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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de la contratación de los servicios de seguridad privada y de limpieza realizada por los Ministerios del Área político-administrativa del Estado y sus Organismos dependientes durante los ejercicios 2018 y 2019

18/06/21

Fiscalización realizada a iniciativa de la Institución

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y DE LIMPIEZA REALIZADA POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES DURANTE LOS EJERCICIOS 2018 Y 2019

Madrid, 18 de junio de 2021.- Este Informe, aprobado por el Tribunal de Cuentas, ha tenido como objetivo principal verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la contratación de los servicios de seguridad privada y de limpieza llevada a cabo por los Ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y de sus Organismos dependientes durante el periodo fiscalizado, que abarca los ejercicios de 2018 y 2019. Como objetivo transversal, se ha comprobado el cumplimiento de las prescripciones de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género, en todo aquello que pudiera tener relación con el objeto de la fiscalización.

Se trata de una fiscalización enfocada a la elaboración del informe anual de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre la contratación del sector público, que también se llevará a cabo en 2021 para dar cumplimiento a la petición formulada por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su Resolución de 10 de octubre de 2017.

En su ámbito subjetivo, la fiscalización abarca los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Justicia; Defensa; Interior; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Educación y Formación Profesional; Cultura y Deporte; Ciencia e Innovación; Universidades; Política Territorial y Función Pública; Igualdad; así como sus organismos dependientes.

 

El Informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones:

  • En relación con el cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas, la fiscalización señala que, con carácter general, los órganos de contratación han cumplido con ella, si bien no se han enviado de oficio algunos contratos que eran de remisión obligatoria conforme a la normativa.
  • En cuanto a la fase de preparación de los contratos, se ha observado que la justificación de la necesidad de contratar se ha realizado en varios expedientes analizados de manera excesivamente genérica, no detallándose ni la extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato ni la idoneidad de su objeto.
    También se han detectado deficiencias en el cálculo del presupuesto y en la justificación de la elección de los criterios aplicables para la selección de adjudicatarios, así como en la decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato.
    La fiscalización recoge igualmente la existencia de expedientes en los que la fijación de los requisitos de solvencia exigidos a los licitadores se ha realizado de manera deficiente, así como la utilización de fórmulas para la valoración del criterio precio que no guardan una adecuada proporción entre las ofertas presentadas y los puntos asignados.
  • Por lo que afecta a la fase de adjudicación y formalización de los contratos, el Informe pone de manifiesto, entre otras cuestiones, la existencia de algunos expedientes en los que no ha quedado debidamente acreditado que los adjudicatarios se encontraban al corriente de sus obligaciones tributarias y/o sociales, o deficiencias en la publicidad de varios expedientes contractuales.
  • El apartado dedicado a la fase de ejecución y cumplimiento de los contratos fiscalizados refleja que más de un tercio de los expedientes de la muestra no incluyen toda la documentación

A la vista de los resultados de la fiscalización, el Tribunal de Cuentas formula en su Informe, entre otras, las siguientes recomendaciones dirigidas a las entidades fiscalizadas, con el fin de contribuir a mejorar su gestión:

  • Asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de la obligación legal de envío al Tribunal de Cuentas de las relaciones anuales de los contratos celebrados, así como de extractos de los expedientes de contratación. Además, las entidades deberían emplear una denominación única para cada uno de los contratos, así como velar por la corrección de los datos consignados en las relaciones contractuales remitidas.
  • Determinar con mayor rigor y precisión las necesidades que fundamentan la celebración de los contratos, detallando las particulares circunstancias que concurren en el momento de proponer la tramitación.
  • Procurar que las fórmulas empleadas para la valoración del criterio precio guarden la debida proporción entre las diferencias cuantitativas existentes en las ofertas presentadas y los puntos asignados.
  • Incluir en los pliegos del contrato un detalle claro de las competencias y obligaciones de los responsables del contrato, indicando los medios de que dispone y los procedimientos que han de seguir para controlar el cumplimiento de las condiciones de ejecución y, en particular, de las condiciones especiales establecidas en los pliegos del contrato.

El contenido del presente Informe (nº. 1.429) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:

Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T.91 592 09 95 / M. 649 275 686/
marisol.galvez@tcu.es


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