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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

APROBADO EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA DEL BANCO DE ESPAÑA, EJERCICIO 2015

8/03/17

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA DEL BANCO DE ESPAÑA, EJERCICIO 2015

Madrid, 8 de marzo de 2017.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización del cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de la función supervisora del Banco de España, ejercicio 2015”. El ámbito de análisis de esta fiscalización está delimitado por la actividad de supervisión que realiza el Banco de España (BE), tras la entrada en vigor del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), en noviembre de 2014. El MUS dio lugar a una nueva distribución de competencias supervisoras entre el Banco Central Europeo (BCE) -que no es una entidad fiscalizada por el Tribunal de Cuentas ni ha sido objeto de esta fiscalización- y el BE.

De esta forma, en el marco del MUS, el BCE ejerce la supervisión directa de las Entidades de Crédito Significativas españolas (SI, según sus siglas en inglés), con el apoyo del BE. Al BE corresponde la supervisión directa de las Entidades de Crédito Menos Significativas españolas (LSI, según sus siglas en inglés) ejerciendo el BCE una supervisión indirecta de las mismas.

Fuera del ámbito del MUS, el BE conserva las funciones supervisoras sobre otras entidades distintas de las de crédito, como los establecimientos financieros de crédito, sociedades de garantía recíproca, sociedades de tasación, entidades de pago, entidades de dinero electrónico, establecimientos de cambio de moneda, fundaciones bancarias y SAREB. Además, el BE sigue teniendo competencias directas que no se han asumido por el MUS en materia de supervisión de conducta de entidades y protección a la clientela; y ha comenzado a activar los procedimientos macroprudenciales de supervisión, en cooperación con el BCE.

Tras el análisis realizado, el Informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones:

Sobre las actuaciones de supervisión prudencial realizadas por el BE en 2015, que constituyen el ámbito esencial de su actividad supervisora:

-       En relación con las SI españolas en 2015 se supervisaron directamente por el BCE catorce grupos de entidades españolas que suponían el 95,6% de los activos del sistema bancario español. El seguimiento continuado de estas entidades se realizó mediante Equipos Conjuntos de Supervisión (ECS), dirigidos por el BCE y con la participación de personal del BE. El Informe pone de manifiesto que no existía un procedimiento formal preestablecido que determinara y proporcionase los recursos humanos del BE que fueran a formar parte de estos equipos. También señala la existencia de dificultades de organización y funcionamiento para el personal del BE, en estos equipos, derivada de su doble dependencia jerárquica, por un lado con el BCE a través del coordinador del equipo y por otro con sus superiores en el BE. No se detectaron otras incidencias en el cumplimiento de las obligaciones legales del BE en la supervisión de las SI españolas: ni en los supuestos en los que debió remitir información al BCE, ni en la tramitación de los procedimientos administrativos comunes relativos a estas entidades.

-       En relación con las LSI españolas y el resto de entidades distintas de las de crédito, la supervisión directa por el BE en 2015 se realizó mediante un régimen de seguimiento a distancia ordinario (que se aplicó a las 14 entidades más relevantes); y otro régimen de seguimiento simplificado (sobre el resto de las LSI y entidades distintas de las de crédito) basado en un sistema informático trimestral de alertas.

En la supervisión de este tipo de entidades, el BE cumplió adecuadamente la planificación aprobada, ya que se finalizaron la gran mayoría de las actuaciones planificadas y se incluyeron otras adicionales. El BE adoptó las decisiones de capital exigibles a todas ellas y formuló los requerimientos adicionales y las recomendaciones que consideró oportunas. No se adoptaron decisiones de liquidez, en relación a las mismas, puesto que esta obligación legal no estaba vigente en el ejercicio 2015. El Informe pone de manifiesto deficiencias en la metodología que el BE empleó para el seguimiento posterior del cumplimiento de los requerimientos y recomendaciones que efectúa a las entidades, que no incluía un calendario de comprobación de su aplicación; así como falta de homogeneidad y diferencias en el grado y detalle de la información incorporada a los informes de autoevaluación de capital que deben realizar todas las entidades. En cualquier caso, todas ellas cumplieron los requerimientos de capital exigidos por el BE en las fechas establecidas.

-       El análisis realizado sobre las visitas de inspección (inspecciones in situ) a las LSI y a entidades distintas a las de crédito puso de manifiesto que no se consiguieron los objetivos sobre la periodicidad de las inspecciones in situ que el propio BE se marcó en sus normas internas. Tampoco se cumplieron determinados plazos previstos en los procedimientos internos y no se siguieron algunos trámites para el seguimiento de los requerimientos efectuados en estas visitas de inspección.

En relación con las actuaciones del BE para la evaluación de la idoneidad y registro de altos cargos de las entidades que supervisa:

-       La fiscalización puso de manifiesto que los informes sobre idoneidad realizados por las propias entidades tampoco tenían, en aspectos relevantes, un contenido uniforme ni exhaustivo (ni en la descripción de las funciones del puesto a desarrollar, ni en la exposición de los requisitos de los candidatos).

-       Las entidades aprobaron los nombramientos de sus candidatos y después los remitieron al BE para el reconocimiento de su idoneidad y la inscripción en el Registro de Altos Cargos. Las entidades deben inscribir los nombramientos en un plazo máximo de 15 días desde la aceptación del cargo y los nombrados no pueden ejercer sus funciones hasta que se produzca la inscripción. El informe pone de manifiesto que la división de análisis de idoneidad y RAC no realizó control alguno sobre si las personas ya nombradas ejercieron sus funciones antes de la inscripción y señala distintos expedientes en los que se excedió el plazo de 15 días para solicitar la inscripción. También pone de manifiesto procedimientos que se dilataron en el tiempo (mientras se aportaba la documentación requerida); retrasos en el plazo para que las entidades actualizasen la información sobre sus principales responsables contenida en el RAC y la comunicasen al BE; y la utilización de una herramienta informática muy antigua para la gestión del registro que estaba en proceso de actualización y mejora.

Sobre las actuaciones de supervisión de conducta de entidades y de protección a la clientela:

-       El Informe señala que el programa de supervisión de conducta de entidades, que se elaboró por primera vez en 2015, no se ejecutó suficientemente, ya que el BE tuvo que asignar recursos a actividades que no había planificado y que surgieron como consecuencia de reclamaciones y denuncias de clientes de entidades, así como las actuaciones de comprobación, requerimientos y recomendaciones del propio BE.

El grado de cumplimiento del programa y la importancia de las actuaciones no previstas en la planificación (fueron más las actuaciones no planificadas que las que se realizaron en cumplimiento del programa supervisor) ponen de manifiesto la necesidad de mejorar el proceso y la información empleada para la planificación.

-       En relación con la protección de la clientela, el 74% de las resoluciones emitidas por el BE tuvieron un sentido favorable a los reclamantes, si bien tales resoluciones no tienen carácter vinculante para las entidades.

En relación a las actuaciones de activación de medidas macroprudenciales:

Durante 2015, el BE realizó los trabajos técnicos necesarios para la identificación de entidades de importancia sistémica; el cálculo de los colchones de capital; y la fijación, publicidad y activación de los mismos. Únicamente se produjo el incumplimiento del plazo previsto para la identificación y publicación de las entidades españolas de importancia sistémica. El Informe pone de manifiesto que, aunque todos los países de la Unión deberían designar en su legislación nacional una autoridad macroprudencial encargada de la supervisión macroprudencial y de la vigilancia y mitigación del riesgo sistémico; y la disposición adicional decimoctava de la LOSS preveía reforzar el marco institucional haciendo participar al Ministerio de Economía y Competitividad, al BE y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en esta autoridad macroprudencial, aún no se había cumplido esta previsión durante el periodo fiscalizado.

En relación a las infracciones y sanciones:

Aunque el Tribunal de Cuentas no ha podido valorar la aplicación del nuevo régimen sancionador, porque todos los expedientes sancionadores incoados analizados se refieren a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo régimen, ha constatado el endurecimiento del mismo; y pone de manifiesto que la regulación del nuevo régimen sancionador no se ha adaptado adecuadamente a las singularidades de las entidades distintas a las de crédito supervisadas por el BE. La imposibilidad de modular las nuevas sanciones podría resultar excesivamente gravoso para dichas entidades e incluso afectar a su viabilidad económica.

En relación con el cumplimiento de la normativa sobre transparencia:

El BE dio cumplimiento a todas las obligaciones establecidas sobre transparencia, tanto en la normativa general como en la específica sobre supervisión bancaria, detectándose únicamente debilidades puntuales en la información suministrada.

Tras la fiscalización, el Tribunal de Cuentas formula, entre otras, las siguientes recomendaciones dirigidas al BE y al Gobierno:

El Banco de España debería:

-       Desarrollar, en colaboración con el BCE, los procedimientos para dotar con personal del BE a los equipos de inspección; concretando los perfiles profesionales y estableciendo planes de formación que faciliten su composición.

-       Mejorar el seguimiento del cumplimiento, por parte de las entidades, de los requerimientos y recomendaciones que formula el BE.

-       Insistir, en sus comunicaciones con las entidades, sobre la necesidad de mejorar la uniformidad y contenido de sus informes de autoevaluación de capital; así como de los procedimientos de evaluación de la idoneidad de sus altos cargos.

-       Continuar con la modernización de las herramientas informáticas que utiliza para la evaluación de la idoneidad de los altos cargos y para la supervisión de conducta de entidades.

El Gobierno debería cumplir las previsiones normativas sobre refuerzo del marco institucional de la supervisión macroprudencial y para la adaptación del nuevo régimen sancionador a las entidades distintas de las de crédito supervisadas por el BE.

El contenido del presente Informe (nº 1.207) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas, www.tcu.es


Más información

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

T. 91 592 09 95 / M. 649 275 686

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