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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2018

26/02/21

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2018

Madrid, 26 de febrero de 2021.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, el sector empresarial, así como las fundaciones y consorcios autonómicos durante 2018, analizando, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad, la estabilidad presupuestaria, el gasto sanitario y educativo no universitario, la actividad subvencional, el endeudamiento financiero, así como la verificación del cumplimiento de la normativa aplicable en materias de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, transparencia y medio ambiente. 

De las conclusiones expuestas en el Informe de fiscalización cabe destacar:

  • En relación con la delimitación del sector público y rendición de cuentas:

La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2018, se rindió en el plazo legal. Las cuentas anuales de la Administración General de la Comunidad Autónoma integran la liquidación presupuestaria de tres organismos autónomos y cuatro entes públicos que funcionan como servicios presupuestarios de las Consejerías a las que se encuentran adscritos, unificándose, indebidamente, la información presupuestaria y contable que corresponde a entidades contables diferenciadas.

El retraso en las auditorías dio lugar a que las cuentas anuales de las fundaciones públicas autonómicas (a excepción de la Fundación Jóvenes y Deporte), de los consorcios públicos autonómicos y de una asociación se aprobaran y rindieran fuera de plazo. Asimismo, cuatro consorcios de naturaleza administrativa ajustaron su contabilidad al Plan General de Contabilidad o a su adaptación para entidades sin fines lucrativos inadecuadamente. La entidad Agencia Extremeña de la Energía mantiene la naturaleza jurídica de asociación, lo que resulta incompatible con su condición de medio propio de la Administración y no encaja en las formas jurídicas legalmente previstas para formar parte del sector público autonómico.

  • Respecto a los sistemas de control interno previstos por la Comunidad:

La ejecución del Plan de Auditoría y Control Financiero de 2019 sobre la actividad de 2018 se situaba, a 31 de julio de 2020, en un 96%, si bien tras una modificación del plan que supuso posponer o suprimir un total de 34 de los controles inicialmente previstos.

Las memorias de la Administración General, organismos autónomos y entes públicos que conforman el sector público autonómico no incorporan los informes de seguimiento de objetivos previstos legalmente. Los procedimientos de evaluación periódica se definieron en el ámbito de la Comunidad sólo indirectamente, a través de la Carta de Derechos de los Ciudadanos, sin que se haya desarrollado el índice de calidad de los servicios previstos ni acreditado la preceptiva actualización de las Cartas de Servicios aprobadas, salvo de dos de ellas.

Se mantienen las deficiencias recogidas en informes de fiscalización precedentes relativas a la gestión de ingresos en el ámbito de la Administración de la Comunidad: inexistencia de manuales de procedimiento, escasa fiabilidad del registro de deudores tributarios por la desconexión de los aplicativos de gestión y contables, ausencia de un sistema automático que evite la prescripción, e inexistencia de controles periódicos sobre los organismos de recaudación en ejecutiva. Tampoco se ha habilitado un proceso de comunicación a la Intervención de la Comunidad Autónoma de los expedientes antiguos acreditativos de deudores que han sido objeto de destrucción.

No se realizaron controles sobre los registros contables de facturas. Aunque se mantienen las deficiencias de interconexión de los sistemas que intervienen en la tramitación de facturas, así como la confusión en el tratamiento de anulaciones y rechazos, se ha implantado un sistema de conciliaciones periódicas que permite identificar las divergencias.

A 31 de diciembre de 2018, no se había concluido el inventario consolidado del patrimonio de la Comunidad.

En 2018 se aprobó la Política de Privacidad y Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si bien no se había desarrollado un procedimiento formalizado para el análisis y tratamiento de los riesgos, ni acreditado la realización de auditorías internas de sistemas.

  • En relación con el análisis de las cuentas anuales de la Administración General:

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de  25 de abril de 2017, se asumió el compromiso para proceder a la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable al sector público administrativo de la Comunidad de 1999, al Plan Marco de Contabilidad Pública aprobado por Orden EHA/1037/2010, cuyos hitos de implantación preveían la adaptación de la normativa en el ejercicio 2018, sin que, al finalizar el ejercicio fiscalizado, se hubiera procedido a la mencionada adaptación.

Las modificaciones presupuestarias evidencian la deficiente previsión inicial de los créditos para financiar el gasto sanitario (farmacéutico y de material sanitario) y los conciertos educativos. Asimismo, pese a la inexistencia de un sistema de seguimiento que permita cuantificar el remanente de tesorería afectado y a que el remanente obtenido en 2017 fue negativo por 53 millones de euros, en 2018 se financiaron modificaciones presupuestarias con remanente de tesorería por 12 millones de euros.

Las obligaciones reconocidas netas en 2018, están infravaloradas en 16,8 millones de euros, por la variación de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto.

Al cierre del ejercicio fiscalizado no se había desarrollado la contabilidad patrimonial. Las incorrecciones contables en relación con el registro del inmovilizado no financiero y su incidencia sobre los fondos propios, así como en la contabilización de los deudores presupuestarios, afectan a la representatividad de las cifras registradas en el balance.

Las incidencias detectadas en la imputación presupuestaria de ingresos en el ejercicio fiscalizado y anteriores han supuesto la sobrevaloración de deudores presupuestarios contabilizados a 31 de diciembre de 2018, en 5,1 millones de euros, por deudas aplazadas o fraccionadas que debieron haber sido anuladas, así como la infravaloración de los mismos, por deudas en concepto de alquiler de viviendas públicas, 40,7 millones, y reintegros de subvenciones, 11,9 millones de euros. Por otra parte, no se han acreditado actuaciones dirigidas a depurar la posible prescripción de deudores presupuestarios por un importe conjunto de 37 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2018, la Administración General mantenía 40,7 millones de euros en concepto de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, en su mayor parte correspondientes a gastos corrientes en bienes y servicios, entre los que figuraban 8 millones de euros correspondientes a deudas por tributos locales anteriores a 2012 pendientes de depurar, sin que se haya certificado la adecuación de esta deuda.

  • Respecto a las cuentas anuales y el control de la actividad económico-financiera en 2018, del resto de entidades integrantes del sector público:

La planificación estratégica de la actividad de los organismos autónomos y entes públicos no sigue un procedimiento homogeneizado para la definición de sus objetivos ni la conformación de su seguimiento, dificultando un análisis integral de la efectividad de los recursos asignados a cada uno de ellos.

Las pérdidas consolidadas del Grupo Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) cuantificadas en 26 millones de euros se generan por la contabilización de las transferencias recibidas de la Junta de Extremadura como “aportaciones de socios”, sin que de las cuentas anuales puedan deducirse las razones que sustentan la aplicación de este criterio.  En sentido contrario. la Sociedad Gestión de Bienes de Extremadura, S.A. (GEBIDEXSA) registra indebidamente como subvenciones de explotación transferencias globales que debieron ser contabilizadas como fondos propios.

En 2018, la Sociedad Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, S.A. (GESPESA) concedió préstamos a su matriz, la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A. (GPEX), por un importe conjunto de 7 millones de euros, sin que se acreditara la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno, ni la existencia de los correspondientes informes sobre la viabilidad económica de las operaciones. Asimismo, las cuentas anuales de 2018 de la empresa pública Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura, S.A. (GISVESA), fueron auditadas con la emisión de opinión desfavorable, sin que se haya acreditado la aprobación de las mismas.

  • En relación con la estabilidad presupuestaria y el análisis de la gestión económico-financiera de las entidades fiscalizadas:

En 2018 la Comunidad Autónoma de Extremadura cumplió los objetivos de regla de gasto, déficit y deuda, al alcanzar respectivamente el 2%, el -0,3% y el 23,9% del Producto Interior Bruto Regional.

No se ha efectuado la preceptiva remisión semestral de nombramientos de personal estatutario temporal del Servicio Extremeño de Salud y de funcionarios interinos docentes no universitarios a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

La acumulación de procesos selectivos sin resolver ha determinado el mantenimiento de un elevado número de puestos ocupados en comisión de servicio a fin del ejercicio 2018, un total de 4.011, de los que 402 tenían una duración superior a la legalmente prevista.

En el ejercicio fiscalizado, 44 trabajadores de GPEX adquirieron la condición de indefinidos por concatenación de contratos temporales (o de obra y servicio), sin que se haya acreditado que estas transformaciones deriven de resolución judicial. Asimismo, dieciséis contrataciones realizadas por tres fundaciones públicas autonómicas no contaron con la preceptiva autorización previa.

Tres consorcios autonómicos llegan a alcanzar periodos medios de pago superiores a 100 días, incumpliendo el límite legal en la práctica totalidad del ejercicio, evidenciando problemas de sostenibilidad financiera ya manifestados en ejercicios anteriores.

Los planes estratégicos de subvenciones elaborados en 2018, presentan deficiencias respecto de la determinación de parámetros objetivos para efectuar su seguimiento, así como por la heterogeneidad en el diseño del seguimiento previsto, limitando la efectividad de su seguimiento en cuanto a la realización de propuestas de acciones correctoras de las respectivas subvenciones. La ausencia de conexión entre los órganos de recaudación ejecutiva y los gestores de subvenciones, determinó un deficiente control actualizado de los reintegros tanto en relación con su registro contable, como por la Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.

Pese a que el Acuerdo del Consejo de Gobierno que autorizaba el endeudamiento del Servicio Extremeño de Salud prohibía la existencia, a 31 de diciembre de 2018, de saldos vivos, el mismo se elevaba, a dicha fecha, a 27 millones de euros, si bien no tuvo incidencia en el cumplimiento del objetivo de deuda.

Los créditos iniciales de 2018 correspondientes al Servicio Extremeño de Salud, no llegan a cubrir el 94% del total de gastos efectivos, determinando un aumento de los acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, hasta alcanzar los 143 millones de euros al cierre del ejercicio. Para permitir la imputación presupuestaria de estos acreedores, se generaron créditos presupuestarios financiados con recursos aportados por el Estado a través de los sucesivos Fondos de Liquidez Autonómicos, lo que supone financiar el gasto ordinario en bienes y servicios con recursos financieros extraordinarios y la transformación sistemática de deuda comercial en deuda financiera.

La Comunidad Autónoma no cuenta con un registro autonómico de personas físicas y jurídicas sancionadas por resolución administrativa firme por determinadas infracciones de la legislación de montes. Tampoco se ha aprobado una estrategia para el aprovechamiento de la biomasa forestal.

En 2018, la Comunidad tenía 48 zonas de más de 2.000 habitantes sin estaciones depuradoras de aguas residuales. Pese a ello, se deduce la existencia de un remanente de 67,7 millones de euros recaudados en el periodo 2013 a 2018 por este concepto, que no han sido utilizados para la financiación de infraestructuras hidráulicas.

La Consejería de Educación y Empleo no contaba con un plan de control propio, ni con un manual aprobado para sistematizar sus actuaciones verificadoras sobre la gestión económica de los centros docentes no universitarios.

Del control del cumplimiento de las obligaciones de transparencia resulta que doce entidades públicas obtuvieron un índice de transparencia inferior al 50%. Además, a 31 de diciembre de 2018, no se había aprobado ni publicado un plan integral de simplificación administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

No se ha adoptado la estructura orgánica de la Junta de Extremadura para la asignación de competencias de impulso, coordinación y seguimiento de las actuaciones dirigidas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su impulso se encuentra en fase de planificación, por lo que no se han acreditado actuaciones ni informes en los que conste la evaluación de las medidas adoptadas.

En el Informe se reiteran gran parte de las recomendaciones formuladas en fiscalizaciones anteriores, al no apreciarse medidas para su efectiva implantación.

El contenido del presente Informe (nº 1.412) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas, www.tcu.es.

Más información:

Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es


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