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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, EJERCICIOS 2016 Y 2017

20/11/18

Madrid, 20 de noviembre de 2018.- El Pleno del Tribunal de Cuentas aprueba el “Informe de fiscalización de la contratación de la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), ejercicios 2016 y 2017. Esta fiscalización ha sido realizada a iniciativa del Tribunal de Cuentas”. 

El Tribunal de Cuentas ha analizado una muestra de 115 contratos -de un total de 245 que la Fundación EOI había formalizado en los ejercicios 2016 y 2017-, por un importe de 11.600.000 -de los 16.346.000 euros adjudicados-. La fiscalización, por tanto, se ha realizado sobre el 47% del total de los contratos suscritos y el 71% del importe total contratado en el periodo citado. Asimismo, esta fiscalización ha analizado los tres contratos patrimoniales que fueron objeto de formalización en 2015, todos ellos fueron modificados en 2016.

En lo que se refiere a contratos menores, se han examinado 75 contratos formalizados en 2016 y 2017 por un importe global de 1.087.000 euros, lo que supone el 14% del número total de expedientes y, asimismo, el 14% de la cuantía acumulada.

Tras el análisis realizado, el informe recoge una serie de conclusiones relacionadas con diversas incidencias identificadas en las distintas fases de la contratación, entre las que se encuentran las relacionadas con:

  • Los contratos de contenido docente. En el examen de los expedientes de este tipo de contratos, se ha observado que, en casi todos los casos, los contratistas no solo facturaron y cobraron el importe de los honorarios de la docencia impartida; sino, también, los de locomoción y dietas de manutención, a pesar de que los correspondientes documentos de formalización de los mismos reconocían el derecho a percibirlos sólo en los casos en los que la EOI requiriera, de forma expresa, la realización del correspondiente viaje. No consta que este requerimiento fuera hecho en ninguno de los casos examinados.

Sin perjuicio de lo anterior, en el análisis de los correspondientes expedientes de gastos de locomoción y dietas de manutención se acreditan graves defectos en la justificación, por parte de los perceptores de los devengos referidos, careciendo de suficiente justificación pagos por un total de 33.500 euros en 2016 y de 19.300 en 2017.

  • La justificación del presupuesto de liquidación. El análisis de los expedientes de contratación, incluidos en la muestra, ha puesto de manifiesto que la entidad fiscalizada no hacía constar, en los mismos, justificación del presupuesto de liquidación. Asimismo, no figuraban antecedentes que soportasen, suficientemente, el importe en que se cuantificaba el precio de licitación o la composición cualitativa del mismo, bien fuese este a tanto alzado o bien fuese con base en precios unitarios.
  • El contenido de los pliegos. En el análisis se ha identificado un supuesto en el que su Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares preveía la posibilidad de que el adjudicatario pudiese subcontratar el 100% del contrato, previsión que resultaba contraria a la Ley de Contratos del Sector Público.
  • La solvencia de los licitadores. La fiscalización ha identificado varios supuestos en los que no está debidamente acreditado, en los correspondientes expedientes de contratación, que los respectivos adjudicatarios de los contratos estuvieran en posesión de la solvencia económica, financiera y técnica requerida por los pliegos.
  • La negociación de los contratos. Se ha identificado un significativo número de contratos en los que, pese a ser tramitados por la entidad fiscalizada mediante el denominado en sus Instrucciones internas de contratación “procedimiento simplificado”, en el que se prevé la negociación del contrato con todo o parte de los licitadores, no consta que la misma hubiera sido llevada a cabo.
  • Los contratos de servicios formalizados con una determinada sociedad. No consta que la firma adjudicataria hubiese llevado a cabo las actuaciones exigidas en los pliegos para la debida ejecución de aquellos, constando, por el contrario, que el accionista mayoritario de la sociedad y administrador único de la misma, desempeñó en la Fundación durante la vigencia de dichos contratos y en ejecución de los mismos, funciones directivas a título personal, existiendo indicios de que dichos contratos se celebraron en posible fraude de ley al objeto de eludir la aplicación de la normativa laboral y social, bajo la cobertura de un contrato mercantil de servicios.
  • Finalmente, la fiscalización ha identificado varios contratos de asistencia, todos ellos celebrados con personas físicas, en los que se han apreciado incidencias en relación con la falta de acreditación, por parte de los respectivos adjudicatarios, de estar en posesión de la solvencia que en cada caso requieren los pliegos.

Asimismo, no se han acreditado suficientemente que los contratistas hayan ejecutado las prestaciones exigidas por los pliegos. En este sentido, la fiscalización ha apreciado que la relación entre contratistas y Fundación se desenvolvió bajo las notas de dependencia y ajenidad propias de las relaciones laborales; pudiéndose, en virtud de lo anterior, identificarse indiciariamente la utilización de la figura del contrato mercantil de servicios en perjuicio de la aplicación de la legislación laboral y social

Tras las conclusiones, el Tribunal de Cuentas formula en este informe cinco recomendaciones, todas ellas orientadas a la mejora de la gestión de la Fundación de la EOI, entre las que se destacan las siguientes:

  • La Fundación debería definir, de modo claro e inequívoco los supuestos en los que los docentes tienen derecho al reembolso de los gastos de viaje incurridos con motivo de la ejecución de los correspondientes contratos, estableciendo una normativa interna de justificación de los mismos, así como un mecanismo de control para verificar el cumplimiento de la misma.
  • La Fundación debería revisar su política de externalización de servicios de asesoría, limitándola a los supuestos en los que la relación contractual proyectada obedezca, en su ejecución, a las notas de servicios por cuenta propia a ser prestados fuera del ámbito de dirección y organización de la Entidad.

El contenido del presente Informe (nº 1.290) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es


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