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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de la ejecución de los gastos con financiación afectada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

24/01/20

Fiscalización a iniciativa de la Institución 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA EN EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, EJERCICIOS 2016 Y 2017

Madrid, 24 de enero de 2020.- Esta fiscalización, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como objetivos la comprobación del cumplimiento de las normas que eran de aplicación para el registro y seguimiento de los gastos con financiación afectada incluidos en las cuentas anuales, su representatividad y la valoración del procedimiento establecido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para su gestión. Asimismo, aborda las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las previsiones contenidas tanto en la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como en la de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en todo aquello que, de conformidad con dicha normativa, tiene relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.

En cuanto a su ámbito temporal, esta fiscalización ha analizado los ejercicios 2016 y 2017; si bien, respecto a los procedimientos, su análisis se ha extendido hasta el momento en el que se han realizado las pruebas planificadas en el marco de la fiscalización (2019), y se han examinado los datos y actuaciones de ejercicios anteriores o posteriores que se han considerado necesarios para el cumplimiento de los objetivos.

En el Informe de fiscalización se recogen, entre otras, las siguientes conclusiones:

  • En relación con el cumplimiento de la normativa reguladora y del análisis de la representatividad contable, se indica que el sistema de información contable implantado en el CSIC no resulta adecuado para el control y seguimiento de los gastos con financiación afectada[1] y no se ajusta a lo establecido en la normativa sobre esta materia. No obstante, en el Informe se indica que está en proceso de implantación una aplicación informática con el fin de corregir este incumplimiento.

El CSIC presenta la información del estado F23.4.1 “Desviaciones de financiación por agente financiador” de forma agregada para el conjunto de proyectos con financiación afectada y compensadas las desviaciones positivas y negativas, y utiliza un método de cálculo distinto al que establece el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP). Por otra parte, el CSIC no ha elaborado ni rendido el estado F23.4.2. ”Gestión del gasto presupuestario” de los ejercicios 2016 y 2017, precisamente debido a que su actual sistema de información contable no permite facilitar la información con el detalle que ambos estados requieren.

Por consiguiente, se incumplen principios y criterios contables recogidos en el PGCP y, por tanto, la información de los ejercicios 2016 y 2017 contenida en el punto 23.4 “Gastos con financiación afectada” de la Memoria de las cuentas anuales, así como los importes de las partidas “Exceso de financiación afectada”, incluidos en el estado del Remanente de Tesorería; y “Desviaciones de financiación negativas del ejercicio” y “Desviaciones de financiación positivas del ejercicio” del estado de liquidación del presupuesto “IV. Resultado Presupuestario”, no representan razonablemente las desviaciones de financiación producidas conforme a las normas que le son de aplicación.

Asimismo, en este ámbito, el Informe señala que no es posible emitir una opinión sobre la representatividad de los saldos, a 31 de diciembre de 2016 y 2017, de las cuentas del balance referidas a deudas, debido a que el CSIC carece del detalle de la composición de los saldos, existiendo diferencias significativas con los saldos recogidos por la AGE en sus cuentas respecto de estas mismas operaciones.

  • En cuanto a la gestión de los gastos con financiación afectada se recogen en el Informe una serie de deficiencias, entre ellas: la falta de un procedimiento reglado de aplicación general para la gestión de los proyectos de investigación y para la cumplimentación de la base de datos corporativa; así como la carencia de un calendario de las convocatorias que favorezca la planificación por los investigadores de la gestión de los proyectos. En este punto, la fiscalización también observa que las convocatorias, resoluciones de concesión y pago tuvieron una fecha posterior a la de inicio del proyecto; así como que la aplicación de la normativa sobre contratación en la gestión de algunos de los gastos derivados de los proyectos hubiera podido colisionar, en ocasiones, con las particularidades y especificidades de la investigación científica.

Respecto a la existencia de elevados remanentes de tesorería afectados, la fiscalización señala que es consecuencia, principalmente, de que el cobro de las ayudas se concentra en los dos últimos trimestres del año, especialmente de las relativas al Plan Nacional, no existiendo tiempo suficiente en el ejercicio para su realización.

  • En relación con el análisis del cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se expone que, aunque concurrían algunas desigualdades en el CSIC al inicio de los exámenes efectuados, existe una tendencia de mejora; y que los programas de gasto gestionados por el CSIC han sido objeto de análisis de impacto por razón de género, aunque con algunas deficiencias.
  • En cuanto al análisis del cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se recoge que la información presupuestaria del CSIC no estaba disponible a través de su página web y que la relativa a contratos no se encontraba actualizada.

El Informe termina con la formulación de recomendaciones dirigidas al Gobierno, al CSIC y a la Agencia Estatal de Investigación:

  • En relación con el Gobierno, la recomendación se dirige a que este evalúe la efectividad de los instrumentos introducidos con la nueva LCSP y que, en su caso, valore la posibilidad de incorporar a esta Ley algún procedimiento adicional simplificado y garantista con el fin de conciliar el adecuado desarrollo de la investigación científica con los principios de la contratación pública.
  • Las dirigidas al CSIC tienen como objetivo que el Consejo: elabore un procedimiento reglado de las fases de gestión de los proyectos de investigación que incluya el registro en la base de datos corporativa de proyectos de I+D+i; así como, que, a través de la información que obtenga de la IGAE, de la Agencia Estatal de Investigación y de la Dirección General de Fondos Europeos, elabore un estado sobre la composición de los saldos de las cuentas de deudas, a largo y a corto plazo, que sea representativo de su situación real y se efectúen las correcciones contables oportunas.
  • Las recomendaciones a la Agencia Estatal de Investigación persiguen, por un lado, que esta recabe la información sobre los ingresos que efectúan las instituciones europeas correspondientes al pago de subvenciones que hayan sido objeto de concesión de anticipos al CSIC e informen puntualmente de ello, tanto al CSIC como a la Oficina de Contabilidad del Ministerio de Economía y Empresa (actual Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital), para que ambos procedan a la oportuna cancelación de tales anticipos. Y, por otro lado, que las convocatorias de ayudas a los proyectos de investigación que se realicen en el futuro se hagan con un calendario fijo, al principio del ejercicio; y que las resoluciones de concesión y el pago de las ayudas se produzcan con anterioridad a la fecha de inicio de los proyectos de investigación.

El contenido del presente Informe (nº. 1.345) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:

Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es

 

[1] El PGCP, define este tipo gasto como aquel gasto presupuestario que se financia, en todo o en parte, con recursos presupuestarios concretos que en caso de no realizarse el gasto no podrían percibirse o, si se hubieran percibido, deberían reintegrarse a los agentes que los aportaron.

 


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