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TRIBUNAL DE CUENTAS
OFICINA DE PRENSA

APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, EJERCICIO 2012

10/02/15

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, EJERCICIO 2012 

  • Las 47 universidades públicas de enseñanza presencial analizadas contaban con 1.160.095 alumnos matriculados en titulaciones oficiales presenciales en el curso 2012/13 y las universidades no presenciales (UNED y Oberta de Cataluña) con 215.472 alumnos. El conjunto de universidades examinadas reconoció obligaciones, en 2012, por un importe de 9.219 millones de euros y derechos por 9.278 millones. El total de empleados públicos ascendió en ese año a 158.214, de los que 101.424 eran personal docente e investigador y 56.790 personal de administración y servicios
  • El informe destaca la necesidad de reforzar el control interno de las universidades y de ejercer un mayor control sobre las entidades dependientes o vinculadas a las mismas
  • Se recogen determinadas deficiencias en relación con aspectos contables y presupuestarios, como los relativos al remanente de tesorería, y se constata la falta de implantación de un sistema de contabilidad de costes, obligatorio legalmente a partir del curso 2015/16

Madrid, 9 de febrero de 2015. El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización de las universidades públicas, ejercicio 2012, realizado a instancia de las Cortes Generales. La fiscalización, cuyo antecedente es el Informe de las universidades públicas del ejercicio 2003, tenía por objeto el análisis de la gestión económico-financiera en relación con la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de las universidades; el examen de la organización administrativa y docente y de los sistemas de control interno existentes y la evaluación de la gestión de los recursos públicos encomendados, en especial en las áreas de docencia, investigación, personal y tesorería, así como de los criterios que permitan la llevanza de una contabilidad analítica que facilite una adecuada asignación de costes.

Del conjunto de universidades, tanto públicas como privadas, que conforman el Sistema Universitario Español (SUE) en el curso 2012-2013 y que alcanza un total de 79 universidades, se han fiscalizado 51 que corresponden a: 47 Universidades Públicas (UP) de carácter presencial, universidades no presenciales -Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Oberta de Cataluña (UOC)-, y universidades especiales como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Se ha constatado que las Comunidades Autónomas (CC.AA) con mayor peso específico en el Sistema Universitario Español son Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia.

En cuanto a los Órganos de Gobierno y representación, el tiempo transcurrido desde la promulgación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) ha puesto de relieve la necesidad de cambios dirigidos a una simplificación y reducción de los órganos colegiados, a una profesionalización y especialización en la toma de decisiones, de cambios en el proceso electivo que evite corporativismos y de una mayor transparencia en la gestión, su control y rendición de cuentas.

En los trabajos de fiscalización se ha detectado la existencia en 2012 de, al menos, 574 entidades dependientes o vinculadas a las UP, en su mayor parte fundaciones y sociedades, de las cuales 382 han de considerarse de carácter público, constatándose que, en la mayoría de los casos, las UP no tienen un inventario actualizado de los entes en los que participan con la documentación acreditativa adecuada de las aportaciones económicas o de los representantes de la universidad en los órganos de gobierno de dichos entes.

La creación de entidades instrumentales no siempre ha respondido a nuevas necesidades que deban atenderse o a la racionalización de la gestión, sino que responden, en ocasiones, a la deliberada huida de los controles internos o del control presupuestario y de gestión y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la gestión del personal, contratación y ejecución de inversiones y prestación de servicios públicos. Así, en el ámbito del control, se observan importantes deficiencias en estos entes instrumentales, al quedar exentos, en la mayoría de los supuestos, de cualquier control ejercido por las UP, siendo, en el mejor de los casos, objeto de un informe de auditoría de cuentas y sin que las cuentas de varias de esas entidades sean rendidas adecuadamente a los órganos de control externo. Además, en muchas ocasiones, y como consecuencia de la consideración de las entidades dependientes como privadas, se excluye al Consejo Social de su participación en la aprobación de los presupuestos de las mismas y de sus cuentas.

En cuanto al control interno, se señala que 8 de las 47 UP no contaban con unidades operativas de control interno. En las existentes, no obstante el incremento en las dotaciones de efectivos de personal, se pone de manifiesto que los recursos humanos que se destinan son insuficientes y la cualificación de los mismos no siempre resulta la apropiada para el desarrollo de sus funciones. Por otro lado, aunque con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria se han producido mejoras, se constata que la potestad organizativa de las UP no ha desarrollado normativamente un control interno que satisfaga plenamente las características que del mismo se reputan para la administración pública regional.

El conjunto de los créditos iniciales presupuestarios totales de las UP presenciales en 2012 alcanzó un total de 8.957 millones de euros, los cuales fueron objeto de modificaciones presupuestarias por 2.829 millones, lo que supone un porcentaje cercano al 32%. Las obligaciones reconocidas en este ejercicio suponen un total de 8.888 millones. Teniendo en cuenta el resto de universidades –no presenciales y especiales-, con los correspondientes gastos imputables a la UOC, el total de obligaciones reconocidas del conjunto del sector universitario público, incluido en el ámbito subjetivo de esta fiscalización, asciende a 9.219 millones de euros, mientras los derechos reconocidos e ingresos computables de todas ellas suman 9.278 millones.

Los gastos más relevantes han sido los de personal, que han supuesto en las UP presenciales el 61% del total de obligaciones reconocidas, mientras que por el lado de los ingresos, se constata el importante peso específico de la financiación pública a través de subvenciones y transferencias, que representan en las UP presenciales el 77% de los derechos reconocidos.

En cuanto a la situación económico–financiera de las UP, destaca la reducción paulatina de los excedentes de tesorería mantenidos en entidades de crédito junto con las inversiones financieras temporales en que se han materializado picos de tesorería, con decrecimientos en el periodo cercanos al 50%. Por su parte, el endeudamiento total del sector universitario analizado asciende a un total de 620 millones de euros, mientras que de la evolución agregada de las cuentas del resultado económico-patrimonial del conjunto de UP se observa que el ejercicio 2011 se sitúa como un punto de inflexión en el que si bien en los ejercicios anteriores el ahorro logrado se mostraba decreciente, pero positivo, en este y en 2012 se vuelven claramente negativos.

Por lo que respecta al remanente de tesorería se han observado casos en los que no se calcula el remanente afectado, errores en la operatoria y, recientemente, universidades con remanentes negativos sin que, en determinados casos, se hayan adoptado ninguno de los acuerdos señalados en la normativa, y otros en los se ha presentado un plan de déficit ante la imposibilidad de incorporar al presupuesto de 2013 la cantidad de los remanentes de tesorería negativos resultantes de la liquidación del ejercicio 2012.

De acuerdo con los datos suministrados por las UP, el conjunto de recursos humanos de que disponen las universidades (funcionarios y laborales), a 31 de diciembre de 2012 incluyendo las presenciales y especiales, asciende a 158.214 empleados públicos, de los que 101.424 son personal docente e Investigador (PDI) y 56.790 personal de administración y servicios (PAS). Los gastos totales por retribuciones de las UP presenciales se han incrementado entre 2008 y 2012 en un 9,94%, si bien debe destacarse que el aumento sería mucho mayor si se tiene en cuenta que en 2012 se produjo una disminución respecto al año anterior, como consecuencia básicamente de la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de los empleados públicos. Sin embargo, si bien el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público vino a establecer la reducción del conjunto de las retribuciones de todo el sector público del cinco por ciento, en términos anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010, con efectos de 1 de junio de 2010, ello no tuvo por efecto una disminución de los gastos de personal en los años 2010 y 2011 en su conjunto, sino que por el contrario se produjeron incrementos, lo que está relacionado con el aumento de efectivos que se produjo en 2010. Esta situación supuso un incumplimiento del objetivo de las reducciones previstas en la normativa dictada al efecto.

Hasta el año 2012, 36 UP y la UNED aplicaron planes de incentivación de la jubilación voluntaria anticipada del profesorado de los cuerpos docentes universitarios, que consistían en el abono de las cantidades que complementaban la pensión cobrada hasta el importe de lo que se recibiría en la universidad si se siguiera en activo, desde el momento en que se producía la jubilación anticipada y hasta los 70 años. En el año 2012 y como consecuencia de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas indicando la falta de cobertura legal de estos planes, se paralizó por parte de las UP la convocatoria de nuevos incentivos. A estos planes se acogieron al menos 3.828 empleados, habiendo dado lugar a unos pagos desde 2008 a 2012 de al menos 183 millones de euros, siendo la proyección de gastos a reconocer en los años siguientes, según estimaciones actuariales, de un total de 238 millones de euros.

Se incorpora en el informe un estudio sobre la actividad investigadora, actividad docente, financiación y costes de las UP, debiendo destacar el exceso de plazas ofertadas, especialmente significativo en las titulaciones de máster. Los alumnos matriculados en titulaciones oficiales en el curso 2012/13 en las 47 UP presenciales, de acuerdo con los datos suministrados, ascienden a un total de 1.160.095, con una evolución positiva del 5% en los cinco últimos cursos analizados. Del examen de los créditos impartidos por profesor equivalente a tiempo completo correspondientes al curso 2012/13, se aprecia en muchas de las ramas una carga docente inferior de media a los 24 créditos anuales, poniendo de manifiesto un cierto sobredimensionamiento del profesorado en relación con el número de alumnos existentes en esas ramas.

En relación con los costes, resulta destacable que ninguna de las universidades fiscalizadas había implantado un sistema de contabilidad analítica en el ejercicio 2012, aspecto que viene poniéndose de relieve desde el Informe de las UP correspondiente a 2003, existiendo únicamente, con mayor o menor grado de desarrollo, estudios preliminares tendentes a su futura concreción. Esta situación cobra especial relevancia por cuanto la implantación de un sistema de contabilidad analítica resulta imprescindible para cumplir con la obligación establecida por el RD-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, con un plazo que no debe superar el curso universitario 2015/16, estableciendo la necesidad de relacionar los ingresos por los precios públicos con los costes de la prestación del servicio.

Por lo que se refiere al apartado de recomendaciones, se significa entre otras la necesidad de realizar los cambios normativos precisos dirigidos a lograr una simplificación y reducción de los órganos colegiados, adoptar las medidas oportunas para realizar sin más dilación un inventario actualizado de las entidades dependientes y reforzar su control, analizar la creación en las UP de la figura del Interventor con unas características y cometidos similares a los del resto de entidades que cuentan con dicha figura, estrechar la colaboración entre todas las administraciones concurrentes en el sistema universitario público, a fin de proceder a una delimitación clara del sector público autonómico, y regular la aprobación de los presupuestos de las UP con las especialidades necesarias, haciendo coincidente el procedimiento final de aprobación de sus presupuestos con los de cada Comunidad Autónoma. Por último, se señala que sería deseable que, en la actualización de la normativa que desarrolla el régimen de dedicación de los cuerpos docentes universitarios, se tenga en cuenta que la excelencia aplicable a la investigación no se realice en detrimento de la excelencia docente, y que se proceda sin dilación a la implantación de un modelo de contabilidad analítica que asegure la homogeneidad en su aplicación a todas las Universidades Públicas.

El contenido íntegro de este Informe se encuentra publicado en la página web del Tribunal de Cuentas.

 

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Marisol Gálvez

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