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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2017

19/12/19

Madrid, 19 de diciembre de 2019.- Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como objetivo principal verificar si la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como las cuentas individuales de las entidades que integran el sector público autonómico, se han rendido respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido, y si las cuentas rendidas se presentan de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad y en la normativa económico-financiera. Asimismo, la fiscalización ha analizado los sistemas de control interno establecidos, en especial en la Administración General, y ha valorado si se han seguido las previsiones legales para la determinación y cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, así como si la gestión de los recursos públicos se sujetó a los principios de legalidad, eficiencia y economía.

Adicionalmente, se ha analizado la aplicación de los recursos provenientes de las dotaciones de los Fondos de Compensación Interterritorial y el seguimiento de las recomendaciones formuladas en informes de ejercicios anteriores elaborados por el Tribunal y en las resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Por último, se ha verificado el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y las prescripciones de transparencia en aquello en que tuviera relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.

De las conclusiones expuestas en el Informe de fiscalización cabe destacar las siguientes:

En relación con la rendición de la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Melilla, fue rendida el 5 de diciembre de 2018, fuera del plazo establecido (15 de octubre) y no contenía las cuentas individuales de ninguna de sus tres sociedades mercantiles ni de su fundación, todas ellas rendidas posteriormente durante la fiscalización.

El Presupuesto General de la Ciudad para 2017 fue aprobado definitivamente el 6 de abril de 2017, estando prevista legalmente la aprobación antes del 31 de diciembre de 2016.

El Informe recoge conclusiones que afectan a diferentes ámbitos del control interno, entre ellas, relativas a los recursos tributarios, que ponen de manifiesto que la Ciudad Autónoma no estaba adherida al Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de las corporaciones locales, careciendo de instrumentos para las actuaciones de inspección o recaudación ejecutiva sobre los ingresos de derecho público propios que hubieran de efectuarse fuera de su territorio.

Otro aspecto relacionado con el control interno de la Ciudad, es la racionalización de los procesos administrativos, sin que a 31 de diciembre de 2018 se hubiera llevado a efecto la aprobación por el Consejo de Gobierno del catálogo de simplificación, racionalización y normalización de procedimientos, que está prevista en la Disposición adicional primera del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma, aprobado el 27 de enero de 2017. Además, se ha observado el insuficiente desarrollo de la Política de Seguridad de la Ciudad Autónoma, conforme a la previsión del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Entre los apartados del Informe se recogen las conclusiones obtenidas en la verificación de las cuentas de la Administración General y sus entes administrativos. Con carácter general, tanto las cuentas de la Ciudad como las de los entes administrativos se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad, y la gestión presupuestaria se desarrolló según las normas que la rigen, si bien se realizan una serie de salvedades y observaciones sobre las mismas, como la imputación al ejercicio 2017 de gastos realizados en ejercicios anteriores por importe de 2,7 millones de euros y la no imputación al ejercicio de gastos realizados en el mismo, por importe de 1,6 millones de euros, aspectos que suponen un incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria. Además, el recurso a la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito ha devenido habitual en los últimos años.

Se han observado, también, incorrecciones en el balance de las cuentas anuales de la Administración General relacionadas con el inmovilizado, además de aplazamientos y fraccionamientos no contabilizados como tales. Tampoco se ha acreditado la realización de actuaciones de depuración sobre los deudores y acreedores de mayor antigüedad. Asimismo, la cifra del remanente de tesorería total se sigue viendo afectada por la incorrecta contabilización o imputación presupuestaria de determinadas operaciones.

Sobre las cuentas de las empresas públicas, el Informe concluye que, si  bien en la memoria de las cuentas anuales de 2017 de EMVISMESA se indica que la empresa no está obligada a su auditoría, de considerar determinadas contraprestaciones por su actividad ordinaria recibidas de la Ciudad Autónoma dentro del importe neto de la cifra de negocios, siguiendo lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 1991, del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la sociedad no cumpliría las circunstancias previstas para estar excepcionada de la obligación de auditoría.

Por su parte, el balance de las cuentas de INMUSA contenía incorrecciones que afectaban al saldo de dos de las tres masas patrimoniales, al contabilizar incorrectamente el importe de las transferencias recibidas de la Ciudad Autónoma en 2017, dando lugar a la sobrevaloración del patrimonio neto en dicho importe y a que la partida “Otras deudas a corto plazo” presentara un saldo contrario a su naturaleza. Además, la memoria integrante de las cuentas anuales de INMUSA no puede considerarse que cumpla lo dispuesto en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, donde se indica que esta debe completar, ampliar y comentar la información contenida en los otros documentos contables.

El resultado del análisis de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Ciudad, refleja que no cumplió las reglas establecidas en la Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en relación con el destino del superávit presupuestario obtenido en el ejercicio anterior.

Entre las conclusiones sobre determinadas cuestiones de la actividad económico-financiera, tanto de la Administración General como de los demás entes dependientes, se incluye la relativa al período medio de pago que, calculado según el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se situó fuera del plazo de 30 días previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, produciéndose incumplimientos, por parte de determinados centros gestores, de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro Único de Facturas de la Ciudad para la tramitación de dichas facturas. La Ciudad no ha acreditado haber tomado las medidas previstas en el artículo 13.6 de la citada Ley Orgánica para reducir el periodo medio de pago a proveedores.

En materia de subvenciones, el Patronato de Turismo continuaba en 2017 concediendo subvenciones nominativas a sociedades mercantiles privadas para el impulso de la oferta turística de Melilla, sin que, por tanto, se procediera a la promoción de concurrencia para su concesión. Además, del contenido de los convenios suscritos se advierte la existencia de prestaciones a realizar por las beneficiarias (entidades con ánimo de lucro) que asemejarían el objeto de estos negocios jurídicos al de un contrato de servicios. Asimismo, en varios convenios se observa falta de concreción del objeto de la subvención y de los gastos que se consideran subvencionables, habiéndose detectado en algún caso deficiencias en la justificación.

Por lo que se refiere a la evaluación periódica de la efectividad del principio de igualdad entre hombres y mujeres, previstas en el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, no ha podido evaluarse al no haberse remitido información sobre estas actuaciones. En el análisis del Portal de la Transparencia de la Ciudad Autónoma, el Informe refleja las deficiencias observadas en su contenido.

En función de las conclusiones, se reiteran gran parte de las recomendaciones formuladas en fiscalizaciones anteriores, dado su insuficiente grado de implantación.

El contenido de este Informe (nº 1.342) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

 

Más información

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

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