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TRIBUNAL DE CUENTAS
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APROBADO EL INFORME SOBRE INDEMNIZACIONES POR CESE DE ALTOS CARGOS Y RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE ALTOS DIRECTIVOS DE DETERMINADAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL, 2012-2014

17/05/16

Fiscalización realizada a  iniciativa de la Institución

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR CESE DE ALTOS CARGOS Y DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE ALTOS DIRECTIVOS DE DETERMINADAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL, 2012-2014

Madrid, 17 de mayo de 2016.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de Fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal, ejercicios 2012 a 2014”.

Esta fiscalización ha tenido carácter horizontal -por estar referida a una pluralidad de entidades públicas- y en lo referente a las indemnizaciones por cese de altos cargos, el análisis se ha realizado sobre: el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),  la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),  el Banco de España (BE) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La fiscalización sobre esta última incluyó el análisis de los ceses de los altos cargos de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), extinguidas con la constitución de la CNMC, que entró en funcionamiento el 7 de octubre de 2013.

Además, la fiscalización se extendió a la actividad de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) para comprobar las actuaciones que ha realizado de seguimiento y control sobre la percepción de las prestaciones indemnizatorias y el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los altos cargos cesados en las entidades fiscalizadas.

Por su parte, la fiscalización de la adaptación de la estructura retributiva de los directivos a la nueva normativa sobre los contratos de alta dirección, se extendió a las siguientes entidades:

-      En el subsector de entidades públicas empresariales: Instituto de Crédito Oficial (ICO), Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), ICEX España, Exportación e Inversiones (ICEX) y RED.es.

-      En el subsector de entidades públicas: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Instituto Cervantes (IC), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Museo Nacional del Prado (MNP), Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y CSN.

-      En el subsector de organismos públicos reguladores y supervisores: CNMV y CNMC (incluyendo la CNE, la CMT, la CNC y la CNSP, entidades que, como se ha señalado, se extinguieron e integraron en la CNMC en 2013).

A partir de los resultados de la fiscalización, el Informe recoge una serie de conclusiones referidas: al control y el pago de las prestaciones compensatorias de los altos cargos; a las modificaciones de los contratos de alta dirección, así como sobre la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todo ello en relación con las distintas entidades fiscalizadas.

En relación al control y pago de las prestaciones compensatorias de los altos cargos cesados, el Informe pone de manifiesto que la OCI se limitó a gestionar los registros de bienes y actividades de los altos cargos de las entidades fiscalizadas, pero no desarrolló las facultades que le atribuye la ley para verificar e investigar los datos declarados por ellos.

El Informe señala, también, que no existen criterios para determinar en qué modo la OCI puede obtener la colaboración de la Agencia Tributaria y de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social para verificar los datos declarados por los altos cargos, una facultad que le otorga expresamente la ley. Asimismo, tampoco existen procedimientos para realizar comprobaciones, de forma periódica y aleatoria, de sus actividades y bienes, que están obligados a declarar.

Durante el periodo fiscalizado, el Tribunal ha constatado que en las entidades fiscalizadas únicamente se solicitaron aclaraciones sobre datos o actividades previamente declaradas por los propios altos cargos o sobre noticias aparecidas en prensa, y ninguno sobre los que no declararon otras actividades.

La OCI valoró la posible existencia de conflictos de intereses en los casos en los que los altos cargos cesados declararon el inicio de alguna actividad privada en empresas ya constituidas que previamente hubieran tenido relación con la entidad en la que cesaron. Sin embargo, al amparo del art. 8 de la Ley de Conflictos de Intereses (LCI) que se refiere únicamente a actividades privadas, la OCI no valoró la posible existencia de este tipo de conflictos en los casos de: reingreso en la función pública; de incorporación a organismos internacionales; e incluso de inicio de una actividad privada en una sociedad o empresa de nueva creación (que por lo tanto no pudo haber tenido relación previa con la entidad). El Informe considera que la normativa propia de las distintas entidades permite deducir, también, limitaciones para estos supuestos y recomienda que se valore la posible existencia de conflictos de intereses en estos casos.

Tampoco tramitó ninguna denuncia sobre presuntos incumplimientos de la LCI por los altos cargos de las entidades fiscalizadas; ni inició, instruyó o resolvió, ningún expediente sancionador en relación con los mismos.

Por último, a raíz de la entrada en vigor del RD-Ley 20/2012, que obligó a los altos cargos a optar entre seguir percibiendo la prestación compensatoria o cualquier otra remuneración pública o privada, el Informe señala que se produjo un ahorro efectivo de fondos públicos. Tras el ejercicio de la opción a la que obligaba el citado Real Decreto-Ley dejaron de percibir la prestación compensatoria cuatro consejeros de la CNC, tres de la CMT y cuatro consejeros de la CNE.

En relación a la adaptación del número de directivos, su régimen retributivo y el contenido de los contratos de alta dirección de las entidades fiscalizadas a la nueva normativa que, a partir 2012, regulaba este tipo de contratos, el Informe señala que, salvo las incidencias que se ponen de manifiesto, con carácter general, se adaptó el número de directivos y su estructura retributiva (de modo que no cobraron complementos no previstos en la ley); no se superaron los límites máximos de retribución; la adaptación de los contratos no dio lugar a incrementos retributivos; se redujeron las indemnizaciones, en caso de extinción del contrato de alta dirección; se produjo el proceso de adaptación formal y de contenido de los contratos de alta dirección; y se cumplieron las normas sobre transparencia.

Entre las incidencias, el informe pone de manifiesto que ninguna de las entidades fiscalizadas adaptó sus contratos de alta dirección a la nueva normativa dentro del plazo previsto en la disposición adicional segunda del RD 451/2012 (13 de abril de 2012). Tras la adaptación, la aplicación de los límites sobre el número de directivos de las entidades fiscalizadas únicamente supuso su reducción en el IC, en la CNMV y en el ICEX; y la de los límites retributivos a los directivos de las entidades fiscalizadas, tan solo se tradujo en la reducción de algunos de ellos, como fue el caso del IC, la CNMV y RED.ES.

Por otra parte, si se consideran retribuciones salariales a los complementos de índice de poder adquisitivo y de desplazamiento que perciben los directores de centros en el exterior del IC, algunos de ellos habrían percibido retribuciones superiores a las máximas permitidas. No obstante el Informe señala que la naturaleza de este tipo de percepciones es discutible y está pendiente de su desarrollo normativo y recomienda que se efectúe el mismo. También en el CCS, si se atiende al principio de caja y por el retraso en la adaptación de la estructura retributiva de los directivos, se habrían superado las retribuciones máximas permitidas.

Además, la adaptación de los contratos produjo un incremento en la retribución de algunos directivos del IC, CNMV, ICEX y CNMC. Por otra parte, aunque la nueva estructura retributiva de la alta dirección no prevé retribución alguna en concepto de antigüedad, algunos directivos del IC, MNCARS, MNP, UNED, CNMV, RED.ES, CCS, ICEX, CMT y CNMC percibieron retribuciones por este concepto con base en el derecho reconocido a los funcionarios en situación de servicios especiales en el Estatuto del Empleado Público. El MNP también ha pagado “gratificaciones por servicios extraordinarios” a los altos directivos, aunque este sea un concepto remuneratorio que no se acomoda a la regulación de la nueva estructura retributiva de los directivos.

La nueva regulación también redujo sensiblemente las indemnizaciones a los directivos en caso de extinción por desistimiento del empresario de los contratos de alta dirección en el sector público estatal. En este punto, la fiscalización ha puesto de manifiesto que, el día anterior a la publicación del Real Decreto Ley, cesaron algunos directivos del ICO y RED.ES, lo que llevó a que percibieran unas indemnizaciones que, al estar sujetas a la normativa anterior, fueron muy superiores a las que les hubieran correspondido con la nueva normativa que entraba en vigor al día siguiente.

En el ámbito del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Género, el Informe pone de manifiesto que no se ha alcanzado la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la composición de los consejos o máximos órganos colegiados, ni en los puestos de alta dirección de las entidades que se fiscalizaron. En siete, de las doce entidades fiscalizadas, con más de 250 empleados, no se había aprobado un plan de igualdad, si bien algunas de ellas se encontraban en el proceso para su elaboración

Las recomendaciones derivadas de la presente fiscalización se elevan a diez, muchas de ellas dirigidas a la OCI para la mejora de sus sistemas y procedimientos y para el desarrollo de las funciones de investigación y comprobación de las actividades de los altos cargos; otras a las entidades fiscalizadas, así como al MINHAP y al Gobierno, para que completen aspectos de la regulación de las materias fiscalizadas.

El contenido íntegro de este informe (nº 1.152) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Más información

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

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