Abril / junio de 2021


SALA DE JUSTICIA

RESOLUCIONES: DOS AUTOS Y UNA SENTENCIA

Entre las resoluciones dictadas por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas durante este periodo, cabe destacar, por los relevantes criterios doctrinales que aportan en el ámbito de la función contable, dos autos y una sentencia.

El primero de los Autos (nº 7/2021, de 21 de abril) se dicta por la Sala en relación con el recurso presentado por un presunto responsable contra la Providencia de embargo de bienes y derechos, de la delegada instructora.

El Auto se refiere a que, con posterioridad a la providencia de embargo dictada por la Unidad de Actuaciones Previas del Tribunal de Cuentas, el presunto responsable ofreció un bien inmueble para ser tenido en cuenta por la delegada instructora a efectos de determinar y seleccionar los bienes a embargar. Ante ello, la Sala argumenta que no puede pronunciarse sobre si las garantías ofrecidas por el presunto responsable son o no suficientes para que pueda considerarse cumplido el afianzamiento requerido, en la medida en que este pronunciamiento corresponde a la delegada instructora Considera que, si bien, debe ser tenido en cuenta a efectos de determinar los bienes a embargar, ese ofrecimiento posterior no invalida la providencia impugnada pues cuando dicha resolución se dictó no se había llevado a cabo ninguna actuación para dar cumplimiento al requerimiento de depósito o afianzamiento de la responsabilidad contable

Del mismo modo, ante el recurso presentado, al amparo de. Art. 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, contra las Actuaciones Previas (157/19) en relación con la forma de ejecución del embargo, la Sala señala, en su Auto  nº11/2021, de 21 de abril, que no es competencia de la misma determinar la forma en la que debe ejecutarse el embargo preventivo decretado por el delegado/a instructor/a en fase de actuaciones previas.

En su Sentencia nº 5/2021, de 23 de junio, respecto a la consideración de cuentadante[1], la Sala determina que las relaciones establecidas en la legislación contractual administrativa con empresarios y profesionales son ajenas a la estructura de la Administración y, por tanto, la responsabilidad contable en que se pueda incurrir vendrá dada por lo que se haya pactado en el contrato, así como en la legislación contractual administrativa aplicable a los contratos en que se fundamenten. Y no tendrá consideración de cuentadante si se acredita que no existía vínculo entre el demandado y el Ayuntamiento, ya fuera mediante una relación funcionarial, laboral, administrativo, o contractual.

En esta Sentencia, y en relación con la aplicación de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la prescripción en caso de daños continuados, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas entiende que la figura jurídica del delito continuado no puede ser aplicada en esta jurisdicción contable, ya que la regulación del delito continuado en el Código Penal se inserta dentro de las “reglas especiales para la aplicación de las penas”, esto es, en el marco de la regulación de la respuesta punitiva a los hechos delictivos, y no en el marco de la regulación de las consecuencias indemnizatorias de tales hechos. En este sentido, la Sala de Justicia recuerda que la prescripción de la responsabilidad contable se asemeja al régimen de la prescripción en el ámbito civil y no a la prescripción en materia tributaria o sancionadora.

La Sentencia tiene un voto concurrente, en el que se razona que la figura del alcance continuado de fondos públicos puede darse en algunos supuestos excepcionales enjuiciados por la jurisdicción contable, por lo que dicha argumentación no puede ser vetada de manera taxativa, sin admitir excepciones. Cabría darse esta posibilidad en aquellos supuestos en los que el saldo deudor injustificado de las cuentas, la falta de numerario o el desvío indebido de fondos públicos a privados sea consecuencia de un conjunto de acciones u omisiones conectadas entre sí, integrantes de una misma trama de gestión ilegal y generadoras, a través de una estrategia delimitada, continuada y única, del menoscabo periódico de un mismo patrimonio público. Sin embargo, la figura del alcance continuado no puede extenderse a casos en los que quien gestiona caudales o efectos públicos los perjudica de forma ilegal y dolosa o gravemente negligente, a través de operaciones distintas, que no forman parte de una trama o diseño fraudulento dirigido a una misma finalidad ilegal e injustificadamente lesiva.

 

[1] Persona que, como consecuencia de la administración y manejo de fondos públicos en sentido amplio (gestión de ingresos, realización de gastos, gestión del patrimonio de las entidades del sector público, intervención, custodia o utilización de bienes, caudales o efectos públicos…), y que lleva a cabo en la condición de autoridad, funcionario o empleado público, tiene la obligación de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas.