Escudo Oficina de Prensa


TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2017

6/02/20

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2017

Madrid, 6 de febrero de 2020.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de la Comunidad y las entidades que integraban su sector público durante el citado ejercicio, analizando, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad, los sistemas de control interno, la estabilidad presupuestaria, la gestión de los gastos de personal, la actividad subvencionadora, el gasto sanitario, el gasto educativo no universitario, el endeudamiento financiero, el área medioambiental, la verificación del cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de las prescripciones en materia de transparencia. Igualmente, se ha incorporado el seguimiento de las recomendaciones formuladas tanto por el Tribunal en informes de ejercicios anteriores como por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

De las conclusiones expuestas en el Informe de fiscalización cabe destacar:

La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura correspondiente al  ejercicio 2017 fue rendida dentro del plazo legalmente establecido. Las cuentas anuales individuales integradas en la misma se han rendido respetando las normas y principios que le son de aplicación, en relación con su estructura y contenido, a excepción de las correspondientes a cinco consorcios con presupuesto limitativo que no se adaptan al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad. Como en ejercicios precedentes, las cuentas anuales de la Administración General de la Comunidad Autónoma integran la liquidación presupuestaria de tres organismos autónomos y cuatro entes públicos que funcionan como servicios presupuestarios de las Consejerías a las que se encuentran adscritos, de forma que se unifica, indebidamente, la información presupuestaria y contable que corresponde a entidades contables diferenciadas.

Las cuentas anuales de la totalidad de los consorcios públicos autonómicos y de la Agencia Extremeña de la Energía fueron aprobadas y rendidas fuera de plazo. Esta última entidad mantiene la naturaleza jurídica de asociación, incompatible con la condición que tiene atribuida de medio propio de la Administración, y sin encaje entre las formas jurídicas previstas en la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura para integrar el sector público autonómico (LGHPE).

El Informe señala que persisten las deficiencias que afectan a la gestión de ingresos en el ámbito de la Administración de la Comunidad, relacionadas con: la inexistencia de manuales de procedimiento, la escasa fiabilidad del registro de deudores tributarios por la desconexión de los aplicativos de gestión y contables, el retraso en la contabilización de bajas por cancelación o anulación por falta de comunicación a la Intervención General y la ausencia de un sistema automático dirigido a evitar la prescripción. Asimismo, el Organismo Autónomo de Recaudación de Badajoz realiza en 2017 diversas actuaciones dirigidas al control y recaudación de los recibos pendientes detectando numerosos errores en las bases de datos que sirven de soporte a la gestión de ingresos en materia patrimonial, sin que se hayan acreditado actuaciones dirigidas a detectar los mismos en el ámbito territorial de Cáceres.

Asimismo, la fiscalización ha evidenciado demoras en la anotación de las facturas por la Administración General en el Registro Contable de Facturas, y una serie de deficiencias derivadas de la inadecuada interconexión en los sistemas que intervienen en la tramitación de las facturas anotadas y la confusión en el tratamiento de anulaciones y rechazos.

El Plan General de Contabilidad Pública aplicado por las entidades públicas administrativas es el aprobado por Orden de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de 21 de diciembre de 1999. Mediante sendos Acuerdos del Consejo de Gobierno de 4 y 25 de abril de 2017 se asume el compromiso para proceder a la adaptación del mismo al Plan Marco de Contabilidad Pública, previendo la adaptación de la normativa presupuestaria en el ejercicio 2018; si bien, la correspondiente modificación de la LGHE no tuvo lugar hasta 2019.

La financiación de las modificaciones presupuestarias que se financian con mayores ingresos se acredita mediante compromisos de ingresos, en el 87% de las mismas, sin que se haya desarrollado un módulo del sistema contable que garantice su adecuado seguimiento.

Las deficiencias detectadas en el registro de los ingresos presupuestarios inciden en la sobrevaloración, en 5,5 millones de euros, de los deudores presupuestarios contabilizados a 31 de diciembre de 2017 por las deudas aplazadas o fraccionadas que debieron haber sido anuladas, así como en la infravaloración de los deudores en concepto de alquiler de viviendas públicas y reintegro de subvenciones por un importe conjunto de 16,2 millones de euros. No se han acreditado actuaciones dirigidas a depurar la posible prescripción de deudores presupuestarios por un importe conjunto de 34,4 millones de euros. Asimismo, se han identificado deudas contabilizadas por un importe conjunto de 7,5 millones, que debieron haber sido dadas de baja por encontrarse ingresadas o anuladas.

Al cierre del ejercicio fiscalizado no se había procedido al desarrollo de la contabilidad patrimonial previsto por el Reglamento de General del Inventario de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las incorrecciones contables en relación con el registro del inmovilizado no financiero y su incidencia sobre los fondos propios, así como en la contabilización de los deudores presupuestarios, afectan a la representatividad de las cifras registradas en el balance.

A 31 de diciembre de 2017 la Administración de la Comunidad  mantenía 27,6 millones de euros en concepto de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, entre los que figuran deudas registradas en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles por 9,2 millones de euros con origen en ejercicios anteriores a 2012.

La memoria rendida continúa sin incluir la preceptiva información sobre determinados apartados, especialmente relacionados con la gestión de ingresos, sin que pueda cuantificarse el remanente de tesorería afectado ante la ausencia de implantación de un sistema de seguimiento de los gastos con financiación afectada. Tampoco se ha acreditado la existencia de un procedimiento que permita evaluar los posibles pasivos contingentes, identificándose responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea y por sentencias judiciales que, al menos, requerirían una mención en la memoria.

No se han realizado informes de la Inspección General de Servicios sobre la actividad de los organismos autónomos y entes públicos integrantes del sector público autonómico, a excepción del Servicio Extremeño de Salud, durante el periodo 2015 a 2017. La planificación de la actividad de los organismos autónomos y entes públicos no sigue un procedimiento homogeneizado para la definición de sus objetivos, ni para la conformación de su seguimiento. Tampoco se ha articulado un procedimiento para evitar la realización de pagos a terceros que tengan la condición de deudores con la Hacienda regional, por parte de estas entidades.

El criterio contable para el registro de las transferencias o subvenciones recibidas por tres empresas públicas es inadecuado, incidiendo en el volumen de los resultados negativos agregados del sector empresarial autonómico, 32 millones de euros.

Pese a que en 2017 se dispuso un total de 13,6 millones de euros, por parte de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A., tan solo consta la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno, para un importe de 6,8 millones.

La información económico financiera que acompaña a los Presupuestos carece del suficiente desglose que permita verificar el cumplimiento de la regla de gasto en la confección de los mismos. La Comunidad Autónoma de Extremadura  incumplió en 2017 los objetivos de déficit y deuda, al alcanzar respectivamente el -0,9% y el 23,7% del Producto Interior Bruto Regional, frente al -0,6% y 23,6% permitidos, motivando la presentación de un Plan Económico Financiero que obtuvo la declaración de idoneidad, el 31 de julio de 2018. Por el contrario, cumplió la regla de gasto al obtener una tasa de variación negativa del 0,3 %. La deuda viva de la Comunidad ascendía el 31 de diciembre de 2017 a 4.401 millones de euros.

Los retrasos acumulados en la ejecución de las Ofertas de Empleo Público precedentes, motivaron que 40 plazas correspondientes a la de 2015, caducaran por ausencia de convocatoria en el plazo improrrogable de tres años previsto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A fin del ejercicio 2017 existían 784 comisiones de servicio con una duración superior a dos años, en contra de lo previsto por el artículo 122.3 de la Ley de Función Pública de Extremadura.

En 2017 se reconoció, en diversas entidades integrantes del sector público autonómico, la condición de indefinidos no fijos a un total de 134 trabajadores que mantenían relaciones laborales previas con las mismas por contrato de obra y servicio, sin que existiera la preceptiva resolución judicial previa que instase su reconocimiento.

Por otra parte, la sociedad Gestión de Infraestructura, Suelo y Vivienda de Extremadura, S.A., realizó 91 contrataciones en el ejercicio fiscalizado sin acreditar las preceptivas autorizaciones para ello.

Dos sociedades y tres consorcios públicos autonómicos superaron el periodo medio legal de pago durante al menos nueve meses del ejercicio 2017, llegando algunas a alcanzar retrasos superiores a 100 días en varios meses.

No se ha acreditado la realización de ninguno de los informes previstos en la Orden HAP/2105/2012 sobre el grado de implantación de las medidas del plan de ajuste vigente en el ejercicio.

Parte de los planes estratégicos de subvenciones elaborados en 2017 presentan deficiencias derivadas de la no cuantificación de los parámetros en que se concretan los objetivos a alcanzar; de la detección, en algunos casos, de la ausencia de determinación de su seguimiento o de su periodicidad; y de la realización de seguimientos de los que no se deduce la efectividad de las ayudas. Asimismo, se mantienen las carencias de información de la Base de Datos de Subvenciones de Extremadura en lo relativo a concesiones y pagos, justificación de concesiones prepagables, reintegros y recaudación de los mismos. 

La evolución negativa en 2017 en el Servicio Extremeño de Salud del resultado, del remanente de tesorería y de los acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, está condicionada por la reducción de los recursos recibidos por transferencias y financiados con cargo al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas. Las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, ante la minoración de los recursos mencionados, se incrementaron en un 183 % hasta alcanzar los 128,2 millones de euros, motivando la infravaloración de las obligaciones presupuestarias imputadas en 2017 por un importe de 81,9 millones.

El gasto sanitario y farmacéutico de la Comunidad creció por encima de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española para 2017, lo que supone la superación del límite previsto por el artículo 114 de Ley General de Sanidad, y conlleva el sometimiento a las obligaciones previstas por el artículo 115 de la citada ley. Al finalizar el ejercicio fiscalizado no habían concluido la conexión del sistema de gestión con el sistema de compra de farmacia, la culminación de la Unidad de Catálogo y la adecuada planificación bajo pautas homogéneas de los pedidos de suministros, todas ellas dirigidas a un mayor control del gasto farmacéutico hospitalario.

Pese a que la Ley 2/2012 que regula el canon de saneamiento atribuye a este tributo la condición de recurso afectado a la financiación de infraestructuras hidráulicas, la Comunidad no ha implantado un sistema que permita acreditar dicha afectación. No obstante, de los datos derivados de la ejecución presupuestaria durante el periodo 2013 a 2017 se deduce la existencia de un remanente de 58,3 millones de euros, recaudados en concepto de canon de saneamiento, que no se habían aplicado a la financiación de las correspondientes infraestructuras.

La Consejería de Educación y Empleo no contaba con un plan de control propio, ni con un manual aprobado para sistematizar sus actuaciones verificadoras sobre la gestión económica de los centros docentes no universitarios. Tampoco se han formulado las cuentas consolidadas cuya formación prevé la Orden de 23 de septiembre de 1999.

En función de los resultados se realizan una serie de recomendaciones, muchas de ellas incluidas en informes de años precedentes y reiteradas en el presente, dado su insuficiente grado de implantación, salvo las relativas a la homogeneización de la delimitación del sector público, la aclaración del régimen de rendición y la armonización de la definición de las fundaciones públicas como consecuencia de la aprobación de la Ley de la Comunidad de Extremadura 9/2019.

El contenido del presente Informe (nº1.351) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:
Marisol Gálvez
Directora de Comunicación
T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686
marisol.galvez@tcu.es

 


LISTADO DE CATEGORIAS

Nota de Prensa

LISTADO DE TEMAS

Comunidades y Ciudades Autónomas