Informe realizado a iniciativa de la Institución

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE INMUEBLES EN LOS QUE NO SE DESARROLLA NINGUNA ACTIVIDAD Y DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS EN LAS ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA

Madrid, 3 de febrero de 2021.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como objeto de fiscalización la gestión económico-financiera llevada a cabo por los ayuntamientos en relación con el patrimonio inmobiliario de titularidad municipal en el que no se desarrollaba ninguna actividad y con obras en curso paralizadas, así como su situación contable. Se integran, además, en el ámbito objetivo las actuaciones desarrolladas por estas entidades relativas al arrendamiento de inmuebles para el desarrollo de su gestión ordinaria y la prestación de sus servicios, y su relación con la existencia de patrimonio inmobiliario sin uso.

Es una fiscalización de carácter horizontal, que abarca a varias entidades del mismo subsector público que presentan características comunes, incluyendo los mismos objetivos e igual ámbito temporal; y esencialmente de gestión. Sus objetivos se han dirigido a comprobar la existencia en los ayuntamientos de edificaciones sin uso, identificando el destino original de las mismas, sus usos anteriores, las causas por las que se encontraban sin uso, los costes derivados de su mantenimiento y la existencia de planes para su aprovechamiento en el futuro; así como a valorar la disposición de inmuebles arrendados para el desarrollo de su gestión ordinaria y la prestación de servicios en relación con la existencia de inmuebles propios sin uso. Igualmente, ha tenido por objeto el análisis de las obras públicas paralizadas en cada entidad, las causas que determinaron dicha paralización y sus posibles repercusiones.

También tiene características propias de una fiscalización financiera, en la medida que se ha verificado la situación contable de las entidades en relación con dichos bienes y obras.

La fiscalización ha tenido como ámbito subjetivo a las 75 entidades locales de más de 5.000 habitantes de Castilla-La Mancha; y como ámbito temporal, abarca desde 1 de enero de 2017 hasta 30 de junio de 2019, sin perjuicio de comprobaciones y análisis referidos a ejercicios anteriores con el fin de cumplir adecuadamente con los objetivos previstos.

Entre las conclusiones recogidas en el Informe, pueden señalarse las siguientes:

• En relación con los inventarios de bienes de los ayuntamientos, la fiscalización señala que estos no han cumplido su función como instrumento fundamental para el control y la gestión de su patrimonio, al no disponer las entidades de tal instrumento o encontrarse desactualizado en la mayor parte de las mismas y no contener la totalidad de la información exigida.
• En cuanto a los inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad, el Informe señala que las incorporaciones de los inmuebles al patrimonio de los ayuntamientos se produjeron, en muchas ocasiones, sin enmarcarlas en proyectos en los que estuviesen debidamente determinadas las necesidades públicas a satisfacer y los medios a emplear. El 33 % de los inmuebles que estaban sin uso en el periodo fiscalizado no se habían utilizado nunca, con independencia de la fecha de incorporación al patrimonio municipal y del 35 % de los inmuebles, los ayuntamientos no han podido determinar cuándo se paralizó su actividad.
  También se indica que los ayuntamientos titulares de la mayor parte de los inmuebles sin uso no han adoptado medidas ni disponían de planes o previsiones para ponerlos en funcionamiento, enajenarlos o modificar su situación. Se ha constatado la falta de inscripción en el Registro de la propiedad y en la contabilidad de los ayuntamientos de gran parte de dichos inmuebles. 

• En relación con las obras paralizadas, se identificaron nueve en las entidades fiscalizadas. Los contratos para la construcción de siete de ellas se formalizaron antes del 31 de diciembre de 2011. Los recursos invertidos y paralizados ascendieron a 37.076.250,64 euros, siendo el origen de la mayor parte de las paralizaciones la falta de recursos de los ayuntamientos para continuar con la ejecución de las obras. El periodo medio de paralización fue de más de siete años y medio.
  De las nueve obras paralizadas, a la finalización de los trabajos de fiscalización no se había reanudado la ejecución de ninguna de ellas.

En el Informe se incluyen recomendaciones dirigidas a los responsables de las entidades locales, encaminadas a que se destinen los medios necesarios para dotarse de inventarios de bienes, que contengan toda la información precisa debidamente actualizada; y que se adopten medidas para poner en funcionamiento los inmuebles sin uso, enajenarlos o modificar su situación de forma que no se prolongue aún más en el tiempo la inmovilización de los recursos empleados y la depreciación de los bienes.

El contenido del presente Informe (nº 1.416) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

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Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

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