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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de 16 de marzo de 2020, sobre suspensión de los plazos en los procedimientos fiscalizadores.

25/03/20

La situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19 ha obligado a que los poderes públicos adopten las medidas necesarias para hacer frente a esta coyuntura. Los distintos acuerdos adoptados hasta la fecha por la Comisión de Gobierno ante esta situación, de habilitación temporal de teletrabajo al personal del Tribunal de Cuentas y de extensión de la habilitación extraordinaria y temporal del teletrabajo, obedecen a la evolución del brote experimentada en nuestro país y a la necesidad de adaptarse, en cada momento, a las circunstancias concurrentes.

En el Boletín Oficial del Estado, de 14 de marzo, se ha publicado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptado al amparo del artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1081, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad.

En el mismo se prevén una serie de medidas que el Gobierno ha considerado imprescindibles para hacer frente a la referida situación, entre las cuales el Real Decreto contempla, en sus disposiciones adicionales segunda y tercera, la suspensión de plazos procesales y de plazos administrativos, respectivamente, reanudándose el cómputo de los mismos en el momento en que pierda vigencia el real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Atendiendo a lo dispuesto en dicho Real Decreto, al Tribunal, a través de los órganos competentes en cada caso, corresponde adoptar los acuerdos correspondientes referidos a la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos gestionados en el ámbito del Tribunal de Cuentas, así como de plazos procesales en los procedimientos jurisdiccionales contables que se siguen en la Sección de Enjuiciamiento.

Los procedimientos fiscalizadores tienen una naturaleza diferente de la de los anteriores, sin perjuicio de lo cual la disposición final segunda uno de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, dispone que la Ley de Procedimientos Administrativo (hoy, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) será supletoria de las normas reguladoras de los procedimientos fiscalizadores; y, en la misma línea, el artículo 32.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, considera aplicable a la tramitación de los procedimientos fiscalizadores, en defecto de lo que prevean las prescripciones del título IV de la citada ley, las disposiciones de la ley de procedimiento administrativo, con las excepciones y salvedades que el mencionado artículo señala.

Además de la tramitación interna en el Tribunal, que tiene lugar desde la aprobación del Programa Anual de Fiscalizaciones y de los respectivos acuerdos de inicio de las actuaciones fiscalizadoras hasta la de los resultados fiscalizadores obtenidos en cada procedimiento fiscalizador, cobra especial importancia la puesta de manifiesto de las actuaciones practicadas a los responsables del Sector o Subsector público fiscalizado, o a las personas o entidades fiscalizadas, así como a quienes lo fueron durante el periodo al que se hubiera extendido la fiscalización realizada. Esta fase, llamada de alegaciones, viene regulada en el artículo 44 de la antes citada Ley 7/1988, que otorga un plazo no superior a treinta días, prorrogable con justa causa por un período igual, para que los legítimos representantes de los fiscalizados que acaban de enumerarse aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinente.

Procede, por consiguiente, adoptar un acuerdo, tanto para este trámite de alegaciones como para cualesquiera otras actuaciones que afecten a los procedimientos fiscalizadores y que hayan de practicarse por las entidades fiscalizadas u otros terceros, garantizándose así que no se produzca menoscabo de los derechos de aquellos.

Por todo ello, en el marco de las medidas extraordinarias adoptadas como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a su amparo, el Pleno del Tribunal de Cuentas, con fecha 16 de marzo de 2020, ACUERDA:

Suspender los plazos en lo atinente a los procedimientos fiscalizadores que se siguen en el Tribunal de Cuentas en lo que se refiere a cualesquiera actuaciones que hayan de practicarse por las entidades fiscalizadas u otros terceros; entre ellos, los plazos concedidos, tanto inicialmente como los prorrogados, para que los responsables del Sector o Subsector público fiscalizado, o las personas o entidades fiscalizadas, a través de sus legítimos representantes, así como quienes lo fueron durante el periodo al que se hubiera extendido la fiscalización realizada, puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes; plazos cuyo cómputo se reanudará en el momento en el que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Madrid, 16 de marzo de 2020


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