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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2018

11/02/21

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2018

Madrid, 11 de febrero de 2021.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como principales objetivos de fiscalización: verificar que la rendición de las cuentas por las entidades que componen el sector público de la Comunidad Autónoma se ha hecho respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido y si se han presentado de acuerdo con los principios y normas definidos en los planes de contabilidad. También recoge el análisis de los sistemas de control interno establecidos, especialmente en la Administración General, y la comprobación en el seguimiento de las previsiones legales para la determinación y cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria; así como, de la aplicación de los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos en las áreas de sanidad, medioambiente, educación, personal, morosidad de la deuda comercial, endeudamiento y subvenciones, entre otras.

La fiscalización ha comprobado, asimismo, la aplicación de los recursos provenientes de las dotaciones de los Fondos de Compensación Interterritorial, y el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas tanto en informes de ejercicios anteriores elaborados por el Tribunal como de las resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Asimismo, se ha verificado el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y las prescripciones de transparencia en aquello que pudiera tener relación con el objeto de la fiscalización.

Entre las conclusiones expuestas en el Informe de fiscalización cabe destacar:

  • La Cuenta General, no presentaba la estructura prevista en la normativa. Además, cuatro organismos autónomos (entre ellos el Servicio Cántabro de Salud) seguían sin elaborar cuentas específicas, integrándose en las de la Administración General.
  • En el sistema de contabilidad auxiliar de Modernización y Organización Unificada de Recursos Operativos (MOURO) y el Sistema de Información Contable (SIC) se han apreciado debilidades derivadas de la falta de conexión automatizada entre los sistemas y la ausencia de registro de determinada información en el segundo.
  • La Comisión General de Seguridad de la Información no ha llevado a cabo, desde su aprobación en 2016, la revisión regular de la Política de Seguridad de la Información. Tampoco ha emitido informes sobre el grado de cumplimiento de las normas de seguridad de carácter general, ni ha aprobado formalmente los análisis de riesgos ni procedido a su posterior revisión. Esta Comisión, que debía reunirse con carácter ordinario una vez al año, no lo hizo durante el periodo 2017-2019. Además, el plan global de seguridad informática que la Agencia Cántabra de Administración Tributaria debía acometer no se había culminado al cierre del ejercicio 2019. A dicha fecha, tampoco se había llevado a cabo de forma generalizada la auditoría de la seguridad sobre el conjunto de los sistemas de información establecido por la normativa.
  • En el ejercicio fiscalizado no existía un sistema automatizado de vinculación entre la contabilidad y el sistema de gestión patrimonial, cuyo desarrollo e integración acumulaba un considerable retraso. Asimismo, las debilidades detectadas en el Inventario seguían afectando a este documento como reflejo de la realidad patrimonial de la Comunidad.
  • Del análisis realizado sobre las cuentas individuales de la Administración General de la Comunidad y las de los entes administrativos se desprende que, con carácter general, se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad, además de desarrollarse la gestión presupuestaria según las normas que la rigen, si bien se realizan una serie de observaciones.
  • En los expedientes de modificaciones de crédito tramitados en el ejercicio se evidencia que gran parte de las insuficiencias presupuestarias que los originaron eran recurrentes en los últimos ejercicios, o bien resultan previsibles por su contenido, lo que revela un margen de mejora en la elaboración del presupuesto inicial.
  • Se dejaron de imputar al presupuesto de 2018 gastos realizados en dicho ejercicio por importe de 199 millones de euros, aplicándose por otra parte al mismo 192 millones de euros por gastos realizados en ejercicios anteriores, actuaciones que no respetan el principio de temporalidad recogido en la normativa, si bien están amparadas en las salvedades establecidas en la misma a dicho principio.
  • La memoria integrante de la Cuenta de la Administración General no contenía toda la información exigida en el Plan General de Contabilidad Pública para Cantabria, en particular, la información sobre gastos con financiación afectada -necesaria para conocer la parte del remanente de tesorería que constituye un recurso para financiar la actividad con carácter general-, ni información de detalle del riesgo económico y de los potenciales desembolsos presupuestarios para la Comunidad derivados de determinadas operaciones o hechos, no obstante lo dispuesto legalmente.
  • Las sociedades Inversiones Cántabras Empresariales, S.L., Ciudad de Transportes de Santander, S.A. (CITRASA) y Sociedad Año Jubilar 2017, S.L., se encontraban incursas en causa de disolución obligatoria al cierre del ejercicio 2018, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se han detectado errores de registro y valoración en las cuentas anuales de CITRASA, Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L., Hospital Virtual Valdecilla, S.L., Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L. (GESVICAN), Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR) y Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. (SRECD), al no aplicar lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad. Además, los informes de auditoría sobre las cuentas anuales de la Sociedad Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE), Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas, S.L. (SAICC) y SRECD reflejaban una opinión favorable con salvedades.

  • Según se determina en el informe elaborado por el Ministerio de Hacienda en octubre de 2019, Cantabria cumplió el objetivo de déficit y de regla de gasto del ejercicio 2018. Por otra parte, la deuda de la Comunidad al cierre de 2018, situada dentro del objetivo, ascendía a 3.171 millones de euros.
  • No se produjo la declaración de los sectores y categorías profesionales considerados prioritarios a efectos de la excepción de la prohibición de contratar personal temporal y nombrar funcionarios interinos, prevista en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2018. Además, esta Ley no estableció una fórmula similar a la de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, requiriendo la previa autorización de estas contrataciones por la Consejería de hacienda o función pública. Por otra parte, trece de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de Estabilización para el año 2018 incumplían el requisito de permanencia establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para su inclusión en esta oferta extraordinaria.
  • La superación en todos los meses de 2018 (salvo marzo) del periodo medio de pago a proveedores de 30 días determinado en la normativa, implica la ausencia de sostenibilidad de la deuda comercial y afecta negativamente al principio de sostenibilidad financiera, por lo que la Comunidad recibió en 2019 comunicación del Ministerio de Hacienda.
  • Al analizar la concesión y justificación de nueve subvenciones nominativas gestionadas por la Dirección General de Innovación y Centros Educativos y la Dirección General de Deporte, ambas de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se han advertido importantes deficiencias relacionadas, entre otras, con la ausencia del informe preceptivo de los servicios jurídicos al que se refiere la normativa autonómica de subvenciones; la definición genérica del objeto de la ayuda, impidiendo determinar si la actividad realizada se corresponde con el mismo; la falta de comprobaciones por la Consejería encaminadas a verificar la posible existencia de otras subvenciones, ayudas o ingresos; y defectos en el cumplimiento de la obligación de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones conforme establece la Ley General de Subvenciones.
  • Los diferentes compromisos y aportaciones del Instituto de Finanzas de Cantabria y de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) al proyecto ECOMASA, pueden desembocar en unas pérdidas para la Comunidad que se aproximarían a los 18 millones de euros, pues, al cierre del ejercicio fiscalizado, se habría recuperado (y se estaría próximo a recuperar) solo una cantidad residual de dichos desembolsos.
  • El personal interino del Servicio Cántabro de Salud representaba el 37% de los puestos ocupados de plantilla y el número de nombramientos eventuales en los que, a 31 de diciembre de 2018, se hace necesario el estudio de la creación de una plaza estructural en la plantilla asciende a 103. En 2018 se produjo en este organismo un incremento muy significativo de las resoluciones de reclamaciones por vía administrativa y sentencias judiciales que reconocían el derecho del proveedor a percibir intereses de demora por el pago tardío de facturas.

Al cierre de 2018 destaca el mayor porcentaje de pacientes con más de 60 días de espera para consultas especializadas que el de la media nacional (69 frente a 43), no obstante la evolución favorable de las listas de espera en los dos últimos ejercicios.

La antigüedad del equipamiento tecnológico sanitario en uso del Servicio Cántabro de Salud, salvo en la categoría de “tomografía por emisión de positrones”, no se adecua a las reglas y estándares recomendados a nivel internacional. Además, el porcentaje de bienes en activo con más de diez años de utilización supera, en las categorías de “tomografía computarizada”, “resonancia magnética”, “angiografía” y “endoscopia flexible” al del conjunto del sector público sanitario español.

  • La Consejería de Educación no contaba con un plan de control propio (al margen del control financiero de la Intervención General), ni con un manual aprobado para sistematizar sus actuaciones verificadoras sobre los centros docentes públicos. Además, no se llevaron a cabo controles específicos sobre los centros concertados en el ejercicio fiscalizado, ni por la propia Consejería ni por la Intervención General. Por otra parte, la Comunidad no había aprobado formalmente un plan de acción derivado de las distintas evaluaciones nacionales e internacionales al alumnado ni contaba con un plan plurianual de inversiones en infraestructuras educativas, el cual debería formar parte de su plan general de infraestructuras.
  • No se ha llegado a constituir la Comisión de Participación de las Mujeres, creada por la Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, como órgano colegiado consultivo de interlocución de las asociaciones de mujeres con el Gobierno regional, siendo finalmente suprimida en el ejercicio 2018, momento en el que se recupera la figura del Consejo de la Mujer. Además, en 2018 no se disponía de un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a nivel de la Comunidad, si bien, en 2019, se aprobó la II Estrategia de Transversalidad de Género del Gobierno de Cantabria.
  • Al cierre de 2019 no se había aprobado el reglamento regulador del funcionamiento del Portal de Transparencia de Cantabria y el Portal de Participación Ciudadana. El Portal de Transparencia presentaba carencias tales como la no disponibilidad de datos en formato reutilizable o la falta de publicación completa de los planes y programas plurianuales.
  • En materia de gestión medioambiental, la Comunidad no contaba con determinados registros previstos en la normativa de montes, ni había desarrollado diversas acciones recogidas en la misma. Seguían sin constituirse el registro ambiental al que se refiere el Reglamento de la Ley de Cantabria 17/2006 y sin utilizarse los mecanismos previstos en el mismo para exigir a los autores o responsables de las infracciones previstas en la Ley la reparación del daño causado y la indemnización de los daños y perjuicios derivados del mismo, aparte de imponer las sanciones que procedan. Al cierre de 2018 no se había realizado aún la evaluación del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020, pese a lo señalado legalmente, quedando pendientes un gran número de acciones cuya ejecución se encomendaba a la Comunidad.
  • En relación con el grado de preparación de la Comunidad para la implementación, control y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su territorio, no se había realizado un compromiso formal mediante el que se asumieran dichos objetivos en función de las competencias autonómicas, ni se había aprobado un plan de acción particular para su logro; tampoco se designó una unidad administrativa para la coordinación de las distintas consejerías implicadas en la consecución de los ODS ni se identificaron los recursos presupuestarios destinados al logro de los principales objetivos relacionados con las competencias de la Comunidad. Tampoco se ha acreditado el establecimiento de indicadores para medir su grado de cumplimiento.
  • En el Informe se reiteran gran parte de las recomendaciones formuladas en fiscalizaciones anteriores, al no apreciarse medidas para su efectiva implantación.

El contenido del presente Informe (nº 1.411) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas, www.tcu.es.

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

91 592 09 95 / 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es


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