Escudo Oficina de Prensa


TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y SUS RIESGOS - JORNADA TRIBUNAL DE CUENTAS

5/10/18

Análisis de las formas instrumentales de gestión, en Logroño

EL TRIBUNAL DE CUENTAS EXPLICA LAS SINGULARIDADES Y LOS RIESGOS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN COMO FORMULAS ALTERNATIVAS A LOS CONTRATOS

  • Los expertos destacan las discordancias legislativas, en cuanto a los convenios, y los riesgos de los encargos que, al no tener la consideración jurídica de contrato, quedan fueran de la disciplina que marca la Ley de Contratos del Sector Público.

Logroño/Madrid, 5 de octubre de 2018.- Con el tema central “El enjuiciamiento y la fiscalización en la contratación pública” se desarrolló la jornada de ayer del Curso sobre la nueva regulación de la contratación del sector público. Entre otras cuestiones, las ponencias abarcaron la contratación pública en las Comunidades Autónomas y en las Entidades Locales, los retos en la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, así como la función de fiscalización de la Institución en las denominadas “formas instrumentales de gestión próximas a la contratación pública: los convenios de colaboración y los encargos a medios propios”. Sobre estas últimas versaron las ponencias del Consejero del Departamento 1º de Fiscalización, Manuel Aznar López, y de Pedro de Vega Blázquez, Subdirector Jefe de la Asesoría Jurídica del citado Departamento.

 

Recomendaciones y Moción del Tribunal: origen de la regulación de los convenios

 

El primero de los ponentes, el Consejero Manuel Aznar López, inició su intervención recordando la Ley que regula los convenios -la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público-, una regulación que “emana directamente de las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en los informes de fiscalización realizados sobre estos negocios jurídicos, así como de las que la Institución incluyó en su Moción a las Cortes sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en noviembre de 2010”.

En esta regulación que, según señaló Manuel Aznar López, recoge entre otros extremos, una definición del convenio y que determina sus tipos, un aspecto sobre el que se plantean algunos problemas, observándose ciertas discordancias entre las reglas incluidas en la citada Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que contempla los convenios para excluirlos de su ámbito objetivo de aplicación, matizó el Consejero del Tribunal de Cuentas.

Posteriormente, Aznar López, detalló los aspectos que deben comprender la fiscalización de esta forma de gestión, los convenios, entre ellos: los elementos subjetivos, objetivos y formales; los aspectos procedimentales; la ejecución del convenio, así como su extinción. De los primeros, los subjetivos, Manuel Aznar López, señaló que deben ser objeto de comprobación, tanto la competencia orgánica, como la competencia material para la suscripción del convenio, aspecto este último que, según apuntó, “puede ser de una gran complejidad en algunos convenios interadministrativos”. Respecto a los elementos objetivos, el Consejero señaló que es obligado: analizar si el empleo de la figura del convenio está justificado; controlar si el objeto es propio de la figura convencional y es suficientemente preciso; comprobar si existen criterios para determinar la aportación de la Administración; y verificar la titularidad de los resultados obtenidos con el desarrollo de la actividad convenida.

En cuanto a los elementos formales, por su parte, el ponente habló de la necesidad de ser analizados controlando la calidad técnico-jurídica de los instrumentos de formalización de los convenios y los aspectos procedimentales, verificando el cumplimiento de los requisitos referentes a informes, memoria y autorizaciones previas, el expediente de gasto y el cumplimiento de las obligaciones registrales, de publicidad, de comunicación y de remisión de documentación al Tribunal de Cuentas. Por su parte, en el ámbito de ejecución y extinción de los convenios, el análisis se realizaría sobre los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control, así como la comprobación material de las inversiones realizadas. La extinción de los convenios, fiscalizando los aspectos referentes a ella y, en especial, las operaciones liquidatorias.

Pedro de Vega Blázquez, por su parte, en su intervención sobre los encargos a medios propios -anteriormente configurados como encomiendas de gestión de naturaleza contractual- señaló que son una forma de gestión administrativa de cooperación pública vertical. “En virtud de ella, las Administraciones Públicas y las entidades del sector público ordenan a sus entes dependientes -que tengan la calificación jurídica de medio propio-, la realización de prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria”. En este punto, De Vega Blázquez, destacó que “una de las consecuencias más relevante del empleo de esta fórmula es que, estos encargos, no tienen la consideración jurídica de contrato y, por tanto, quedan fuera de la disciplina de la Ley de Contratos del Sector Público”.

 

Los riesgos de los encargos

 

En este contexto, Pedro de Vega se refirió a las consecuencias de un empleo inadecuado de esta forma de gestión. “Este hecho puede acarrear riesgos de falseamiento de las reglas de la competencia; de elusión fraudulenta de la legislación de contratos del sector público; de empleo como método de financiación irregular de estructuras organizativas paralelas o de actividades que debían haberlo sido mediante subvenciones, transferencias o convenios; de actuaciones ineficientes; y de ejercicio indebido de las competencias propias de los órganos administrativos a través de sus entes instrumentales. Por esta razón han sido objeto de una especial atención fiscalizadora por parte de los órganos de control y, en particular, por parte del Tribunal de Cuentas que, en los últimos años ha aprobado varios informes monográficos sobre esta cuestión y una Moción elevada a las Cortes Generales sobre la necesidad de desarrollar un adecuado marco legal para su empleo por las Administraciones Públicas”.

Posteriormente, el letrado del Tribunal de Cuentas Fernando Valderrey, letrado del Tribunal de Cuentas y Jefe de Área del citado Departamento intervino para exponer los resultados de la fiscalización de la contratación en el sector estatal.

“El porcentaje que la contratación pública representa en términos de gasto público hace de la fiscalización de contratos sea una de las principales áreas de actuación del Tribunal de Cuentas, en su condición de supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público”. Partiendo de esta premisa, el ponente realizó un repaso de los principales resultados recogidos en los últimos Informes de fiscalización aprobados por el Tribunal de Cuentas relativos a la contratación del sector público estatal. En este punto se detuvo en las incidencias detectadas en la remisión obligatoria de contratos al Tribunal de Cuentas, la preparación, la selección de los contratistas, la adjudicación y la ejecución contractual.

 

Más información:

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es


LISTADO DE CATEGORIAS

Nota de Prensa

LISTADO DE TEMAS