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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

APROBADOS LOS INFORMES SOBRE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS ISLAS CANARIAS DE LANZAROTE, FUERTEVENTURA Y TENERIFE

18/02/16

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN, POR LAS ENTIDADES GESTORAS, DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LAS ISLAS CANARIAS 2007-2011: ISLAS DE LANZAROTE, FUERTEVENTURA Y TENERIFE

 

Madrid, 17 de febrero de 2016.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado los Informes de Fiscalización de la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las islas Canarias, periodo 2007-2011, relativos a las Islas de Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. Estos procedimientos fiscalizadores se incluyeron en el Programa de la Institución, a solicitud de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Estas fiscalizaciones, de cumplimiento y operativas, han tenido como objetivos específicos: evaluar los procedimientos y sistemas de gestión aplicados por las entidades, con el fin de determinar si son adecuados y suficientes para garantizar una correcta gestión económico-financiera, en relación con la prestación del servicio de producción y abastecimiento domiciliario de agua potable, así como analizar si dicha gestión por las entidades públicas responsables de la prestación se ha realizado de conformidad con la normativa.

Asimismo, la fiscalización ha contemplado la producción y distribución de agua potable, es decir, el ciclo integral desde su alumbramiento, captación o desalación hasta la provisión a sus destinatarios finales, los usuarios del servicio público de abastecimiento de agua potable. Todo ello relacionado con todas las entidades públicas locales que en las Islas intervienen en el ciclo del agua: los Consejos Insulares de Aguas (CIA); los ayuntamientos prestadores; los consorcios y las empresas municipales y mixtas constituidas, siempre que la participación municipal en estas sea mayoritaria.

En los respectivos informes se recogen una serie de conclusiones derivadas de los principales resultados de la fiscalización y que se refieren tanto a la producción de agua, a partir de las distintas fuentes -recursos subterráneos, superficiales y agua de mar-, como a su distribución en las referidas islas, mediante la prestación del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable.

Entre las conclusiones relativas a la producción, y por lo que se refiere a la Isla de Lanzarote, donde la práctica totalidad del agua destinada al abastecimiento proviene de la desalación de agua de mar, el correspondiente Informe expone los resultados del análisis de algunas de las infraestructuras hidráulicas ejecutadas por el CIA de la Isla y por la sociedad prestadora del servicio INALSA.

En los expedientes de contratación se han identificado algunas incidencias, entre ellas: que no consta, en los mismos, el informe que justifique la inversión; la falta de criterios de adjudicación o la fijación de criterios genéricos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, sin especificación de su valoración; la omisión de informe del pliego por los servicios jurídicos y la Intervención; la tramitación de algunos contratos por el procedimiento de emergencia sin que concurrieran las circunstancias establecidas en la normativa de contratación, así como la falta de formalización del contrato en una de las obras.

En cuanto a la Isla de Fuerteventura, donde, al igual que en Lanzarote, la mayor parte del agua procede de la desalación, el respectivo Informe incluye también los resultados del análisis de diversas obras hidráulicas llevadas a cabo por el CIA y por las entidades gestoras del servicio durante el periodo fiscalizado. En relación con las mismas, se ponen de manifiesto incidencias como: la introducción de unidades de obra nuevas y reformas sin la adopción del correspondiente acuerdo por el órgano de contratación y sin la modificación del contrato original; la realización de modificaciones sin que concurrieran las causas legalmente previstas; y la existencia de un contrato celebrado de forma verbal.

Asimismo, se refleja que, a la finalización del periodo fiscalizado, se encontraban en funcionamiento dos plantas desaladoras, dos módulos y dos centros de desalobración para los que había expirado el correspondiente título habilitante, y que el CIA no aportó información sobre la captación de agua subterránea o aprovechamiento de la superficial, lo que pone en cuestión el control que realiza sobre los recursos hidráulicos.

Por su parte, el Informe relativo a Tenerife, isla donde el 88% del agua fue de origen subterráneo, recoge los resultados de la verificación de la contratación llevada a cabo por el CIA y por diversos ayuntamientos en ejecución de infraestructuras hidráulicas, detectándose: la utilización, en algunas de ellas, del procedimiento de urgencia o de emergencia sin que hubiera una motivación o sin que concurrieran las circunstancias dispuestas por la normativa; la fijación de criterios de adjudicación que no favorecieron el principio de economía en la gestión de los fondos públicos; la realización de modificaciones sin que tuvieran lugar las causas legales, y la omisión en el expediente de contratación del informe de justificación de la necesidad de la inversión.

Los Informes también recogen, en sus conclusiones, que los CIA de las tres islas debían haber aprobado, antes de 2009, un nuevo Plan Hidrológico adaptado a la Directiva Marco del Agua, sin embargo, esta obligación solo la ha cumplido Tenerife. Por otra parte, los CIA de Lanzarote y de Fuerteventura no constituyeron el registro y catálogo de aguas que debe contener, entre otras, la totalidad de sus infraestructuras hidráulicas y de los derechos de aprovechamiento.

En cuanto a la distribución o prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, los Informes recogen las conclusiones resultantes del análisis sobre el personal destinado a su ejecución, los costes e ingresos derivados de la misma, el volumen de agua producida y distribuida, así como una serie de indicadores relativos a dicha prestación.

Así, en relación con la Isla de Lanzarote se pone de manifiesto que la prestación del servicio se llevó a cabo en los siete municipios por una sociedad mercantil municipal, deficitaria en todo el periodo fiscalizado. En 2013 se adjudicó la concesión del servicio.

Las pérdidas de agua representaron de media, para los cinco años fiscalizados, el 46% del agua producida, con una tendencia alcista en el periodo, alcanzando en 2011 el 54%. El coste acumulado de dichas pérdidas para los 5 años verificados fue de 85,3 millones de euros.

En Fuerteventura la prestación del servicio en la mayor parte de la Isla se llevó a cabo por el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, resultando deficitaria en los 5 ejercicios fiscalizados, alcanzando un máximo de 22,78% de los ingresos en 2009. La empresa mixta que prestaba el servicio en el municipio de Antigua tuvo resultado con superávit, en todos los ejercicios; la empresa municipal prestataria del mismo en un núcleo de población de Oliva alternó ejercicios con déficit y con superávit; y la concesionaria que lo prestaba en un núcleo del municipio de Pájara pasó del superávit al déficit en los dos últimos años fiscalizados.

Las pérdidas de agua fueron del 37% de la producida en el Consorcio, con un coste para los 5 años examinados de 25,9 millones de euros; del 15% en la empresa mixta, con un coste de 1,9 millones de euros; del 20% en la empresa pública, con un coste de 2 millones de euros; y del 19% en la prestación del servicio mediante concesión, con un coste de dichas pérdidas de 3,4 millones de euros.

En la Isla de Tenerife la forma de prestación predominante fue la concesión. Según se indica en las conclusiones del respectivo Informe, el resultado de la actividad de prestación del servicio fue con superavit los 5 años fiscalizados en el 30% de las entidades fiscalizadas, deficitaria en el 23% y se alternaron ejercicios con déficit y superávit en el 47% de las mismas.

Se expone en el Informe que las entidades gestoras del servicio de abastecimiento de agua no llevaban control sobre las existencias de agua ni sobre las pérdidas, calculándose las mismas por diferencia. Las pérdidas medias en las entidades analizadas en los 5 años se situaron entre el 13% y el 57%, con costes de entre 2 y 24 millones de euros.

A la vista de los resultados obtenidos y las incidencias observadas en el desarrollo de estas fiscalizaciones, se formulan por el Tribunal de Cuentas en los respectivos Informes un conjunto de recomendaciones, en su mayoría comunes para las tres islas, entre las que cabe destacar las siguientes:

Los CIA de Lanzarote y Fuerteventura deberían tomar un mayor conocimiento del conjunto de infraestructuras para la captación de agua existentes en sus respectivas islas y llevar a cabo una mejor evaluación y planificación de los recursos. Además los CIA de las tres islas deberían intensificar las actuaciones de inspección y control sobre las instalaciones hidráulicas en funcionamiento y verificar que operan con título habilitante.

En las tres islas se debería observar un mayor rigor en la tramitación de las fases de preparación y adjudicación de los contratos administrativos que celebren para la ejecución de infraestructuras hidráulicas, lo que redundará en la mejora de la economía y en la eficacia de la gestión de los recursos públicos destinados a la contratación, así como en beneficio de los principios de igualdad, transparencia y objetividad que han de presidir la contratación administrativa.

Se deberían elaborar e implementar planes globales de inversiones para la mejora de los sistemas de almacenamiento y redes de distribución de agua en las tres  islas; planes que incluyan, como objetivo transversal, la reducción del porcentaje de pérdidas de agua. Asimismo, se debería fortalecer el procedimiento de registro y control del agua gestionada, de forma que sea posible llevar un seguimiento y determinar en cada momento las existencias iniciales y finales y la detección del origen de las pérdidas en alta o en la red de distribución, así como las causas en cada caso.

Se recomienda, asimismo, promover ante la Comunidad Autónoma de Canarias el establecimiento de criterios para la fijación de precios en materia de aguas, al objeto de poder determinar el precio máximo o de vigilancia especial para las transacciones de agua que se celebren en las Islas y su transporte entre los diferentes puntos del territorio, contribuyendo con ello a una mayor estabilidad y economía en los precios. Se deberían también instrumentar políticas de precios que incentiven el uso eficiente y racional del agua, con respeto al medio ambiente, y que promuevan su ahorro.

Igualmente, los Informes ponen de manifiesto que las entidades gestoras del servicio de distribución de agua en las islas deberían considerar la oportunidad de utilizar indicadores de gestión que permitan conocer, de forma periódica, la evolución del servicio, con el objetivo de que orienten la introducción de mejoras en el mismo.

El contenido de estos informes (nºs. 1.111, 1.112 y 1.130) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas, www.tcu.es.

 

 Más información

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

marisol.galvez@tcu.es


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