Escudo Oficina de Prensa


TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2018

1/02/21

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIO 2018

Madrid, 29 de enero de 2021.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de la Comunidad y las entidades que integraban su sector público durante el ejercicio 2018. Esta fiscalización analiza, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad, la estabilidad presupuestaria, la gestión de los gastos de personal, la actividad subvencionadora, el gasto sanitario, el gasto educativo no universitario, el endeudamiento financiero, la verificación del cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de las prescripciones en materia de transparencia y medio ambiente.

Entre las principales conclusiones del Informe, pueden citarse las siguientes:

  • Respecto a la rendición de la Cuenta General de la Comunidad y las cuentas anuales individuales de sus entidades públicas correspondientes al ejercicio 2018, se indica que todas ellas han sido rendidas al Tribunal de Cuentas dentro del plazo previsto en el art. 108 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia y que se han adaptado a los principios y normas contables contemplados en los planes de contabilidad que les son de aplicación, sin perjuicio de las observaciones y salvedades señaladas en el Informe.
  • En el análisis de los sistemas y procedimientos de control interno, la fiscalización pone de manifiesto algunas debilidades en: el seguimiento de los objetivos de los programas presupuestarios, en los mecanismos de diagnóstico e identificación de las áreas de mejora de la gestión, así como en la gestión patrimonial, tanto en el sector administrativo, como en el empresarial y el fundacional de la Comunidad.
  • En cuanto a los sistemas de información, el Informe señala que no se han establecido mecanismos de supervisión en los sistemas de información contable y de gestión de los tributos propios en materia de seguridad, ni se ha formalizado documentalmente la gestión de los riesgos para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad regulado en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. Asimismo señala que, en lo que respecta a las normas técnicas de interoperabilidad previstas en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, no se ha elaborado y publicado una política de firma electrónica y de certificados de Administración Regional, al usarse los definidos por la Administración General del Estado.
  • En materia presupuestaria, se expone que la Administración General de la Comunidad ha registrado en 2018 un resultado presupuestario de 208 millones de euros. No obstante, como consecuencia de la existencia de gastos no registrados por aportaciones al Servicio Murciano de Salud (SMS) para compensar pérdidas por 422 millones de euros, el resultado presupuestario pasaría a tener un saldo negativo de 214 millones de euros.
  • En la vertiente patrimonial, la rúbrica de inmovilizado del balance presenta salvedades derivadas de la ausencia de conteos y comprobaciones periódicas homogéneas de los bienes muebles, así como por la falta de estudios y análisis sobre las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado. Asimismo, los acreedores se encontraban infravalorados por la ausencia de registro de las obligaciones por transferencias correspondientes al déficit acumulado del Sistema Murciano de Salud.
  • La Comunidad incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria del ‑0,4% de su PIB regional fijado para 2018, al haberse registrado en el mismo un déficit del ‑1,3% del PIB regional. También incumplió la regla de gasto en dicho año al haber sido la variación del gasto computable (3,5%) superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB para 2018, fijada en el 2,4%.
    Como consecuencia de estos incumplimientos, el Consejero de Hacienda en funciones remitió a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal el 14 de junio de 2019 una versión preliminar del Plan Económico Financiero 2019-2020 elaborado por la Comunidad Autónoma, si bien no se ha acreditado la presentación de la versión definitiva del Plan, ni que el mismo haya sido declarado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
    El periodo medio de pago de las deudas por operaciones comerciales superó el plazo máximo de 30 días establecido en la normativa de morosidad en todos los meses de 2018, salvo en julio, agosto, septiembre y noviembre.
  • Respecto a las limitaciones del endeudamiento financiero, la fiscalización observa que han sido respetadas por la Administración General de la Comunidad.
    La carga financiera de la deuda crediticia se situó en un porcentaje del 26%, por encima de los límites establecidos en la normativa de aplicación, si bien cabe indicar que este límite, según lo dispuesto en el apartado noveno de la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debe reducirse en 18 puntos porcentuales y por tanto considerarse cumplido. El riesgo vivo por avales concedidos por la Administración General y el resto de entidades del sector público de la Comunidad ascendía, a 31 de diciembre de 2018, a 121 millones de euros, un 26,5% menos que al cierre del ejercicio anterior.
  • En cuanto a la gestión sanitaria, al igual que en el resto de comunidades autónomas, sigue observándose una enorme rigidez del gasto corriente, lo que podría representar una preocupación de cara a la sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios sanitarios. Por otra parte, los tiempos medios en 2018 de las listas de espera en el Servicio Murciano de Salud de consultas y procesos han tenido un comportamiento heterogéneo en función del tipo de especialidad y proceso, si bien, a nivel global, el número de días de las listas de espera de consultas se ha mantenido igual que en 2017 y ha disminuido en las cirugías, siendo dichos tiempos medios inferiores a los registrados en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
  • Las evaluaciones nacionales del sistema educativo, realizadas conforme a las previsiones de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa al finalizar el tercer y sexto curso de primaria en los cursos 2017‑2018 y 2018‑2019, han puesto de manifiesto que entre el 31% y el 45% y el 37% y 44%, respectivamente, de los centros de primaria de la Región estaban por debajo de la media de las materias evaluadas, no obstante lo cual solo el 2% y el 4%, respectivamente, del total de centros que impartían educación primaria presentaron planes de mejora.
  • Respecto al análisis del cumplimiento de la normativa sobre transparencia, el Informe señala que el contenido del Portal de Transparencia y Gobierno Abierto de la Comunidad ha recogido la información requerida por la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a excepción de determinada información de relevancia jurídica, como las memorias, informes y dictámenes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos que acompañan a los anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos y los dictámenes preceptivos del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social, así como otra información en materia de contratación pública. Por otra parte se indica que, en su ámbito subjetivo, no se ha incorporado la información de una sociedad, tres fundaciones y tres consorcios pertenecientes al sector público regional.
    En materia de medioambiente, la fiscalización observa en el análisis del Plan de Residuos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2016‑2020 ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias que dificultan el cumplimiento de los objetivos marcados en la normativa reguladora de los residuos. Entre ellas: la falta de adaptación de las infraestructuras a la gestión exigida de los residuos domésticos; el insuficiente desempeño por parte del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de la Región de Murcia de las funciones contempladas en sus estatutos, así como la ausencia de una implantación concreta y eficaz de los sistemas y herramientas de gestión y control en materia de residuos. La Comunidad no ha dispuesto en el ejercicio fiscalizado de un Plan Energético según lo establecido en la Ley de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia.
  • Respecto a la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A., el Informe señala que esta ha continuado presentando pérdidas significativas; situándose, en 2018 en 19 millones de euros, lo que ha determinado que la sociedad se encuentre nuevamente incursa en la causa de disolución prevista en la Ley de Sociedades de Capital. En tanto no cambien las condiciones del actual modelo de gestión de la sociedad, no se prevén variaciones importantes, al ser sus obligaciones de pago y compromisos asumidos muy superiores a su cifra de negocio.
  • En relación con la situación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado en su sentencia de 29 de enero de 2020, el recurso de casación interpuesto por la anterior sociedad concesionaria del Aeropuerto Internacional de Murcia que pretendía impugnar la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 24 de febrero de 2014, que declaraba la obligación de pago de la cantidad de 183 millones de euros en concepto de reembolso del aval otorgado por la Administración Autonómica en 2010. No obstante, el 12 de abril de 2019 se declaró el concurso de acreedores de la citada sociedad, encontrándose a junio de 2020 pendiente de finalización su proceso de liquidación.
    El Informe señala que se mantiene la incertidumbre sobre el resultado final de la liquidación del contrato de concesión administrativa condicionado, en primer lugar, por cómo se resuelva el proceso judicial abierto por la anterior sociedad concesionaria, y, en segundo lugar, por el resultado final de la liquidación derivada del concurso voluntario de acreedores.
  • Por lo que se refiere al seguimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en informes de fiscalización de ejercicios precedentes, la fiscalización aprecia avances especialmente en materia sanitaria. No obstante la mejoras observadas, como se pone de manifiesto en el punto anterior, el Informe mantiene recomendaciones para las que no se han apreciado cambios o en que los avances observados han sido más reducidos, por lo que se siguen reiterando en el Informe.

El contenido del presente Informe (nº 1.414) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas, www.tcu.es.

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es


LISTADO DE CATEGORIAS

Nota de Prensa

LISTADO DE TEMAS

Comunidades y Ciudades Autónomas