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de las deudas a favor de organismos autónomos del Estado, de otras administraciones públicas nacionales, extranjeras o entidades internacionales o supranacionales y de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales y sus respectivos organismos autónomos. La regla general establecida en los casos de los recursos de otras administraciones públicas nacionales y de los de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales es que la intervención de la Agencia Tributaria en la gestión recaudatoria debe haber sido formalizada por medio de un convenio.
  • En función de la naturaleza jurídica de los entes titulares de las deudas de cuya gestión se encarga la AEAT, esta ha regulado la relación con aquellos de diferente manera. El Tribunal de Cuentas ha realizado un análisis comparativo del contenido de los distintos tipos de convenios suscritos por la AEAT con las entidades de la administración institucional estatal, con las comunidades autónomas y con las entidades locales. Tras analizar diversas diferencias se ha concluido que es necesaria una revisión sistemática de los convenios y resoluciones aplicables, procediendo a una actualización y homogenización de sus condiciones.
  • En la tercera parte de la Cuenta de tributos estatales se resume el resultado de la gestión de cobro en periodo ejecutivo de los recursos encomendados por otras administraciones y entes públicos. El Tribunal de Cuentas, con la colaboración de la AEAT, ha verificado la integridad y fiabilidad de los sistemas de información de gestión. Debe tenerse en cuenta que la Noma Técnica aprobada por la IGAE para la elaboración del informe de la auditoría de la Cuenta de tributos prevé solo para la primera parte de la Cuenta, y no para la tercera, unos objetivos de auditoría que consisten en verificar la integridad y fiabilidad de los sistemas de información de gestión y la justificación de las operaciones. El tratamiento y el detalle de la información reflejada en la citada tercera parte de la Cuenta son inferiores a los de la contenida en otros estados sobre la gestión de la deuda tributaria estatal, y algunos criterios contables aplicados también son diferentes.
  • La gestión por la AEAT de las deudas de otras administraciones y entes públicos comienza con su remisión a aquella por estos, de la información relativa a las deudas. Los convenios y resoluciones reguladores de su relación definen los requisitos aplicables a estos procesos de remisión de deudas, con diferencias según la naturaleza del ente titular de las mismas, ya que algunos son competentes para la emisión de la providencia de apremio y otros no. Los que tienen competencia para tal emisión han de adjuntar dicha providencia para que se inicie la gestión. No obstante, los convenios no han establecido un sistema por el que la AEAT recuerde automáticamente a los entes que la deben remitir.
  • La AEAT tiene competencia exclusiva para llevar a cabo la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de los departamentos ministeriales y sus organismos autónomos y, por tanto, para la elaboración de la providencia y su notificación. Pero no está regulado internamente el procedimiento de notificación de la providencia de estas deudas ni, en concreto, en qué condiciones se puede exceptuar su gestión por insolvencia del deudor o por otras condiciones que interrumpan la gestión, quedando a la apreciación de la AEAT la evaluación de las circunstancias que pueden implicar la interrupción de la gestión y de las que derive la procedencia del envío de la notificación. Esto es especialmente relevante a la vista del número de liquidaciones anuladas y canceladas por insolvencia y prescripción, sin notificación de la providencia de apremio, encontradas en una muestra analizada en la fiscalización.
  • En las últimas revisiones de los convenios con las comunidades autónomas se introdujeron supuestos en los que la AEAT puede rechazar el cargo u ordenar su cancelación; en concreto, en casos de situaciones que dificulten o imposibiliten el cobro. Se señala que estas condiciones deberían extenderse a todos los convenios, al implicar un coste de servicio para el ente la remisión de las deudas.
  • Los aplazamientos y fraccionamientos de la deuda integran la gestión recaudatoria de la AEAT. Los datos de su gestión permiten apreciar el resultado positivo de los fraccionamientos acordados. Se destaca que la AEAT ha automatizado la tramitación de las solicitudes de aplazamiento de las deudas tributarias, asegurando el tratamiento uniforme en la resolución de las solicitudes.
  • Corresponde a la AEAT la declaración de fallido al pago en el caso de deudores de créditos de la Administración General del Estado y organismos autónomos y proponer la declaración de créditos incobrables para todos los encomendantes, con o sin convenio. En una muestra de liquidaciones dadas de baja por insolvencia en 2018 y en 2019, se ha observado que un 56 % de las liquidaciones de 2018, y la mitad de las de 2019, tuvieron una última actuación interruptiva de la prescripción en los dos años anteriores a la baja por insolvencia; y en algo más del 1 % de las liquidaciones de 2019 la última actuación se realizó con un plazo superior a los cinco años, debiendo declararse la prescripción de tales liquidaciones, en lugar de la insolvencia. Esta situación afectó principalmente a liquidaciones de entes públicos estatales.
    La rehabilitación de créditos permite la continuación de la gestión de deudas remitidas a la AEAT, previamente dadas de baja a propuesta de esta por incobrables, al tenerse conocimiento sobrevenido de la solvencia del deudor. Sería aconsejable la extensión de esta técnica de gestión recaudatoria a todos los convenios.
  • El resultado de la gestión recaudatoria refleja que solo el 12 % de la deuda de cuya gestión estaba encargada la AEAT en 2018 fue objeto de cobro, reduciéndose en 2019 hasta el 8 %. De la deuda cobrada, el 39 % del importe cobrado en el ejercicio 2018 correspondía a deuda en apremio y el 61 % restante a deuda en embargo. Estos porcentajes se situaron en 2019 en el 36 % y el 64 %, respectivamente.
    El Plan Estratégico 2020-2023 de la AEAT ha definido un indicador con el que esta valora su gestión de la recaudación de las deudas de otros entes. En síntesis, el índice relaciona la deuda gestionada y la deuda gestionable en un periodo de acuerdo con una fórmula descrita en el propio Plan. El Tribunal ha calculado el índice para la gestión de 2018 y 2019 aplicando los criterios definidos en el Plan Estratégico con algunas pequeñas adaptaciones. De acuerdo con los resultados obtenidos por el Tribunal, el indicador quedó en 2018 muy ligeramente por encima del objetivo previsto en el Plan Estratégico 2020-2023 y en 2019 quedó por debajo.
  • Los costes de servicio que la AEAT liquida a los entes titulares de la deuda están regulados en los convenios, pero la Agencia no ha elaborado valoraciones que permitan concluir si estos costes repercutidos cubren o exceden el coste real del servicio prestado. De hecho, la fórmula de cálculo del coste no depende de las gestiones que haya realizado la AEAT. Los porcentajes establecidos para determinar el coste de servicio presentan algunas diferencias para entes públicos determinados, para los que el coste de servicio es ligeramente superior. Esto significa que un mismo servicio se cobra por importes diferentes dependiendo del ente de que se trate. Sería conveniente que la AEAT igualara los porcentajes para todos los entes, salvo que se pueda justificar la diferencia mediante el estudio oportuno.
  • Las resoluciones reguladoras de la relación de la AEAT con los departamentos ministeriales y los organismos autónomos, así como los convenios con otras administraciones y entes, disponen que aquella queda obligada a remitir mensualmente a los titulares de la deuda información de la gestión realizada, lo que se ha constatado se ha realizado en forma y plazo. No obstante, entre la información de obligada remisión no se encuentra la que resulta precisa para que dichos entes puedan calcular la dotación del deterioro de sus créditos a fin de ejercicio.
  • En relación con la observancia de la normativa sobre transparencia, la fiscalización concluye que no se ha cumplido en su integridad lo establecido en aquella sobre la publicación de los convenios de encomienda de gestión suscritos.

El Informe finaliza proponiendo una serie de recomendaciones a la AEAT para subsanar las deficiencias que se ponen de manifiesto a lo largo del mismo. Entre ellas:

  • Impulsar un proceso de revisión sistemática de los convenios y resoluciones que regulan la remisión a la AEAT de deuda para la gestión de su cobro, procediendo a una actualización y homogenización de las condiciones establecidas en ellos. Sería conveniente que las nuevas regulaciones tuvieran en cuenta las mejores prácticas para la gestión de la deuda reguladas en algunos de los convenios más recientes.
  • Introducir actualizaciones en las herramientas informáticas empleadas en la gestión de este tipo de deudas, así como mejoras en los procedimientos que tienen por objetivo asegurar la notificación de las providencias de apremio.
  • Realizar una evaluación de los costes de su servicio de gestión de deudas, con objeto de que la repercusión del coste a los entes se realice sobre bases objetivas.
  • Revisar el tipo de información que suministra a los entes respecto de la gestión de cobro de la deuda, con objeto de incluir en ella datos relevantes para los entes en la formulación de sus estados contables; entre otra, la que les permita calcular la dotación del deterioro de sus créditos a fin de ejercicio.

El contenido del presente Informe (nº 1.432) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T.91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es


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