Julio/ septiembre de 2019


FISCALIZACIÓN: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES EN MEDIO AMBIENTE DE LOS AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES SIN OCEX

Este informe, sobre las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de 10.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ha sido realizado a iniciativa del Tribunal de Cuentas. La Institución incluyó esta fiscalización en su programa de actuaciones fiscalizadoras, como uno de los informes enmarcados en su compromiso con el análisis de las grandes políticas públicas, las referidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -en particular buen gobierno, igualdad y medio ambiente-, a la contratación y a las subvenciones, así como al seguimiento de recomendaciones y resoluciones. En concreto, el sometimiento de la actividad medioambiental, es uno de los principios recogidos en la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, desde 2015.

 La fiscalización se ha realizado sobre los 96 ayuntamientos de municipios de población superior a 10.000 habitantes de las comunidades autónomas sin OCEX propio, esto es, los de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla- La Mancha, Extremadura, la Rioja y la Región de Murcia. En cuanto al ámbito temporal de análisis, la fiscalización ha comprendido el ejercicio 2017 y hasta mayo de 2018, ambos inclusive. Todo ello, sin haber omitido aquellas comprobaciones y análisis referidos a ejercicios anteriores, con el fin de cumplir adecuadamente con los objetivos previstos.

Esta actividad fiscalizadora es de carácter horizontal, en tanto que ha tenido como objetivos: verificar la aprobación por los ayuntamientos de normas en materia medioambiental y a analizar de forma global las actuaciones llevadas a cabo en dicha materia y, de forma específica, en relación con las contaminaciones atmosférica, lumínica y acústica y a la recogida selectiva de residuos urbanos. También constituye una fiscalización operativa en la medida que se han realizado análisis de las medidas adoptadas y examinado la ejecución de los programas presupuestarios destinados a la protección y mejora del medio ambiente y de aquellos otros con posibles efectos en el mismo.

En cuanto a la actividad global de los ayuntamientos en materia medioambiental, la fiscalización han puesto de manifiesto que la protección del medioambiente es un tema sensible, por el que se interesan tanto las administraciones públicas como los distintos agentes sociales; pero que, sin embargo, las actuaciones llevadas a cabo por las entidades locales no son suficientes para responder a esta preocupación.

En este sentido, en relación con la planificación de políticas medioambientales, la fiscalización concluye que la adhesión a protocolos internacionales, por parte de las entidades locales, han sido en términos generales declaraciones de buenas intenciones; ya que, si bien los ayuntamientos suscribieron esas actuaciones, no llegaron a desarrollar ni siquiera las primeras fases de los mismos. Asimismo, según este informe, el número de técnicos especializados en esta materia eran insuficientes, como también lo era el desarrollo normativo realizado, en cuanto a los procedimientos de actuación, inspección y control, así como las sanciones en relación con estos supuestos.

En cuanto a las actuaciones en relación con las contaminaciones acústica, atmosférica, lumínica y con la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos.  En este punto, la principal conclusión de la fiscalización es que las actuaciones acometidas fueron muy heterogéneas, tanto por la naturaleza de los factores contaminantes como por la diversidad de las actuaciones que cada entidad emprendía sobre dichas causas.

Por todo ello, el Tribunal formula una serie de recomendaciones dirigidas a los responsables de las entidades locales que se orientan, en definitiva, a concienciar a las entidades locales para que establezcan como una prioridad resolver los problemas medioambientales y responder al reto del cambio climático de una forma coordinada, con todos los agentes sociales y administraciones implicadas, y asignando mayores recursos a las políticas medioambientales.