Escudo Oficina de Prensa

El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de la adecuación de la normativa y de las instituciones españolas al Mecanismo Único de Resolución

19/10/20

Fiscalización realizada a iniciativa de la Institución

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS AL MECANISMO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

Madrid, 19 de octubre de 2020.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, fue una actuación programada por la Institución de forma paralela a la aceptación de la invitación a participar en una auditoría coordinada entre Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de varios Estados miembros de la Unión Europea (UE), sobre la adaptación a los requerimientos derivados de la creación del Mecanismo Único de Resolución (MUR).

Los objetivos de esta fiscalización del Tribunal de Cuentas se definieron en función de los asignados a la citada auditoría coordinada y las actuaciones fiscalizadoras han sido comunes para ambos procesos fiscalizadores. Así, el objetivo de esta fiscalización ha sido evaluar si la normativa y los procedimientos aplicados por el FROB, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en materia de resolución de entidades financieras están adaptados a los requerimientos del MUR y del nuevo marco regulador de los procesos de resolución.

El Informe pone de manifiesto que en el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras se han producido limitaciones que han impedido cumplir plenamente el objetivo previsto, derivadas de las instrucciones cursadas por la Junta Única de Resolución (JUR) al FROB y al Banco de España de no ceder al Tribunal de Cuentas información propiedad de la JUR o elaborada por las entidades citadas siguiendo indicaciones de la JUR. Si bien, con independencia de lo anterior, el Informe señala que los responsables del FROB, del Banco de España y de la CNMV han prestado adecuadamente su colaboración en la realización de esta actuación fiscalizadora.

Tras los resultados, el Informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas:

En relación con el análisis del proceso de creación de la Unión Bancaria en Europa, se señala en el Informe en qué medida las entidades españolas con alguna competencia en la materia (FROB, Banco de España y CNMV) han actualizado su régimen jurídico y organizativo para adecuarse a las necesidades del nuevo régimen de resolución, indicándose que las medidas adoptadas aseguran razonablemente que dichas entidades se encuentran en condiciones de cumplir sus funciones respectivas en materia de resolución.

  • En relación con el análisis de las actuaciones de resolución realizadas por el FROB, el Banco de España y la CNMV, tanto en lo que se refiere a las instituciones financieras significativas (SI) como a las no significativas (LSI).

En el caso de las SI, la Junta Única de Resolución (JUR) -órgano creado como autoridad centralizada de resolución a nivel europeo- es la entidad responsable de la elaboración de los planes de resolución y de la adopción de todas las decisiones relacionadas con la misma. A estos efectos la JUR aprobó en 2019 un Manual de Planificación de la Resolución (denominado RPM) que regula en su integridad el proceso de elaboración de planes de resolución de las SI.

Pese a este papel central que la JUR ejerce en la planificación de la resolución de las SI, el Banco de España tiene una intervención amplia en la materia, asistiendo a la JUR en diversos aspectos como la formación de los equipos de trabajo conjuntos y la preparación de partes destacadas de los planes de resolución.

En este ámbito, el objetivo de la actuación fiscalizadora del Tribunal de Cuentas (y de cada Entidad Fiscalizadora Superior que ha participado en la auditoría coordinada) ha sido analizar la ejecución efectiva realizada por el Banco de España de las actividades que le corresponden en el marco de la resolución preventiva de las SI; quedando por tanto fuera del ámbito de la actuación fiscalizadora del Tribunal la actividad de la JUR.

A estos efectos fiscalizadores, el Tribunal de Cuentas solicitó al Banco de España la documentación que hubiera elaborado en relación con la redacción de los planes de resolución en el periodo fiscalizado (ejercicios 2016, 2017 y 2018, periodo en el que estuvo plenamente vigente el nuevo sistema de resolución). Tras una consulta del Banco de España a la JUR, esta contestó que la documentación que forma parte de los planes de resolución de las SI, incluso aunque haya sido elaborada por el Banco de España o por sus representantes en los equipos conjuntos de trabajo, no puede someterse a la fiscalización de las EFS de los Estados miembros (como el Tribunal de Cuentas), dado que es parte integrante de unos planes aprobados en última instancia por la JUR, órgano no sometido a la actuación fiscalizadora de las EFS de los Estados miembros. En consecuencia, no ha podido fiscalizarse si los planes de las SI españolas han sido elaborados conforme a la normativa reguladora de los mismos, ni, en particular, si la participación del Banco de España en este proceso se ha sometido a la normativa que la regula.

Por los mismos motivos el Tribunal tampoco ha podido tener acceso al expediente del único proceso de resolución de una entidad considerada SI, en el que el FROB ha actuado como autoridad de resolución ejecutiva encargada de ejecutar cuantas operaciones fueran necesarias para que la resolución se llevase a cabo conforme al esquema aprobado en última instancia por la JUR. En consecuencia, el Tribunal de Cuentas no ha podido comprobar las actuaciones realizadas por el FROB como autoridad de resolución ejecutiva en el proceso de resolución ejecutado en el periodo fiscalizado.

En cuanto al análisis de las actuaciones del FROB, el Banco de España y la CNMV, en relación con la elaboración de los planes de resolución de las LSI, el Informe refleja que corresponde al Banco de España y a la CNMV la elaboración de los planes de resolución de estas entidades. El FROB, por su parte, debe emitir un informe previo a la aprobación de dichos planes. Para evaluar el contenido y la consistencia de los planes de resolución elaborados por el Banco de España se ha seleccionado una muestra de los mismos. En este punto, la fiscalización señala que el Tribunal de Cuentas ha tenido acceso incondicionado a los planes de resolución de las LSI seleccionados para su análisis; si bien no ha podido comprobar si se sujetan al Manual de Planificación de la Resolución, ni a las notas orientativas, técnicas y estratégicas elaboradas por la propia JUR, en la medida en que este órgano, como se ha señalado anteriormente, no ha accedido a entregar dicha documentación o imponía unas condiciones de acceso tan restrictivas que impedían su utilización como soporte de la actuaciones fiscalizadoras.

En cualquier caso, del examen comparativo de la muestra de planes de resolución de las LSI con la normativa reguladora de su contenido se deducen algunas carencias de los mismos, expuestas en detalle en el Informe.

  • En relación con las limitaciones de la fiscalización y las consecuencias de las mismas.

El Informe señala que el principal motivo que llevó a un grupo de Entidades Fiscalizadoras Superiores a tomar la decisión de iniciar la auditoría coordinada de la que esta fiscalización se deriva, fue la experiencia obtenida en una anterior auditoría coordinada sobre la adaptación al Mecanismo Único de Supervisión (MUS), en la que se concluía que la creación del MUS restó efectividad a la capacidad fiscalizadora de las EFS para analizar el ejercicio por las Autoridades Nacionales de Supervisión de sus funciones en la materia.

Al objeto de ponderar adecuadamente la relevancia de la limitación detectada en esta fiscalización del MUR, el Informe reafirma que el Tribunal de Cuentas es competente para fiscalizar la actuación de entidades españolas del sector público en materia de elaboración y ejecución de los planes de resolución; incluso aun cuando, como es el caso, su participación en esas actuaciones esté regulada, impuesta o condicionada por decisiones de una entidad ajena al ámbito fiscalizador del Tribunal, como la JUR. Si la JUR, en el ejercicio de sus competencias, imparte instrucciones a las entidades españolas sobre cómo deben planificar y ejecutar los procesos de resolución, porque así lo establece la normativa de Derecho comunitario y español reguladora del MUR, el Tribunal de Cuentas no podrá fiscalizar la razonabilidad, integridad y calidad técnica de tales instrucciones, pero sí deberá conocerlas para poder evaluar la actuación de las entidades españolas.

El Informe recoge que, debido a las limitaciones que se han presentado en la actividad fiscalizadora, el Tribunal de Cuentas no ha podido comprobar:

  • Si los planes de las SI españolas han sido elaborados conforme a la normativa reguladora de los mismos, ni, en particular, si la participación del Banco de España en este proceso se ha sometido a la normativa que la regula.
  • Las actuaciones realizadas por el FROB como autoridad de resolución ejecutiva.
  • Si las actuaciones realizadas por las entidades objeto de esta fiscalización en la elaboración de los planes de resolución de las LSI españolas se han adecuado a eventuales requerimientos normativos derivados de la introducción del nuevo marco regulador de los procesos de resolución que hubiera podido establecer la JUR, máximo responsable del funcionamiento del MUR.

La fiscalización concluye que el Tribunal no ha podido cumplir en su integridad el objetivo de comprobar si las entidades del ámbito subjetivo de la fiscalización han adaptado sus procedimientos de actuación a la normativa reguladora del MUR y al nuevo marco regulador de los procesos de resolución. Las pruebas alternativas realizadas  permiten deducir que los procedimientos sí están adaptados, pero no ha podido obtenerse evidencia directa.

A la vista de los resultados de la fiscalización, tienen especial relevancia las dos recomendaciones contenidas en el mismo.

  • La primera se dirige al Gobierno y a las Cortes Generales para que contribuyan al impulso de medidas en el ámbito de la Unión Europea que garanticen que tanto el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea como las EFS de los Estados miembros puedan ejercer sin limitaciones, en sus respectivos ámbitos, su función fiscalizadora sobre las actuaciones en materia de resolución.
  • La segunda se dirige al Banco de España para que supere las carencias advertidas en el Informe respecto del contenido de los planes de resolución de las LSI.

El contenido del presente Informe (nº. 1.385) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es


LISTADO DE CATEGORIAS

Nota de Prensa

LISTADO DE TEMAS

Gestión y control