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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ejercicio 2017

17/06/21

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, EJERCICIO 2017

Madrid, 17 de junio de 2021.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados de la fiscalización de la gestión económico-financiera realizada en 2017 por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el ejercicio de sus competencias. Los objetivos de la actividad fiscalizadora han sido: comprobar la fiabilidad de las cuentas rendidas; evaluar el sistema de control interno; verificar el cumplimiento de la normativa en la gestión de los gastos e ingresos; comprobar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el anterior Informe del Tribunal sobre la UIMP, referido al ejercicio 2008; y evaluar la adecuación de la gestión a la normativa de transparencia e igualdad de género.

El Informe de fiscalización recoge entre sus conclusiones, las siguientes:

  • En relación con la configuración de la UIMP, el Informe señala la especialidad de la UIMP en el sistema universitario, por impartir únicamente enseñanzas de postgrado, por la ausencia de personal docente propio, y por la necesidad, por falta de recursos propios suficientes, de contar con la colaboración de otras instituciones públicas y privadas para la realización de la mayor parte de sus actividades. El Estatuto de la UIMP no recogía expresamente entre sus actividades básicas la realización de actividades de segundo ciclo (másteres), no obstante constituir las mismas una parte esencial de su oferta académica.
  • En cuanto al control interno, se expone que la UIMP incumplía la obligación de contar con un plan de actuación con las líneas estratégicas que enmarcaran la actividad de la entidad y con planes anuales que lo desarrollen. Tampoco disponía de una programación académica global de las actividades académicas a realizar.
  • Respecto de los estados financieros, se pone de manifiesto que la cuenta rendida por la UIMP del ejercicio 2017 refleja adecuadamente la actividad económico-financiera del organismo y es representativa de sus resultados y de la situación patrimonial al cierre del ejercicio, sin perjuicio de algunas salvedades observadas.
    La liquidación presupuestaria del ejercicio presentó un resultado negativo de 2,7 millones de euros, por la diferencia entre los derechos reconocidos netos, 19,3 millones, y las obligaciones reconocidas netas, 22 millones de euros.
    Sobre las principales partidas del activo del balance, el inmovilizado y los deudores, el Informe destaca la utilización en régimen de cesión exclusiva o compartidos con otros organismos de 10 de los 11 inmuebles sedes de la UIMP, la cuantía de la deuda correspondiente al Ministerio de Educación (11,7 millones de euros) y la existencia de una deuda no contabilizada por importe de 427.600 euros.
  • En relación con la tesorería, se observa la falta de registro contable de determinados saldos y movimientos de las cuentas bancarias. En varias cuentas restringidas de recaudación se observó incumplimientos de plazos para el traspaso de los saldos al Banco de España y la detracción indebida de parte de los saldos como consecuencia de recargos o comisiones. Se exponen, asimismo, algunas deficiencias en la tramitación de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija.
  • En cuanto a la gestión de los recursos humanos, el Informe describe la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la UIMP, compuesta por 149 puestos de trabajo y la plantilla real de 138 trabajadores, en su mayor parte personal laboral. El 50 % del personal estaba destinado en la sede de Madrid, el 30 % en la de Santander y el resto en otras sedes.
    En el colectivo de funcionarios predominaban los grupos C1 y C2, el 68 % del total. Además, la UIMP contaba en su estructura organizativa con 21 puestos para personal docente, no previstos en la RPT. En relación con este colectivo se observaron algunas deficiencias tales como la superación del tiempo del mandato del rector, la omisión en los expedientes de las copias del título exigido y de la concesión de las necesarias dispensas parciales por las universidades de origen, y la prestación de servicios en todos los casos en régimen de dedicación parcial pese a estar prevista en el estatuto solo para seis de estos puestos.
    El colectivo de personal laboral se componía de personal sujeto a convenio, con trabajadores fijos y trabajadores fijos discontinuos, y de otro personal no sujeto a convenio. El Informe expone la importante minoración de efectivos del primer grupo en los últimos años, el alto número de puestos catalogados como “a extinguir”, y la escasez de las plazas para los grupos superiores.
  • Respecto de la contratación, se indica que en 2017 estaban vigentes en la UIMP 203 contratos administrativos, por los que se reconocieron obligaciones por importe de 13 millones de euros. El 73 % de los mismos se tramitó como contratos menores, si bien, por importe de adjudicación, el porcentaje más elevado, el 72 %, correspondió a los tramitados por procedimiento abierto. El 90 % de los contratos eran de servicios.
    Señala que, en el ejercicio fiscalizado, la UIMP no cumplía la obligación de comunicar electrónicamente al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos de su actividad contractual. Se observaron deficiencias tales como la carencia de adecuada planificación de aquella, la utilización inadecuada del procedimiento de urgencia y el fraccionamiento de algunos contratos.
  • Sobre la gestión de los gastos por transferencias, el Informe pone de manifiesto la inexistencia de plan estratégico de subvenciones y la omisión de la publicación de las concedidas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
    Asimismo, recoge las deficiencias observadas en la gestión de las cuatro líneas de becas examinadas, destacando las omisiones no subsanadas en la documentación presentada por los solicitantes, la falta de publicidad y errores en la baremación de los méritos de aquellos, así como la insuficiente justificación del cumplimiento de los requisitos exigidos a los beneficiarios.
  • En relación con los ingresos gestionados por la UIMP, se indica que, de los 19,3 millones de euros de derechos reconocidos, el 74 % correspondió a transferencias corrientes, el 24 % a tasas y precios públicos, y el resto a transferencias de capital y a activos financieros.
    Las transferencias corrientes procedieron fundamentalmente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En su mayor parte tuvieron origen en los convenios para la gestión de ayudas destinadas a cursos de inmersión en inglés por los que se reconocieron derechos por importe de 8,2 millones de euros.
    Los ingresos por tasas y precios públicos representaron 4,6 millones de euros, observándose algunas deficiencias en su gestión, como incongruencias en la información sobre número de alumnos y de matrículas, la inadecuada imputación presupuestaria de las tasas, y discrepancias entre los datos de distintas fuentes sobre los ingresos por alojamientos en el Colegio Mayor Torres Quevedo.
    El Informe expone los resultados del análisis de la principal actividad convencional de la UIMP, consistente en la suscripción de acuerdos de colaboración con otras entidades para la celebración de cursos, destacándose la carencia de datos completos y sistematizados de los convenios y acuerdos vigentes en 2017, la falta de formalización por escrito de numerosos acuerdos y la omisión del envío al Tribunal de Cuentas de la relación certificada acreditativa de los firmados en 2017.
  • Respecto del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el anterior Informe del Tribunal de Cuentas sobre la UIMP, se recoge que la mayor parte de ellas no fueron cumplidas. Venían referidas a la adopción de medidas tendentes a superar las debilidades de control interno, a fortalecer los procedimientos de gestión en la tramitación de los gastos e ingresos, a establecer una correcta segregación de funciones en la Tesorería y un sistema adecuado de control de cuentas bancarias y cajas de efectivo, y a proceder a la revisión de las cuentas justificativas de los anticipos de caja fija y pagos a justificar. Señala el Informe que en la presente fiscalización se apreciaron algunas mejoras de gestión en el registro contable de los inmuebles y en la gestión de los anticipos de caja fija.
  • Sobre el cumplimiento de la normativa de igualdad efectiva de mujeres y hombres, no se detectaron incidencias relevantes. La composición de la plantilla a finales de 2017 presentaba una situación ligeramente desequilibrada, ocupando las mujeres el 65 % de los puestos de trabajo. Entre los puestos de mayor responsabilidad (el rector, los puestos de alta dirección, el grupo A1, el grupo G1 y los docentes), el desequilibrio favorecía a los hombres, que ocupaban el 61 % de ellos.
  • En cuanto a la observancia de la normativa de transparencia, el Informe menciona algunas omisiones en materia de contratación y convenios, así como la falta de publicación de la información estadística que permita la valoración del grado de cumplimiento de los servicios públicos.

El Informe concluye con una serie de recomendaciones, dirigidas a:

El Gobierno, la modificación del Estatuto de la UIMP para recoger entre sus actividades una referencia expresa a la organización de enseñanzas de segundo ciclo.

La UIMP:

  • Elaborar el Plan Estratégico de actuación y los planes anuales que permitan una adecuada definición de los objetivos perseguidos por la organización y la medición de los resultados conseguidos. Elaborar y aprobar una programación global de las actividades académicas.
  • Adoptar medidas para superar las deficiencias de control interno detectadas; las principales, dirigidas a definir las condiciones de uso de sus sedes y a asegurar un adecuado control de los ingresos, superando las incidencias en la contabilización de los deudores y en la gestión de las cuentas bancarias de recaudación.
  • Ajustar las funciones del colectivo de trabajadores laborales a su categoría y limitar el número de trabajadores fijos discontinuos.
  • Planificar adecuadamente los procedimientos de contratación para llevar a cabo la actividad académica del organismo, a fin de evitar el recurso inadecuado a la contratación de urgencia y a los contratos menores. En este sentido, una vez modificado el sistema de transferencias del Ministerio de Educación para los cursos de inmersión en inglés, se recomienda que el organismo integre debidamente el efecto de dicha modificación en la gestión contractual.
  • Adoptar medidas que aseguren la uniformidad de la tramitación, la corrección del procedimiento de instrucción y la comprobación del adecuado empleo de las becas.
  • Integrar los sistemas informáticos utilizados en la gestión de los acuerdos de colaboración para la organización de actividades y formalizar por escrito los acuerdos en todos los casos, asegurando la determinación precisa de los derechos y obligaciones asumidos por las partes.

 

El contenido del presente Informe (nº. 1.430) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

 

Más información:
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T.91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es


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