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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2018

10/02/21

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIO 2018

Madrid, 10 de febrero de 2021. Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de la Comunidad y sus Organismos Autónomos, el Sector Empresarial, así como las Fundaciones y Consorcios autonómicos durante el citado ejercicio, analizando, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad, la estabilidad presupuestaria, el gasto sanitario y educativo no universitario, la actividad subvencional, el endeudamiento financiero, la verificación del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, transparencia y medio ambiente.

Entre las principales conclusiones del Informe, pueden citarse las siguientes:

La Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2018 se ha rendido al Tribunal de Cuentas dentro del plazo la normativa, y se ha adaptado a los principios y normas contables contemplados en los planes de contabilidad que les son de aplicación, sin perjuicio de las observaciones y salvedades señaladas en el Informe.

Se han puesto de manifiesto debilidades de control interno en los procedimientos y registros contables, en la gestión patrimonial y la gestión de los ingresos, en la actividad subvencional y en los procedimientos de gestión sanitaria. En relación con los sistemas de información no se han emitido certificaciones de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, ni se han establecido mecanismos de control para garantizar de forma efectiva el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad.

La liquidación presupuestaria del ejercicio 2018 presentó un grado de ejecución de los gastos del 95 % y un grado de liquidación de los ingresos del 94 %. Se han identificado gastos devengados en el ejercicio corriente y anteriores no registrados, en su mayor parte gastos sanitarios y farmacéuticos, por 18 millones de euros, cuya imputación al presupuesto de 2019 fue autorizada por el Consejero de Hacienda y el Consejo de Gobierno, al amparo de lo establecido en la normativa.

El remanente de tesorería de la Administración de la Comunidad, a 31 de diciembre de 2018, presentó un saldo negativo de 162 millones de euros que no reflejaba la situación financiera efectiva a corto plazo de la Administración General de la Comunidad, encontrándose sobrevalorado en, al menos, un importe de 23 millones de euros, como consecuencia, principalmente, de la falta de registro de los saldos deudores de dudoso cobro.

La Comunidad ha cumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda fijados para 2018.

El periodo medio de pago global a proveedores del sector administrativo se situó en 2018 por debajo del plazo máximo de 30 días marcado en la normativa de morosidad y el endeudamiento financiero alcanzó, a 31 de diciembre de 2018, un total de 1.590 millones de euros.

Los criterios de concesión y graduación del importe de las ayudas otorgadas a las federaciones deportivas establecidos en las bases reguladoras han adolecido de excesiva generalidad y ambigüedad y no han estado vinculados a índices o parámetros susceptibles de medición objetiva. Asimismo, en la revisión de las cuentas justificativas presentadas por los beneficiarios de esta línea de ayudas se han puesto de manifiesto deficiencias en la acreditación y justificación de los gastos, así como la imposibilidad de comprobar, en determinadas ayudas, la vinculación entre las actividades subvencionadas y los documentos justificativos aportados, al no existir, ni en estos últimos, ni en la memoria de actividades presentada, información aclaratoria al respecto.

En la gestión sanitaria, el Informe señala que se mantuvo la recurrente situación deficitaria de las fundaciones Hospital de Calahorra y Rioja Salud, determinada por el déficit de las dotaciones presupuestarias respecto al gasto realmente incurrido. La evaluación del III Plan de Salud de La Rioja correspondiente al periodo 2015‑2019 ha puesto de manifiesto la ausencia de una separación de objetivos y medidas para cada una de las entidades integrantes del Sistema de Salud Pública de La Rioja (Servicio Riojano de Salud, Fundación Rioja Salud y Fundación Hospital de Calahorra).

En relación con la gestión del personal, a 31 de diciembre de 2018 la Administración General disponía de un total de 567 de plazas vacantes de plantilla que estaban siendo ocupadas con personal funcionario interino y laboral temporal, respecto de las cuales no se había evaluado su carácter provisional o estable, de cara, en este último caso, a convocar los correspondientes procesos selectivos de personal en cumplimiento de la normativa.

No se regularon procedimientos para la solicitud y autorización anual de la masa salarial de las entidades del sector autonómico, ni tampoco se tutelaron y establecieron mecanismos de suministro de información y control de los límites retributivos y devengos establecidos en la normativa aplicable para dichas entidades. Asimismo, la contratación del personal temporal por estas entidades dependientes, tampoco estuvo acompañada de la previa supervisión por parte de la Administración General conforme a los criterios señalados legalmente. Por otra parte, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja no ha realizado estudios o análisis con el impacto económico a medio plazo que supone la implantación del sistema de carrera horizontal y la evaluación del desempeño del personal funcionario.

En materia educativa, las comprobaciones formales realizadas por la Consejería de Educación sobre los presupuestos y cuentas de gestión de los centros docentes públicos de la Comunidad siguieron sin estar acompañadas de otras actuaciones destinadas a verificar la corrección de los saldos de las cuentas rendidas por los centros docentes, el respeto de las modificaciones aprobadas a los principios y normas presupuestarias, así como el cumplimiento de la normativa en materia de contratación pública. Respecto a los resultados de las evaluaciones educativas, pese a que el 85 % de los centros educativos de la Comunidad consideraron en el ejercicio fiscalizado que merecía la pena mejorar algún aspecto de los resultados obtenidos en las evaluaciones externas de fin de etapa, tan solo un 30 % de los centros docentes formalizaron en la programación anual de 2018 algún plan de mejora y alrededor de un 16 % no eran planes específicos, sino descripciones de algunas medidas ya utilizadas por los centros reforzadas después del análisis de resultados.

La información en materia de publicidad activa ofrecida por las entidades integrantes de su sector público en sus portales de transparencia presentaban carencias especialmente en cuanto a los presupuestos, los procesos de selección de personal, así como a la publicación de planes y programas e información estadística para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios prestados.

En cuanto a la gestión medioambiental, el Informe indica que no se han articulado procedimientos de coordinación e intercambio de información entre los órganos sustantivos y el órgano ambiental, lo que implica que este no disponga de información sobre el seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto ambiental que deben llevar a cabo los órganos sustantivos según lo dispuesto en la normativa de evaluación ambiental. Asimismo, La Rioja no cuenta con un plan energético formalmente aprobado, ni con un organismo propio que gestione la eficiencia energética en la Comunidad Autónoma, sin que tampoco se haya desarrollado normativa propia en la materia.

El compromiso asumido por la Comunidad para la implementación de la Agenda 2030 no se ha formalizado a través de un acuerdo o resolución del Consejo de Gobierno. Tampoco se ha desarrollado un marco normativo propio en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No se ha aprobado un plan de acción o una estrategia con las actuaciones previstas para implantar los ODS en la Comunidad, ni se ha establecido un mecanismo de información al Parlamento regional de las acciones llevadas a cabo.

Del seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en los informes de fiscalización de ejercicios precedentes, se aprecian pocos avances, que se han centrado principalmente en materia de planificación sanitaria, constatándose que la mayor parte de las recomendaciones no han sido objeto de seguimiento, por lo que se reiteran en este Informe.

El contenido del presente Informe (nº 1.413) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas, www.tcu.es.

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es


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