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TRIBUNAL DE CUENTAS
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APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y EL CONTROL EFECTUADOS POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA CON MEDIOS AJENOS

14/12/15

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y EL CONTROL EFECTUADOS POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA CON MEDIOS AJENOS

 

Madrid, 11 de diciembre de 2015.- El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización sobre la gestión y el control efectuados por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos”. Además de fiscalizar a las Mutuas Colaboradas con la Seguridad Social –denominación actual de las entidades analizadas- y a los Centros Mancomunados, el informe ha fiscalizado a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), órgano directivo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, en su función de coordinación y tutela de las Mutuas y de los Centros Mancomunados. El ámbito temporal de esta fiscalización abarca el ejercicio 2013.

Entre los objetivos de esta fiscalización se encuentran los de verificar las actuaciones de coordinación y control que ha efectuado la DGOSS sobre las entidades que son objeto de fiscalización y analizar si los conciertos de asistencia formalizados con medios ajenos se han realizado conforme a los principios de eficiencia y economía y si han sido ejecutados cumpliendo los principios de buena gestión. Se ha revisado, asimismo, el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en el “Informe de Fiscalización sobre los procedimientos de contratación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”, aprobado el 26 de marzo de 2009, y de la Resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de 26 de mayo de 2009, referente a dicho Informe, en la que instó al Gobierno a adoptar determinadas medidas respecto a la gestión de la asistencia sanitaria concertada con medios ajenos.

De la fiscalización del Tribunal, se han derivado una serie de conclusiones relativas a diversos aspectos:

  • Al cumplimiento, por parte de las Mutuas, de la normativa en materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos.

En este sentido, el informe señala el incumplimiento de los requisitos que exige el Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, en materia de formalización de los conciertos de asistencia con medios ajenos privados; en particular, las condiciones que deben reunir las Mutuas para poder formalizar estos conciertos, los requisitos exigidos a las entidades concertadas y las condiciones económicas de los conciertos. Asimismo, se recoge el incumplimiento, por parte de la DGOSS, de las obligaciones que establecía el citado Real Decreto, ya que no ha verificado la consecución, por parte de las Mutuas, de los objetivos de eficacia y racionalización en la utilización de los recursos públicos y de calidad de la asistencia prestada, que están recogidos en esa norma.

Las propias Mutuas, como regla general, han hecho constar en el expediente de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos que la entidad con la que se concierta cumplía con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, sin que se hayan realizado comprobaciones adicionales tendentes a verificar la efectividad del cumplimiento de dichos requisitos.

  • A las actuaciones de coordinación y tutela de la DGOSS sobre las Mutuas, en materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos.

La fiscalización concluye, entre otros aspectos, que las funciones de coordinación y tutela se limitaban a la recepción, por parte de la DGOSS, de la información estadística procedente de las Mutuas, que ni comprobaba ni analizaba, y que no abarcaba la correspondiente a los dos Centros Mancomunados. De los 25 expedientes de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos remitidos, y que debían ser autorizados por la citada DGOSS, a 30 de octubre de 2014 solo habían sido resueltos tres, con un tiempo medio de resolución de 476 días, debido, entre otros motivos, a la falta de personal.

  • Al seguimiento del grado de cumplimiento de las recomendaciones de la antes citada Comisión Mixta y del Tribunal de Cuentas derivadas del anterior Informe de fiscalización.

El informe destaca cómo el Gobierno dio cumplimiento formal a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas mediante la aprobación del Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, en el que se recogieron la mayor parte de las recomendaciones señaladas en el anterior Informe aprobado por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, posteriormente no ha adoptado medida alguna para el desarrollo del citado Real Decreto y, concretamente, respecto a una serie de recomendaciones, como las de adecuar el régimen de incompatibilidades de los directivos de las Mutuas o para resolver la falta de vinculación de los proveedores de asistencia sanitaria con las propias Mutuas.

  • Sobre la formalización y ejecución de los conciertos de asistencia sanitaria con medios ajenos a determinadas Mutuas.

Con carácter general, el informe apunta que todas las Mutuas analizadas dan prioridad a la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos privados, contraviniendo lo previsto en el Real Decreto 1630/2011 que antepone la utilización de los recursos públicos a los privados. La fiscalización destaca, asimismo, cómo varias de las Mutuas analizadas no sometieron a licitación conciertos que estaban en vigor en 2013 pero que habían sido suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 30/2007,  de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, siendo aquellos adjudicados sin las garantías y requisitos legales exigibles en la actualidad. Esta situación, apunta el informe, no se corresponde con una gestión eficiente y económica, ya que los conciertos fueron adjudicados directamente y han estado vigentes durante un tiempo muy prolongado, a través de su renovación tácita anual.

El informe de fiscalización señala otras incidencias en relación a la formalización de los contratos, como el hecho de que algunas entidades formalizaron contratos de asistencia sanitaria con medios ajenos, sin justificar de forma específica la necesidad de los mismos, así como el mantenimiento de conciertos de asistencia con empresas que habían sido declaradas en concurso de acreedores o que no disponían de recursos humanos y materiales suficientes para el desempeño de la actividad concertada; e, incluso, con algunas con las que no se había formalizado concierto por considerar la Mutua que los servicios que estas empresas le prestaban eran puntuales, cuando tenían un carácter programado y recurrente.

Algunas Mutuas formalizaron conciertos a los que les confirieron la condición de contratos menores y adjudicaron de forma directa, sin aplicar el límite de cuantía de los 18.000 euros previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ni el límite temporal de un año y la imposibilidad de prórroga, establecidos en el artículo 23.3 del citado texto legal.

Otra de las incidencias detectadas en la fiscalización se refiere al abono de cantidades a tanto alzado realizada por las Mutuas, independientemente del número de asistencias sanitarias recibidas, lo que no garantiza que los pagos realizados correspondan realmente a los servicios prestados. Además, la adjudicación de estos conciertos fue antieconómica, ya que las Mutuas siempre pagaban una cantidad mínima aunque no se prestase el servicio, mientras que si se sobrepasara el umbral establecido en el concierto, las Mutuas pagaban los excesos a los precios acordados.

En su informe, el Tribunal de Cuentas formula una serie de recomendaciones dirigidas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la DGOSS, así como a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

En cuanto al primero, el Tribunal destaca que debería proceder al desarrollo del Real Decreto 1630/2011, teniendo en cuenta que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas no se han cumplido de manera suficiente por falta de dicho desarrollo normativo.

 

Las recomendaciones a la DGOSS se dirigen a que refuerce las funciones de coordinación y tutela efectiva sobre las Mutuas en materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos, así como a dictar aquellas normas que posibiliten que, en todos los conciertos que formalicen las Mutuas, se establezcan tarifas en función de la utilización individualizada que se realice por los servicios prestados y que guarden relación con los precios de mercado en el área geográfica de influencia.

 

En cuanto a las recomendaciones a las Mutuas, el informe apunta, entre otras:

  • Fomentar la suscripción de convenios de colaboración con las Administraciones públicas sanitarias, con el fin de que las prestaciones que precisen sus asegurados se efectúen prioritariamente con recursos sanitarios públicos.
  • Rescindir los actuales conciertos de asistencia sanitaria para formalizar otros nuevos que garanticen que su adjudicación esté sometida a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, recogidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
  • Comprobar la veracidad de los datos del volumen total de facturación declarada por las empresas con las que tiene formalizados sus conciertos, con el fin de verificar su solvencia financiera y, además, para garantizar que no se trata de empresas que hubieran sido creadas expresamente para concertar con una Mutua.
  • Regularizar la situación que mantienen las Mutuas con las empresas proveedoras de transporte sanitario y proceder a su concertación bajo la modalidad de contrato de gestión de servicios públicos, sometiendo su adjudicación a los procedimientos que corresponda según su cuantía, de forma que queden garantizados los mencionados principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación y que el concierto sea adjudicado al proveedor que presente la oferta económicamente más ventajosa.

 

El contenido íntegro de este Informe, que se ha elevado a las Cortes Generales, se encuentra publicado en la página web del Tribunal (www.tcu.es)

 

Más información

Marisol Gálvez

Directora de Comunicación

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